Perú vivió el miércoles horas de vértigo que terminaron con Pedro Castillo detenido por la noche en una base policial al este de Lima, acusado en flagrancia del delito de rebelión.
Pedro Castillo fue trasladado esposado de la Prefectura de Lima al penal de Barbadillo, ubicado en el distrito Ate. En este centro de reclusión se encuentra el ex presidente Alberto Fuijimori, quien fue condenado a 25 años de prisión.
Poco antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacar al presidente del poder en 16 meses, este denunció que era blanco de «un ataque sin cuartel» por parte del parlamento, anunció su disolución y un toque de queda, y dijo que gobernaría por decreto.
Sin embargo, las fuerzas armadas y la policía no lo apoyaron, y el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo.
Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
Tras la destitución, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, se apresuró a referirse a él como «expresidente» y estimó que los congresistas peruanos tomaron «medidas correctivas» de acuerdo con las reglas democráticas.
Países de toda la región, así como España, llamaron a respetar el Estado de derecho y la democracia en Perú.
La Unión Europea (UE), a través de su oficina en Lima, manifestó su apoyo a la «solución política, democrática y pacífica adoptada por las instituciones» peruanas, y llamo a «todos los sectores a un diálogo que asegure la estabilidad», según un comunicado.