Ecuador fue denominado el país menos seguro de América, según la encuestadora Gallup, debido a la escalada de violencia de pandillas, narcotráfico y disturbios civiles en 2022. Para combatir la criminalidad y rectificar el sistema judicial, el presidente Guillermo Lasso propuso un referendo constitucional, que se celebrará el próximo 5 de febrero. Esta medida pretende abordar diversos tópicos en ocho preguntas relacionadas con la administración de justicia, el poder Legislativo, el tema electoral, entre otros.
El proceso comicial se celebrará a la par de las elecciones a prefecto, alcaldes, así como también concejales. A profundidad, aspectos que han sido objeto de cuestionamientos, está en la cantidad de poder y autonomía que se le da a Fiscalía. De la misma forma, se promueve votar de forma afirmativa a permitir las extradiciones de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, al igual que exija a los movimientos políticos en Ecuador una mayor transparencia, a través auditorías periódicas hechas por el Consejo Nacional Electoral.
Además, el referendo incluye una reforma en la forma de elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la protección de recursos hídricos y la compensación para quienes protejan el medio ambiente.
«Les atemoriza a muchos políticos»
PanAm Post se comunicó con el legislador Jorge Pinto para conocer mejor el referendo de Ecuador y la importancia de participación ciudadana. Asegura que la Constitución actual del Ecuador, instaurada en el 2008 durante la revolución socialista del siglo XXI, es garantista para los delincuentes. Debido a ello, este proceso de votación busca rectificar las falencias o vacíos que existan en torno a la aplicación de las leyes, sobre todo en cuanto a la extradición de traficantes de drogas y de personas.
Asimismo, llama a votar a favor de reducir el número de legisladores. Cada uno le cuesta a los ecuatorianos más de 16.000 dólares al mes, un cuarto corresponde a su sueldo, luego asesores y viáticos. Basta comparar con el sueldo mínimo que ascendió en este gobierno a 450 dólares al mes.
Pinto asegura que el referendo «les atemoriza a muchos políticos», pues «ya no podrán meter la mano en la justicia» y muchos se verán juzgados por sus nexos al crimen organizado.