El Congreso de Perú peleará por mantener su funcionamiento ante las intenciones del presidente, Pedro Castillo, de disolverlo. Para ello, el Poder Legislativo presentará una tercera moción de vacancia contra el mandatario, justo antes de tener que aprobar el quinto gabinete que lidera la diputada del partido Perú Libre, Betssy Chávez, a quien la Fiscalía investiga debido a presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo, así como tráfico de influencias.
Este movimiento se percibe como la revancha del Legislativo frente a Castillo, quien como representante del Ejecutivo interpretó que la “declaración como inadmisible” que hizo el Congreso de Perú a la denominada “cuestión de confianza” que pidió en su momento el entonces primer ministro, Aníbal Torres, para aprobar el proyecto de ley 1704/2021-PE es una negación fáctica. Este documento que se desestimó pretendía derogar la legislación 31355, una norma que establece que todo referendo que implique una reforma constitucional debe lo debe aprobar primero el Legislativo.
Al tener este precedente, basándose solo en la interpretación de Castillo que ya es rechazada por abogados constitucionalistas, el parlamento estaría a un paso de ser disuelto si se le niega la confianza “por segunda vez” al gabinete, que ahora encabeza Chávez. Es, ante este escenario, que la vacancia presidencial entra en la agenda del Parlamento nuevamente.
«Si el Congreso aprueba la cuestión de confianza, esta ley queda derogada y el gabinete queda en su cargo. Si la rechaza, caería todo el gabinete de Torres», según el constitucionalista Omar Cairo.
Sin embargo, la primera vicepresidente del Congreso, la fujimorista Martha Moyano, afirma que esta «cuestión de confianza» que impulsó Torres es improcedente, porque trata sobre facultades que son exclusivas y excluyentes del Legislativo. Es decir, que percibir como «rechazo» la declinación del hemiciclo a la solicitud presentada por el actual ex primer ministro es una manipulación, porque la ley habilita a los primeros ministros solo para presentar las cuestiones de confianza por dos temas: nombramiento de un nuevo gabinete o cuando se trata de políticas de Estado en temas del Ejecutivo.
Castillo ignora o simplemente evade estas cuestiones que son, por demás, fundamentales y de esta forma trata de obligar al Congreso a aprobar a Chávez. En caso de que ocurriera lo contrario, el mandatario nacional tendría la facultad constitucional para disolver a la instancia, por acumular dos negativas de confianza.
¿La tercera es «la vencida»?
“La historia constitucional peruana ha demostrado que la moción de vacancia es una válvula escape ante una crisis política”, destacó Alejandro Rospigliosi, exjefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de Perú, en entrevista con PanAm Post, tras recordar que se aplicó a los expresidentes José de la Riva Agüero, Guillermo Billinghurst, Alberto Fujimori y Martín Vizcarra.
Al respecto, el también profesor de la Academia de la Magistratura, Escuela Oficial de Jueces y Fiscales en Perú cree que la moción de vacancia “ahora debería aplicarse con el presidente Castillo sustentada en la prolífica investigación de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, sobre los diferentes casos de corrupción en los que ha incurrido el mandatario”.
En su opinión, esta moción podría ser la definitiva, porque “de los 130 congresistas para vacar al presidente se necesitan 87 votos, una valla muy alta, teniendo en cuenta que son 13 bancadas parlamentaria. Sin embargo, los últimos actos del presidente de embestir al Congreso han hecho que tirios y troyanos, izquierda y derecha se unan para defender la institucionalidad del Congreso, evitar ser disueltos y perder su empleo”.
Señales claras
La señal del Congreso es clara: no está dispuesto a que el Ejecutivo le cierre las puertas. Si bien las dos mociones anteriores presentadas en noviembre y marzo fracasaron, el legislador no agrupado Edward Málaga anunció que esta semana presentará la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Por el momento augura éxito.
Asegura que esta vez, bancadas oficialistas votarían a favor para alcanzar los 87 votos necesarios para destituir al presidente. En su opinión, “hay un ánimo más favorable, hay congresistas incluso del oficialismo que han expresado su deseo de apoyar con sus votos, algunos quizás con las firmas”.
La suspensión de Castillo de sus funciones durante un año, mientras las investigaciones en su contra por presunta corrupción y tráfico de influencias avanzan, es otra opción que maneja el Congreso. Una posible suspensión sería posible sólo con una mayoría absoluta, que son 66 votos. “Se trata de matar o morir”, reconoce el diputado no agrupado Carlos Anderson en Perú 21.
Además, también está en curso la denuncia constitucional presentada contra Castillo por la diputada Patricia Chirinos, de Avanza País, su exjefe de gabinete y los ministros de su gestión, por interpretar de forma ilegal el rechazo de la confianza.
Un choque de trenes
«El presidente pretende interpretar la confianza por primera vez y pretende usar cualquier pedido al parlamento surrealista, irracional o no, como un pretexto para disolverlo. Es un choque de trenes, un choque de poderes donde o el Congreso vaca primero el presidente o el presidente disuelve primero el Congreso», indicó Rospigliosi.
También reconoce que es una “disyuntiva que tiene en medio a 33 millones de peruanos, quienes buscan salir adelante en la etapa post pandemia”. Asimismo, el abogado cuestiona que el Ejecutivo tenga sólo una ejecución de gasto de cada ministerio del 55 % a pocos días de culminar el año.