“Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”. ¿Qué quiso decir con esto hace instantes Alberto Fernández? Que reculó y finalmente cumplirá con el fallo de la Corte, que instó a la Nación a devolverle los fondos de la coparticipación que le quitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con las problemáticas varias del Estado absolutamente quebrado, el presupuesto en ejecución y las limitaciones de emisión y deuda por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Fernández aclaró que la transferencia de los fondos se realizará, pero no en efectivo. Aclaró que será en el formato de los bonos TX31, que tienen vencimiento en 9 años. Se trata de uno de los papeles menos elegidos por el mercado. Sin embargo, el jefe de Estado (que al menos decidió abandonar el repudiado camino golpista y sedicioso que podía haberlo enviado a prisión), argumentó que esos títulos ya habían sido aceptados por el máximo tribunal en el pasado.
“Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, manifestó. Con el antecedente mencionado, es probable que la Corte, luego de su exitosa manifestación de fuerza ante el Ejecutivo, acepte el formato que propuso el mandatario.
Aunque se trate de un bochornoso arrepentimiento (mucho más auspicioso que la delirante senda golpista de la semana pasada), lo cierto es que fue una manifestación de sentido común y supervivencia. No solamente política, sino personal. Ni bien Fernández aseguró que no obedecería el fallo de la Corte, surgieron todo tipo de denuncias, no solamente vinculadas al lógico juicio político, sino también en el ámbito penal. Y las consecuencias del desacato a la CSJN no se iban a limitar al mandatario. También iban a afectar al ministro de Economía, Sergio Massa (que hizo silencio de tumba durante todo el proceso) y a los funcionarios del Banco Nación, encargados de la cuestión técnica de la transferencia de fondos. Uno puede imaginar que en el ámbito de los cuadros técnicos nadie quería quedar pegado a semejante estupidez.
Lógicamente, las reacciones de la oposición no tardaron en llegar. La exministra de Seguridad y precandidata a presidente Patricia Bullrich celebró la noticia como una victoria y aseguró que Fernández «no pudo romper el Estado de Derecho» en el país. También confirmó que suspendería la denuncia realizada por sedición. Por su parte, el diputado Ricardo López Murphy calificó al presidente como «el tipo más papelonero del país».