La crisis en Perú sorprende cada día con los capítulos de incertidumbre que suma. Ahora, la fiscal general Patricia Benavides anunció el inicio de una investigación preliminar en contra de la presidente, Dina Boluarte; el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas que acechan a la nación. De acuerdo con el Código Penal peruano, el delito de genocidio contempla una pena de hasta 20 años de cárcel.
Según El Comercio, las pesquisas también incluirán al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Ángulo, y al extitular de la cartera del Interior, César Cervantes.
El periodo de la investigación por genocidio abarcará desde diciembre de 2022 hasta la fecha, y las indagaciones se concentrarán en las zonas epicentro de las manifestaciones: Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Diligencias en curso
La Fiscalía divulgó en su cuenta de Twitter que comenzó las diligencias para determinar presuntas responsabilidades del Ejecutivo, entre ellas, la recolección de imágenes de cámaras de videovigilancia, declaraciones de testigos y las necropsias de ley.
Con estas diligencias, el Ministerio Público espera identificar a los culpables de los 45 fallecidos y 800 heridos (alrededor de 500 civiles y 300 policías) reportados durante las protestas que desató la vacancia y detención del expresidente Pedro Castillo, quien permanece en prisión preventiva acusado de rebelión por intentar alterar el orden constitucional.
Al saldo también se agregan otros siete civiles muertos en accidentes de tránsito y hechos vinculados a los enfrentamientos y los bloqueos. Todos los casos estarán en el radar de la Fiscalía mientras investiga el presunto genocidio.
Dispuesta a cooperar
Boluarte está dispuesta a cooperar con la Fiscalía que investiga los sucesos ocurridos en la región aimara (pueblo amerindio) de Puno, ubicado en la frontera con Bolivia y a orillas del lago Titicaca, donde rige un paro indefinido desde el 4 de enero y hay enfrentamientos y saqueos a diario
La mandataria lo dejó claro al indicar que “saluda la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre de 2022″.
Hay tensión institucional. El genocidio es un delito castigado con una pena no menor de 20 años, según el artículo 319 del actual Código Penal peruano. En el país hay antecedentes de acusaciones por este delito. En agosto de 2020, el expresidente Martín Vizcarra fue denunciado penalmente por Liliana Humala, abogada y prima del exjefe de Estado, Ollanta Humala, por las 26.000 personas fallecidas y 500.000 contagiadas a causa del COVID-19.
Su querella formó parte del llamado «Vacunagate», un escándalo que protagonizó Vizcarra tras recibir una dosis de inmunización contra el coronavirus en secreto, junto a más de 400 funcionarios gubernamentales y familiares.
Preocupación por violencia
La defensora del pueblo, Eliana Revollar, consideró que “la violencia está llegando a niveles insospechados” y recalcó especialmente la «violencia extrema» contra la policía, mientras que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se declaró «muy preocupada por la escalada de violencia en Perú».
A pesar de la zozobra que domina al clima político en Perú, el Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial que lidera el premier Alberto Otárola. Con 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, el parlamento aprobó la continuidad de las funciones del tren Ejecutivo escogido por Dina Boluarte.