MIAMI:- El programa de parole humanitario implementado por la administración Biden se mantendrá en pleno funcionamiento, a pesar de los rumores que se suscitaron de la demanda interpuesta por 20 estados de EEUU, al menos hasta el 25 de abril, cuando un tribunal federal de Texas discuta los argumentos de una demanda presentada en su contra por 20 estados republicanos.
Según una orden del Tribunal del Distrito Sur de Texas la demanda de los fiscales estatales para suspender la iniciativa de parole humanitario tendrá una audiencia inicial el próximo 25 de abril, a las 2 p.m., ante el juez federal Drew B. Tipton, nombrado por el presidente Donald Trump en febrero de 2020, y que debe determinar si detiene temporalmente el programa hasta tanto no se produzca una decisión firme sobre la demanda.
Sin embargo, cualquier decisión no debe anular los casos que han sido aprobados o están en proceso para recibir el parole, sino que cerraría las solicitudes a partir del momento del dictamen judicial.
Los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming, firmaron el documento.
Los fiscales generales estatales han reaccionado así al anuncio de comienzos de este mes del Gobierno de Biden de aceptar a 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, ampliando así un programa que ya existía para los venezolanos desde octubre de 2022.
Entre los demandados aparecen Alejandro Mayorkas, secretario del DHS; Ur Jaddou, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS); Troy Miller, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); y Tae Johnson, director de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
«El poder del parole del DHS es excepcionalmente limitado, ya que ha sido restringido por el Congreso en múltiples ocasiones, y solo puede utilizarse solo en caso por caso por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo», señala el texto.
A pesar de las restricciones, los estados republicanos firmantes aducen que «el plan del DHS permite que extranjeros en sus países de origen puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no haya otra base legal para que ello».
Los reclamos fundamentales de la demanda como solicitud de reparación son:
Suspender, posponer o prohibir preliminarmente la implementación del programa de parole.
Tras un juicio sobre el asunto, se decrete que el programa de parole fue emitido en violación del debido proceso administrativo y, por lo tanto, debe anularse o, como alternativa, prohibir permanentemente que los demandados puedan implementarlo.
Declarar que el programa de parole excede la autoridad estatutaria de los demandados para emitirlo.
Conceder a los Estados Demandantes los honorarios de sus abogados y las costos judiciales.
Otorgar a los Estados demandantes todas las demás reparaciones a las que puedan tener derecho.