«La producción de drogas ilícitas sigue avivando la violencia. Seamos claros, todos los actos de violencia ya sean ataques contra la fuerza pública, comunidades indígenas o afrocolombianas, excombatientes, defensores de derechos humanos o ambientalistas, impiden el progreso y la paz». Así de tajante, Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidos reprochó a la delegación del presidente colombiano, Gustavo Petro, el aumento de los cultivos de coca, durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad.
Estupefactos quedaron la vicepresidente Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva después de escuchar a la alta diplomática estadounidense pedirles que los «obstáculos de la paz deben ser atendidos con urgencia”.
El mensaje está claro. El gobierno de Petro no puede aplazar más la erradicación forzosa de las plantaciones cuando el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reporta un incremento de 43 % del área sembrada con coca en el país, tras pasar de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 en 2021.
Si bien estos números se registraron durante la gestión de Iván Duque, el actual mandatario no muestra signos de mejorarlos. Al contrario, Petro ha abogado por acabar con la guerra contra las drogas y ha dado pasos para sepultar la posibilidad de retomar las polémicas fumigaciones aéreas con glifosato, suspendidas desde 2015, según quedó plasmado en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, en el que incluso minimizó los daños de la cocaína al afirmar que el petróleo y el carbón son más venenosos.
Colombia redujo meta de erradicación de cultivos
Según UNODC, de los 1.122 municipios que tiene Colombia, en 181 hay cultivos de coca, y en tan solo 12 se concentra la mitad de la coca. Tibú ocupa el primer lugar con cerca de 22.000 hectáreas. Incluso, los hallazgos también arrojan que la producción potencial de clorhidrato de cocaína también alcanzó su máximo histórico con 1.400 toneladas.
«Deben actuar para combatir la producción ilícita de drogas, reducir la violencia y asegurarse de que los grupos armados ilegales respondan», señaló Thomas-Greenfield.
Sin embargo, Petro parece indispuesto para actuar en este sentido, considerando que con la excusa de proteger las selvas de Colombia y salvar al planeta del cambio climático, defendió en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la cocaína a pesar de causar 24.775 muertes por sobredosis solo en Estados Unidos durante los últimos 12 meses registrados hasta abril de 2022 por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Para el mandatario colombiano, la coca es «una planta amazónica, una planta sagrada de los incas» que no se puede criminalizar. Tal vez por ello Colombia redujo 60 % su meta de erradicación de cultivos de coca para 2023, fijándola en apenas 20.000 hectáreas para este año, cuando en 2022 la meta era de 50.000 hectáreas.
El Cartel de Sinaloa en Colombia
Estados Unidos está en desacuerdo con Petro. Su advertencia por el auge de los cultivos de coca coincide con la confirmación del arribo a Colombia del Cartel de Sinaloa, dedicado a importar y distribuir grandes cantidades de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos.
El director de la Policía Antinarcóticos de Colombia, el coronel Edgar Cárdenas Vesga, admitió que hay «emisarios del Cartel de Sinaloa que hacen presencia en el departamento del Cauca, que realizan coordinaciones precisamente para el envío desde la producción y el envío de narcóticos hacia México y de allí hacia otros países, particularmente Estados Unidos y Europa».
Esta influencia ya es noticia. La Fuerza Naval del Pacífico colombiano interceptó un buque cuando navegaba a alta velocidad con más de 4,5 toneladas de alcaloides. Las imágenes de cámaras de alta resolución de aeronaves de la Fuerza Aérea detectaron la embarcación que tenía como destino final Centroamérica y, al parecer, pertenecía al grupo armado residual ‘Estructura 30 Rafael Aguilera’, el cual tiene nexos con el Cartel de Sinaloa en México.