Los balances sobre la inseguridad en Chile durante el mandato del presidente Gabriel Boric marcan lamentables hitos con el aumento de 50 % de los secuestros en el país, al pasar de 26 casos en 2021 a 46 en 2022. La data del incremento del delito forma parte del último informe de gestión operativa de Policía de Investigaciones (PDI), donde además creció el número de detenidos por esta causa de 22 a 75 en el mismo periodo.
El modus operandi está claro. Las víctimas son acechadas cerca de sus sitios de trabajo o en sus domicilios, intimidadas con armas de fuego y cortopunzantes y obligadas a abordar un vehículo para luego trasladarlas hasta sucursales bancarias o centros comerciales. Allí deben retirar dinero a cambio de su libertad.
Otros lo sufren distinto: son llevados a un lugar de cautiverio, desde donde contactan a familiares para extorsionarlos con el fin de obtener sumas más altas.
Un delito con mutación
«En los últimos años eran secuestros relacionados con organizaciones criminales, es decir, traficantes que secuestraban a traficantes pero eso ha ido mutando y hay un aumento de secuestros reales” admitió el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Luis Silva en la presentación de una “alerta” en la Cámara de Diputados por el auge del delito.
Hay preocupación porque “están secuestrando a pequeños comerciantes, principalmente detallistas del comercio menor de Santiago y algunas regiones, por el flujo de caja que tienen. No son montos millonarios pero tienen capacidad para entregarlo rápidamente”.
Las autoridades relacionan a la banda criminal venezolana “Tren de Aragua” que tiene operaciones en la Región Metropolitana, Valparaíso, Concepción, Osorno y Arica con el aumento de los secuestros en Chile a través de una de sus células – “Los gallegos de Caracas”, que quedó en evidencia después que una escucha telefónica a un narco local donde relató el secuestro de un traficante aliado que había sido torturado por la organización.
Más extranjeros involucrados
La incidencia de los extranjeros en los secuestros en Chile es una realidad. De hecho, por primera vez las estadísticas de detenciones de la policía divulgadas por La Tercera arrojan el arresto de 23 chilenos en 2022 como autores de un secuestro, mientras que, 53 extranjeros cayeron por el mismo delito, 44 de ellos corresponden a nacionalidad venezolana y los demás son colombianos.
Sin embargo, el problema es aún mayor considerando que los homicidios también se disparan en el gobierno de Boric tras las muertes violentas ascender de 726 a 960 representando un alza de 32%. Según la PDI el uso de armas de fuego prevaleció en 45,97% de los casos.
Boric reconoce los números desalentadores. Su promesa es impedir la “naturalización” del panorama. De su despacho salió un proyecto para aumentar las penas después de la divulgación de las cifras pero está fuera de la agenda legislativa.
Buscando ayuda internacional
En este momento, el delito de secuestro tiene una pena de tres años y un día a cinco años, que se agrava a diez años y un día hasta 20 años si el secuestro demora más de 15 días. En la iniciativa de Boric, la pena del secuestro comienza en cinco años y un día a 15 años si se extiende por más de 48 horas.
Sin un debate a corto plazo de la propuesta, el arribo de los representantes de los 27 países que forman parte de la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión (Cipse) para revisar los protocolos de acción de la PDI y demás instituciones relacionadas con la seguridad para adaptarlo y redefinirlos es una esperanza. Así quedó acordado en diciembre en el congreso de diciembre hecho en Medellín luego de Chile asumir la secretaria ejecutiva de la instancia desde donde espera contar con ayuda para enfrentar el “fenómeno trasnacional”.