La izquierda brasileña va por todo luego del asalto a los poderes públicos en Brasilia este 8 de enero. Y es que aún sin pruebas, señalan al expresidente Jair Bolsonaro como responsable. Por ello, bloquearon sus bienes y pidieron su extradición desde Estados Unidos. Además, el objetivo también pasa por censurarlo en las redes sociales. El exhorto recuerda lo que ocurrió con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la irrupción en el Capitolio por parte de un grupo de sus seguidores en enero de 2021.
El exmandatario estadounidense fue expulsado de las redes sociales por decisión de cada plataforma. Lo sentenciaron «debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia», cruzando así al terreno de la censura y dejando de lado el derecho a la libre expresión. A partir de allí, aumentó la cancelación de voces conservadoras. Aquel suceso guarda diferencias de formas con lo que hoy la izquierda planea para Bolsonaro, pero en esencia el fin es el mismo.
Sâmia Bonfim, diputada por el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), informó que hará el pedido al magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). La funcionaria basa su anuncio en un video donde el abogado Felipe Giménez menciona que el voto electrónico no es confiable y que Lula «no fue elegido por el pueblo brasileño». Pero antes de cualquier llamado de atención al presidente Bolsonaro por difundir el material, el propósito de la izquierda brasileña es claro: desterrar al líder de la derecha de las redes sociales.
“Será un pedido para aplicar la misma sanción que ya se aplicó a otros como [la diputada Carla] Zambelli, etc”, mencionó Bonfim, recordando otros casos de censura.
Policías sin derecho a manifestación
En noviembre del año pasado ya se hacía evidente que Luiz Inácio Lula da Silva desconfía de los militares. Por eso designó a un civil —José Múcio Monteiro— al frente de la cartera de Defensa. Pero tras las manifestaciones del 8 de enero, decidió ir ahora por los policías.
En consecuencia, así como la izquierda brasileña planea silenciar al presidente Jair Bolsonaro de las redes sociales; el nuevo mandatario planea hacer lo mismo con los funcionarios policiales en las calles. Para lograrlo, vetó un extracto de un proyecto de ley «que garantizaba el derecho a la manifestación política de los policías», informó CNN Brasil.
La medida había sido aprobada por el Congreso el año pasado y enviada para sanción presidencial, pero Lula da Silva dice que los integrantes de la seguridad pública «están constitucionalmente subordinados a los principios de jerarquía y disciplina». De esta manera, se garantiza que estos no sean un dolor de cabeza para el mandatario y su gestión, marcada desde el inicio por el rechazo de la mitad del electorado brasileño.
Silenciar las manifestaciones
En paralelo, Brasil amaneció con refuerzos de seguridad por un nuevo llamado a marchas este 11 de enero en 20 ciudades del país. Apenas comenzó a circular la convocatoria, Alexandre de Moraes emitió órdenes para prohibir el bloqueo de vías y carreteras en respuesta a un pedido de la Fiscalía General de la República.
Adicional a eso, se supo que 651 policías llegarían a Brasilia en los próximos días para formar un contingente de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública. Según Gazeta Brasil, 233 policías ya habían llegado este miércoles a la capital del país para «actuar en la vigilancia» de la Explanada de los ministerios, avenida donde están las sedes de los poderes públicos.
Pero Bolsonaro no es el único en la mira de la justicia brasileña al servicio del oficialismo. Su exministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, anunció que interrumpirá su estadía en EE. UU. para regresar a Brasil, ya que Alexandre de Moraes ordenó su detención.