Ya lo habíamos advertido a inicios de octubre de 2021, que la presencia de Evo Morales en Perú y la fuerte influencia que ejerce en el gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre, era cada vez cada vez mayor y más peligrosa.
Perú lleva más de dos semanas continuas de protestas a nivel nacional en contra de la presidenta Dina Boluarte, presuntamente iniciadas desde la porosa frontera Puno-Desaguadero, desplazada luego hacia Juliaca y luego a Arequipa hasta finalmente terminar organizando lo que ha venido a llamarse «la gran toma de Lima».
El panorama parece complicarse considerablemente debido a que las decenas de heridos y fallecidos -que ya suman 52- en distintos enfrentamientos con la policía y las FFAA han sido víctimas de disparos con armamento y municiones que no se utilizan allá, y que habrían ingresado al país desde Bolivia. Esto es algo que ha dicho el propio ministro de gobierno peruano. Por el momento se están realizando investigaciones.
Hasta el momento, los servicios de inteligencia peruanos han observado que entre los cabecillas de las protestas peruanas se encuentran dirigentes políticos bolivianos exigiendo la destitución de la presidenta Dina Boluarte, el llamado a un proceso de Asamblea Constituyente y la fundación del “Perú Plurinacional”, una receta aplicada por la izquierda extrema del Socialismo del Siglo XXI y con la que se ha extendido por toda América Latina, donde Chile y Colombia ocupan sus últimas plazas.
Igualmente, una de las maneras con las que Morales y decenas de sus colaboradores en el Movimiento al Socialismo (MAS), han justificado su presencia recurrente en Puno, ha sido el vínculo con Paulino Machaca Ari, Rector de la Universidad Nacional del Altiplano, y Félix Huanca Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma institución, quienes los han invitado en numerosas oportunidades, entre ellas para otorgar el reconocimiento de Doctor Honoris Causa al jefe cocalero del trópico cochabambino y convocar una próxima cumbre de la Runasur cerca de la frontera con Bolivia “para articular una América Plurinacional”.
Pero no sólo eso, aunque en absoluto constituya sorpresa alguna, las autoridades peruanas competentes han encontrado que las manifestaciones violentas azuzadas por Morales y miembros del MAS tienen vínculos con lo que queda del grupo terrorista Sendero Luminoso. Primero a través de Vladimir Cerrón, y luego por medio de sus miembros remanentes: Íber Maraví Olarte, involucrado en hechos terroristas a inicios de los años 80, y ex ministro de Trabajo de Pedro Castillo, que fue captado azuzando las marchas en Ayacucho; y Rocío Leandro Guzmán, la “camarada Cusi”, quien también fue parte de distintos atentados terroristas en los 80 y 90, y quien es acusada hoy de financiar las caravanas de manifestantes que pretenden llegar hasta Lima para derrocar a Boluarte.
En el entretanto, legisladores peruanos reclaman que su país “debe hacerse respetar” con Bolivia, sobre todo con Evo Morales y los Ponchos Rojos, sus colaboradores y equipo de avanzada que estaría azuzando e incluso llamando abiertamente a la insurrección por medio de las protestas violentas que buscan desestabilizar ya no sólo el vecino país, sino la región, que incluye también el norte chileno.
Mientras legisladores peruanos han sostenido que «Perú no necesita de Bolivia tanto como Bolivia de Perú», la diputada chilena Chiara Barchiesi ha responsabilizado a Morales por el fallecimiento de ciudadanos peruanos, y además ha desafiado a investigar a Morales si acaso también es responsable por la inestabilidad permanente en la Araucanía.
En definitiva, los gobiernos democráticos y defensores de las libertades individuales están llamados a constatar la realidad objetiva y reconocer de una vez la verdad de lo que está sucediendo en la región, para actuar en consecuencia por medio de cuanto mecanismo institucional encuentren aplicar. En caso contrario, los siguientes en ser sometidos serán ellos para replicar una nueva Cuba y una nueva Venezuela.