El partido de gobierno en el Consejo del Distrito de Columbia (DC) aprobó un proyecto de ley que permitirá a los no ciudadanos e ilegales sufragar en las elecciones locales, un precedente que puede abrir la puerta para que los agentes extranjeros emitan su voto y decidan políticamente en Estados Unidos.
Concejales demócratas en varias ciudades en Estados Unidos buscan aumentar su base de electores, otorgando el derecho al voto a los residentes no ciudadanos y a los indocumentados, amparados en leyes que aspiran poner fin a la norma constitucional que limita el sufragio a los ciudadanos estadounidenses. En la capital norteamericana, la ley B24-0300 o Ley de Derecho al voto de los Residentes Locales ya fue aprobada y se encuentra en la fase final de revisión para su publicación
El Consejo del Distrito de Columbia votó a favor de la ley que permite a los no ciudadanos, incluyendo a los ilegales, sufragar en las elecciones locales siempre que hayan residido en el Distrito de Columbia durante 30 días continuos.
El polémico instrumento legislativo podría autorizar a los empleados de las embajadas y consulados a sufragar en las elecciones de alcalde, concejales, fiscal general, miembros de la junta estatal de educación, comisionado asesor de barrio, así como iniciativas de referéndums, destituciones o referéndums de estatutos en una boleta de distrito, por ser residentes en Washington DC.
En la práctica, el derecho al voto se extendería a representantes de gobiernos hostiles o enemigos de los Estados Unidos [como China, Rusia e Irán] y todos aquellos que residan en la capital estadounidense por un mes consecutivo.
El B24-0300 o Ley de Derecho al Voto de los Residentes Locales fue aprobada por la mayoría demócrata que controla el concejo municipal capitalino, el 4 de noviembre de 2022 y fue remitida a la alcaldesa, Muriel Bowser para su firma el 21 de noviembre. La Ley A24-0640 fue publicada en de Registro del Distrito de Columbia el 2 de diciembre de 2022, en el libro Vol 69 y Folio 014601.
El 18 de octubre de 2022, el ayuntamiento aprobó con 12 votos a favor y uno en contra, que los extranjeros sufraguen en la capital estadounidense. Esto indica que al menos 800 mil no-ciudadanos que viven en Washington DC puedan participar en los comicios locales.
La única voz disidente en la votación fue la concejal (D) Mary Cheh, quien centró su crítica, no en la no ciudadanía o en la ilegalidad, sino en el poco tiempo de residencia que se exige aquellos a quienes se les otorga el beneficio del derecho al voto, es decir, solo deben residir en el Distrito de Columbia por 30 días.
Los críticos de la ley han advertido que —además del peligro que representa darle derechos a los no ciudadanos— la normativa costaría más de $3 millones a los contribuyentes, porque establece que las boletas de los ilegales y los no ciudadanos, deben ser diferentes a las usadas por los ciudadanos.
Cabe destacar que no es la primera vez que los demócratas buscan darle derecho al voto a los ilegales residentes en la capital estadounidense. En 2013, la actual alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser —cuando se desempeñaba como miembro del Concejo del Distrito 4— presentó un proyecto similar que no fue aprobado. Desde entonces, la iniciativa fue reintroducida en varias oportunidades. Los demócratas bregan en favor de esta causa con el argumento de que se debe permitir a los vecinos la participación en decisiones locales «ya que si pagan por los mismos servicios que los ciudadanos, entonces deben tener voz en las elecciones».
Los demócratas de Washington DC no son los únicos en promover el derecho al voto de los inmigrantes ilegales y a los no ciudadanos. Ya en la ciudad de Nueva York se aprobó una ley similar que permitía sufragar en las elecciones locales a los indocumentados y a los «dreamers». No obstante, la ley en la Gran Manzana fue anulada a mediados de este año por el juez de Distrito, Ralph Porzio, del Tribunal Supremo de Staten Island, quien basó su fallo en la violación de la XV Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que reserva el derecho al sufragio a los ciudadanos.
Es importante destacar que tanto la ciudad de Nueva York como la capital de EE. UU. fueron declaradas ciudades ‘santuario’. Las ciudades ‘santuario’ tienen leyes que protegen a las personas que violan las leyes federales que regulan la entrada al territorio norteamericano. En estos lugares, los ilegales pueden vivir sin ser detenidos ni deportados por las autoridades de inmigración, y en su gran mayoría, se hacen merecedores de las ayudas sociales del Gobierno por el solo hecho de escogerlas como su lugar de residencia. Las ayudas gubernamentales incluyen subsidios en vivienda, comida, salud, educación y dinero en efectivo. La mayoría de los ciudadanos norteamericanos no califican para este tipo de asistencia pública.
Por ser ciudades ‘santuario’, muchos inmigrantes que han entrado ilegalmente por la frontera sur de Estados Unidos han escogido a Washington DC y a Nueva York como sus lugares de residencia aprovechando las bondades que les ofrecen estas localidades. Durante el año 2022 la llegada masiva de personas ha colapsado las finanzas de los gobiernos de ambas ciudades.
Las propuestas de otorgar el derecho al voto a los no ciudadanos en procura de la lealtad al partido no son originales de los demócratas. Estos mecanismos han sido usados por gobiernos socialistas en América Latina. En Venezuela, por ejemplo, durante el régimen de Hugo Chávez se le otorgó la nacionalidad venezolana a 220 mil inmigrantes ilegales tan sólo dos meses antes de que tuviera lugar el referendo revocatorio en 2004, donde la mayoría de los venezolanos buscaba sacar a Chávez del poder.
Piden eliminar fondos federales
El 15 de diciembre de 2021, el senador por el estado de Florida, Marco Rubio, presentó un proyecto de ley con el cual busca prohibir el financiamiento federal a los estados y localidades estadounidenses que permiten a extranjeros votar en las elecciones.
“Es absurdo que estados de EE. UU. estén permitiendo a ciudadanos extranjeros votar”, advirtió Rubio al tiempo que agregó que “si los estados y las localidades permiten votar en las elecciones a quienes no son ciudadanos estadounidenses, dichos estados y localidades no deberían recibir dinero de los contribuyentes ciudadanos de EE. UU.”.
Los senadores Steve Daines (R-MT), Thom Tillis (R-NC), John Kennedy (R-LA), Rick Scott (R-FL) y James Lankford (R-OK) se unieron a Rubio para presentar esta legislación. El representante Jeff Duncan (R-SC) presentó una legislación complementaria en la Cámara de Representantes.
La Ley para proteger nuestra democracia, presentada por Rubio, busca prohibir que los fondos federales vayan a cualquier gobierno estatal o local que permita a los ciudadanos extranjeros votar en cualquier tipo de elecciones federales, estatales o locales. Igualmente, intenta que se imponga como requisito, tras la solicitud, aprobación y recepción de fondos federales, que el gobierno estatal o local certifique que no se permitió votar a ciudadanos extranjeros.
Este proyecto de ley no ha sido aprobado aún ni por el Senado ni por la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU.
Las barreras legales
La pregunta que surge luego de la aprobación de la Ley de Derecho al Voto de Residentes es: ¿El próximo paso de los legisladores locales será que los inmigrantes ilegales y los no ciudadanos puedan votar en las elecciones federales?
Por ahora, la Constitución de EE.UU. lo impide.
Sin embargo, las alertas no dejan de formularse y entre quienes advierten de esta posibilidad, se encuentra Ted Cruz, senador por Texas quien, al igual que Marco Rubio, presentó un proyecto de ley para evitar que el Concejo del Distrito de Columbia haga uso de fondos federales para que los no ciudadanos, entre ellos, los inmigrantes ilegales, sufraguen en las elecciones locales.
“Votar es un derecho y un privilegio que disfrutan los ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos. Es una responsabilidad que no debe ser tratada a la ligera y debe ser protegida”, destacó Cruz quien a la vez recordó que “los votantes deciden no sólo quién dirigirá nuestro país, nuestras ciudades y comunidades, sino también cómo deben gastarse nuestros impuestos y qué políticas debemos adoptar”.
Ted Cruz alertó de que el otorgamiento de este derecho a los ilegales y los no ciudadanos, “abre nuestro país a la influencia extranjera y permite que aquellos que violan abiertamente las leyes de EE. UU. o, incluso, trabajan para gobiernos extranjeros hostiles se aprovechen y dirijan nuestros recursos en contra de nuestra voluntad”.
Por su parte, el senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, anunció que presentará una resolución en el Congreso para impedir la participación de no ciudadanos e ilegales en las elecciones de Washington DC.
Es facultad de los miembros del Congreso bloquear proyectos de la legislatura aprobados por el alcalde, de acuerdo a lo estipulado por la la Ley de Autonomía de D.C. «Permitir que los inmigrantes ilegales voten es un insulto para todos los votantes en Estados Unidos (…) Todos los demócratas deberían dejar constancia de si apoyan esta loca política”, dijo Cotton.
No es la única barrera existente, pues la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes, aprobada por el Congreso en 1996, advierte que los no ciudadanos no pueden votar en las elecciones federales.
La aprobación de la Ley por parte de la legislatura de la capital de EE. UU. viene acompañada por una campaña —que cuenta con el apoyo de algunos medios de comunicación, influencers, Grupos de derechos civiles y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)— que busca descalificar cualquier advertencia dirigida a llamar la atención sobre las graves consecuencias que tiene el otorgar derecho al voto a los no ciudadanos y a los indocumentados.
El Washington Post alertó que esta ley permitiría que “empleados de las embajadas de los gobiernos que son abiertamente hostiles a los Estados Unidos emitan su voto”. Destaca que también podrían hacerlo “los estudiantes extranjeros que están cursando estudios en Washington DC durante un semestre”.
Por su parte, John Rivas, experto en Derechos sociales advirtió que iniciativas como la Ley de Derecho al voto de los Residentes ofrece la oportunidad para validar aquellas voces que señalan que los demócratas pretenden ampliar su base de votantes fieles, y concretar los beneficios electorales de la política de fronteras abiertas impuestas por la administración del presidente Joe Biden que ha permitido la entrada ilegal por la frontera sur del país a millones de inmigrantes.