LA PAZ — Luis Fernando Camacho usaba jeans, tenis y gorra en sus recorridos como gobernador. El opositor boliviano ha agregado ahora a su atuendo una chaqueta para el frío del altiplano donde cumple prisión preventiva por cargos de presunto terrorismo. Tiene en su historial el liderazgo de fuertes protestas contra el régimen de Luis Arce y del mentor de éste, el expresidente Evo Morales en 2019.
El régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS, de Evo Morales) busca eliminar de la arena política a Camacho.
Aunque en el occidente del país no cosecha la misma simpatía que en su natal Santa Cruz, la provincia más rica de Bolivia, la región agrícola se ha levantado en protesta por su detención en diciembre.
En 2021 fue elegido gobernador de Santa Cruz con un 55%. El abogado y político de derecha, de 43 años, volvió a los titulares al ser detenido el 28 de diciembre. La reacción llenó las calles de la provincia, bastión de la oposición, con violentas manifestaciones en la que se quemaron 44 vehículos y 20 instituciones, entre ellos la sede local de la Fiscalía.
Este jueves una jueza ratificó la prisión preventiva de cuatro meses para Camacho, pese a la petición de sus abogados de que pueda defenderse en libertad y a la solicitud de sus denunciantes -entre ellos, la Procuraduría del Estado y el ministerio de Gobierno- de que se ampliara a seis meses.
Después de tres semanas de protestas por su encarcelamiento, el miércoles miembros de la oposición finalmente levantaron los bloqueos de carreteras y ahora Bolivia comenzará a recuperarse del impacto en la provisión de alimentos, que afectó principalmente a La Paz
Sus seguidores han denunciado que fue secuestrado a lo que el régimen respondió asegurando el total respeto a sus derechos procesales, algo poco creíble porque archivó los juicios contra Evo Morales, responsable del fraude electoral de octubre de 2019, cuando se adjudicó el «triunfo», lo que provocó protestas en el país y una treintena de muertes. Los juicio contra Morales por presunto abuso sexual contra menores, también fueron archivados por la dictadura del MAS.
Camacho emergió a la política desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz, una entidad que aglutina empresarios agrarios, cooperativas, entre otros. Sus diferentes líderes fueron un dolor de cabeza para Morales en su etapa presidencial.
De hecho, Camacho viene de una familia de empresarios y estudió para abogado en la universidad privada de Santa Cruz (UPSA). Obtuvo una maestría en Derecho Financiero y Derecho Tributario en la Universidad de Barcelona en España y su padre, José Luís Camacho, fue presidente del mismo Comité Civico en 1981-1983. Como Camacho, su padre también es investigado por la justicia por el mismo caso.
Tiene tres hijos que admiran su firmeza y cómo escucha los problemas de la gente. Es amante del campo verde y del “espíritu emprendedor y alegre de Santa Cruz”, dijo su hijo mayor, Luis Fernando Camacho Parada, quien ha sido la cara más visible después de la detención de su padre. Sus otros hermanos mantienen un perfil bajo.
“Él ama el modo de ser sencillo, abierto y hospitalario de la gente de Santa Cruz. Y por eso ama ésta Santa Cruz poblada por personas de todo el país y de todo el mundo”, presumió el hijo.
Aunque no todos tienen una buena imagen del político. A Juana Viale, una vendedora del mercado popular de Villa Fátima en La Paz, le parece “un malcriado”. A ella no le gusta Camacho y no se siente representada. Dice que solo piensa en su región, pero también discrepa con que en el país no se garantice los derechos de todos los bolivianos.
Para Pablo Vaca, otro ciudadano de a pie de los que Camacho dice dar voz, es innegociable que haya un proceso justo. “Si no es culpable, que lo liberen”, defendió. Él fue uno de los manifestantes que salió en su defensa en una de las concentraciones en Santa Cruz.
Como opositor, Camacho ha encajado también derrotas políticas como cuando enfrentó en las urnas en 2020 al actual presidente Arce y quedó en tercer lugar. No logró unir a la oposición frente al Movimiento Al Socialismo de Morales, contra el que todos hacían oposición. Arce ganó los comicios con el 55% y ya entonces acusaba a Camacho de destruir la institucionalidad, pese a que el líder opositor no tenía el poder para eso.
“Celebro que (Camacho) haya elegido el camino democrático y no se dedique a hacer golpes de Estado financiado quién sabe con qué dinero», arremetió Arce en plena campaña presidencial de 2020, apostillando que el opositor «lamentablemente destruye la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía boliviana”.
La izquierda que gobierna en países de la región llaman de manera uniforme a la oposición «golpistas», todo reclamo político lo atribuyen a un «golpe de Estado», con lo que enjuician y encarcelan a sus adversarios políticos, utilizando la justicia como herramienta represiva.
La alianza Creemos, que encabeza el gobernador, es la segunda fuerza de oposición en la Asamblea Legislativa y en el último tiempo ha pasado a convertirse en el principal grupo opositor al presidente boliviano.
Semanas antes de toparse con la justicia, encabezó justo con dirigentes cívicos una huelga de 36 días para exigir que el censo de población se haga en 2023 de tal forma que su región pueda tener más peso político en las decisiones del país.
Lo que llevó a miles a salir a protestar exigiendo su libertad, sirvió a la par al gobierno de Arce para acusarle de representar los intereses de poderosos grupos de la derecha que quieren desestabilizar al país.
“Camacho es el opositor más visible que hay y ha logrado una gobernación», repasa Paul Coca, analista político y abogado. “Y ahora está preso… Este es un mensaje para tratar de anular a la oposición”, reflexiona. No obstante, admite Coca, Bolivia adolece de una oposición unida; hay varios líderes. “Lo que quiere el gobierno es mantener el poder y exterminar a la oposición”, agregó.
A Camacho le interesa que Bolivia tienda hacia un sistema federal -más que un Estado centralista- y aboga por un “nuevo modelo de Estado» que encaje «para desarrollar nuestras regiones”. Así lo dejó escrito en una carta desde su celda, desde donde ejerce su función de gobernador.
El gobierno pidió inicialmente un reemplazo para su cargo, pero desistió ante la avalancha irrefrenable de las protestas. Camacho denunció en la misma carta que era un perseguido político y aseguró que el proceso judicial en su contra es mero “revanchismo”.
En 2019 era conocido como “macho Camacho”, porque le dio un plazo de 24 horas a Evo Morales para renunciar con una carta que él mismo escribió y llevó a Palacio de Gobierno como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.
“Con la biblia, el rosario y la carta de renuncia en la mano, nos encomendamos a Dios por una nueva y reestructurada Bolivia en democracia”, dijo en ese entonces.
Las masivas protestas obligaron a dimitir a Morales que recibió un diagnóstico contrario de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre unas elecciones fallidas calificadas de fraudulentas. Morales que reformó la Constitución para reelegirse buscaba un cuarto mandato consecutivo en esos comicios y terminó renunciando al cargo.
Asumió la presidencia de forma interina, Jeanine Áñez, tras unas conflictivas jornadas que dejaron 37 fallecidos y cuya factura penal recae hoy en Camacho.
Aquella hazaña lo ha llevado al banquillo de acusados y a una celda fría en Chonchocoro, el penal de máxima seguridad del altiplano, donde recibe atención médica para sus problemas de salud. El gobierno aseguró que su condición era estable y que recibe atención médica oportuna en el centro penitenciario.
Las protestas por su detención, masivas en Santa Cruz, se han levantado poco a poco en otras partes hasta cosechar apoyo en las capitales de las nueve regiones del país. Aunque nunca con el mismo volumen del de su provincia de origen.
«Creo que mi padre debe seguir hablando con todo el país sobre la defensa de la democracia, porque esa causa es la causa que nos une a los bolivianos más allá de cualquier diferencia», valora su hijo. En contraste, el analista Paul Coca habla de una evidente “polarización” social.
Así como hay manifestaciones a su favor, también cosecha indignación en su contra. Sectores afines y motivamos por el régimen del MAS se han movilizado hasta las puertas del penal, en diferentes días, para pedir que sea condenado a 30 años de cárcel.