Si el presidente de Bolivia, Luis Arce, en los próximos 30 días niega la aprobación de una amnistía a los presos políticos comenzará la convocatoria para un referendo revocatorio en su contra.
El plazo para ejecutar la medida lo estableció el Comité Cívico regional de Santa Cruz –un influyente conglomerado civil-empresarial– que rechaza la detención del gobernador de este departamento, Luis Fernando Camacho, apresado desde diciembre por supuestamente haber impulsado actos de «terrorismo» para presionar la salida del exjefe de Estado, Evo Morales, en 2019, quien en este momento es cuestionado por incitar las protestas de Perú.
La solicitud de otorgar la libertad a Camacho también la comparten en otras localidades como La Paz, Oruro (oeste), Potosí (suroeste), Cochabamba (centro) y Sucre (sureste), donde se organizan cabildos por la «defensa de la democracia», la reforma de la Justicia y la libertad de «presos políticos».
Para enfrentar el abuso de poder
La oposición denuncia que desde el ascenso al poder de Arce, en noviembre de 2020, la cifra de detenidos por presuntamente participar en manifestaciones contra el mandatario asciende a 180, entre civiles, policías y militares.
Frente a este escenario, exigen a la Asamblea regional, dominada por el partido Creemos, de Camacho, una ley para conformar una Guardia Departamental, que reemplace a la policía por ser esta una institución que responde a las directrices del Poder Ejecutivo.
Para avanzar en la posible gestión del referendo contra Arce si incumple la petición, la Iglesia católica, abogados y voluntarios bolivianos ya emprendieron una campaña de recolección de firmas.
Con la consigna «¡Basta!, Yo firmo», los promotores de la propuesta buscan sumar respaldos. «Es tiempo de que todos los bolivianos formen parte de esta cruzada para reformar esta justicia», afirma Juan del Granado, abogado y exalcalde de La Paz, mientras que el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, monseñor Ricardo Centellas, explicó que desde la Iglesia católica se «está apoyando para que se pueda hacer el referendo en Bolivia y se llegue a hacer realidad la transformación de la justicia».
Una derecho constitucional
La convocatoria a un referendo revocatorio contra Luis Arce está reconocida en la Constitución de 2009, y su ejercicio se reguló en la Ley del Régimen Electoral aprobado en 2010.
Dos años después de definir el marco legal, en el país se registraron «una treintena de iniciativas», pero en ningún caso se cumplieron los requisitos.
¿Qué lo impidió en aquel momento? Las barreras incluidas en la norma para el ejercicio de este derecho. La principal es el elevado número de firmas requerido para una iniciativa popular: 25 % del padrón correspondiente para autoridades nacionales, departamentales o regionales y 30 % del padrón en el ámbito municipal.