Los venezolanos siguen en crisis, una crisis humanitaria sin precedente en la región. El sueldo mínimo, por el que miles de profesionales salieron en días pasados a manifestarse, sigue siendo el más bajo de toda Latinoamérica. Los 130 bolívares que se pagan mensualmente en Venezuela, que equivale a $6.14, no están ni cerca de los 3.30$ diarios que sugiere el Banco Mundial para no considerar que la persona está en pobreza extrema.
Aun ante esta situación, el gobierno de España eliminaría las residencias humanitarias para venezolanos tras la reconciliación de Pedro Sánchez y Nicolás Maduro Moros.
España y Venezuela limitaron relaciones hace más de dos años, debido a que el gobierno de Sánchez se unió al medio centenar de países que respaldaron al opositor Juan Guaidó, que en 2019 asumió como presidente interino invocando entonces su condición de jefe del Parlamento, luego de que la reelección de Maduro en 2018 fuera calificada de fraudulenta.
A fines de diciembre de 2020 el gobierno español removió a su embajador en Caracas de la época, Jesús Silva, sin nombrar a un sucesor.
Silva había sido acusado por la dictadura de Maduro de facilitar la salida a España a Leopoldo López, del ala radical de la oposición venezolana.
Maduro entonces también criticó con dureza al presidente de España, Pedro Sánchez, que se reunió en Madrid con López. Expresó que el mandatario español estaba “bastante desinformado de Venezuela”.
Ahora tras volver a retomar la relaciones diplomáticas, según un reporte del portal español Moncloa, que cita una fuente de manera extraoficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y ésta señala que uno de los puntos claves de la reconciliación entre el gobierno y la tiranía fue la petición del régimen venezolano de eliminar esta residencia, debido a que al llamarse “residencia por razones humanitarias” suena a que en Venezuela todavía persiste la crisis y que por lo tanto afecta la imagen de Nicolás Maduro en el ámbito internacional.
De los más de 7 millones de venezolanos que han salido de su país por la crisis política, social y humanitaria, se estima que 600.000 emigraron a España y 113.000 están legalmente en el país ibérico gracias a la “residencia humanitaria”.
Esta cantidad de venezolanos hace a España el país que ha albergado a más venezolanos en Europa. A partir de 2017, cuando se agudizó la crisis en Venezuela, los ciudadanos de ese país se han convertido en la población migrante que más ha crecido en la nación europea.
La petición de la dictadura de cesar este tipo de residencia para los inmigrantes venezolanos se dio, según la fuente citada por el portal español Moncloa, tras la reunión del ministro José Manuel Albares con su homólogo venezolano, Carlos Faría, en septiembre, en el marco de la asamblea anual de las Naciones Unidas, en Nueva York.
Mientras el ciudadano venezolano sufre y sobrevive con un mísero salario y se ve expuesto a falta de servicios básicos y atención médica, el régimen de Maduro recibió este martes en Caracas las credenciales del diplomático Ramón Santos Martínez como nuevo embajador de España en Venezuela, cargo vacante desde 2020 por las tensiones diplomáticas surgidas entre el país europeo y el régimen de Nicolás Maduro.
Santos Martínez ocupaba desde noviembre de 2021 el puesto de encargado de Negocios en Venezuela, la más alta representación diplomática en el país desde que quedó vacante el cargo de embajador.
España recientemente le dio el beneplácito a Coromoto Godoy como embajadora de Venezuela en Madrid.
La propaganda de la dictadura venezolana está enfocada en vender la imagen de que en Venezuela hay una recuperación económica y que la crisis humanitaria culminó, por lo que puso sobre la mesa la necesidad de limitar al mínimo la concesión de las residencias por razones humanitarias; condición que ha sido aceptada por el Gobierno español y que en este momento está en estudio, pues las autoridades saben que los venezolanos continúan llegando al país con la intención de solicitar protección internacional (asilo).
Según el portal Monclova, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España tiene más clara la necesidad de comenzar a buscar una alternativa para que los venezolanos que continúan llegando al país no se queden en situación irregular y es por ello que todavía no han contemplado una fecha precisa para culminar con la concesión de las residencias por razones humanitarias, pero saben que 2023 será el año en el que las condiciones para los migrantes venezolanos tienen que cambiar.
Una de las razones principales, es porque saben que la mayoría de los venezolanos que están en el país y que pueden participar en las elecciones, son potenciales votantes contrarios al PSOE, debido a la afinidad ideológica de Pedro Sánchez con el régimen de Nicolás Maduro y por ello, tampoco les conviene que en un año electoral haya mucho contrapeso político.
Maduro también ha aprovechado la llegada de otros izquierdistas en Latinoamérica, como Gustavo Petro en Colombia y Luiz Inácio Luda da Silva en Brasil, para recuperar relaciones con estos países y buscar mejorar su imagen internacional.