CARACAS.- En medio de la visita que realiza a Venezuela el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk, la ONG Cofavic denunció que en los últimos 10 años se han documentado 14.296 presuntas ejecuciones extradiciales por parte de los organismos de seguridad del Estado.
En una carta enviada a Türk, Cofavic indicó que en promedio han ocurrido unas 1.400 muertes anuales en Venezuela a causa de las presuntas «ejecuciones extradiciales» ocurridas durante el «despliegue de operativos de seguridad ciudadana, practicados especialmente en zonas urbanas muy vulnerables, durante los cuales se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos».
En agosto de 2022, varias organizaciones de derechos humanos denunciaron 1.414 «ejecuciones extrajudiciales» en el país en 2021. Esta cifra representó una caída del 50 % respecto al número registrado en 2020, pero la ONG Centro de Acción Social de la Compañía de Jesús (Centro Gumilla) alertó que sigue siendo una «cifra alarmante y letal», según el padre Alfredo Infante, vocero de la institución.
En 2020, el Centro Gumilla y otra ONG, Provea, contabilizaron 3,034 «ejecuciones extrajudiciales». Marino Alvarado, coordinador de Provea, dijo que estos números «reflejan la alta letalidad con la que siguen actuando organismos policiales y militares», en un país de 30 millones de habitantes.
Impunidad
Cofavic también denunció en su carta que en Venezuela hay un «altísimo índice de impunidad revelado por fuentes oficiales». Del total de casos de presuntas «ejecuciones extrajudiciales» que fueron investigados entre 2017 y 2021, solo en el 16 % de ellos se tuvo una sentencia condenatoria.
La ONG alertó, además, que entre los meses de abril y septiembre de 2022, por orden del régimen de Nicolás Maduro, se puso en práctica una política de seguridad ciudadana denominada Trueno, en la cual fueron asesinadas 33 personas y detenidas más de 130.
Cofavic pidió al alto comisionado tener una «posición activa en el monitoreo de las violaciones de los derechos humanos y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la materia».
Asimismo, la ONG solicitó al alto comisionado de la ONU que sean fortalecidas las labores de su equipo en Venezuela, «particularmente mediante el robustecimientos de sus funciones de observación».
Adicionalmente, pidieron que la oficina del alto comisionado amplíe la cooperación técnica con las ONG en Venezuela.