MIAMI — Tras el creciente escándalo por el hallazgo de documentos clasificados en poder de los principales altos cargos del gobierno de Estados Unidos, urge una revisión del reglamento para determinar las causas por las que se está violando lo que todo oficial público debería respetar, afirmó el profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra.
En las últimas semanas se conoció del hallazgo de documentos confidenciales, en poder del presidente Joe Biden, que podrían causar un dolor de cabeza al demócrata. Corresponde a dos fases de su vida política: la de senador por Delaware y la de vicepresidente durante la administración de Barack Obama (2009-2017). Los documentos secretos fueron encontrados en lugares separados, seis años después de que Biden concluyera su cargo en la vicepresidencia. En total son cuatro los hallazgos hasta el momento, lo que podría implicar el mal manejo, uso indebido y exposición de información secreta del gobierno de Estados Unidos.
Otro hecho similar se conoció tras el descubrimiento de documentos clasificados en la residencia del exvicepresidente Mike Pence, en Indiana.
En agosto, el FBI allanó la casa del expresidente Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida, donde encontraron documentos clasificados, un caso que permanece bajo investigación desde hace varios meses.
Problema recurrente
Al parecer, el manejo indebido de documentos se ha convertido en un problema recurrente y se estaría violando la Ley de Registros Presidenciales (PRA por sus siglas en inglés), que establece que presidentes y vicepresidentes están obligados a transferir todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo durante el ejercicio del cargo a la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA por sus siglas en inglés).
Además, se estaría violando la ley de Espionaje, que prohíbe “guardar” documentos clasificados en sitios no autorizados e inseguros.
“Creo que esto señala un problema central que es demasiado fácil para oficiales de gobierno que por su investidura han tenido acceso y el derecho a remover esos documentos de los lugares donde deben consultarlos”, acotó el profesor Gamarra; por lo tanto, “o la regulación que existe no es suficientemente clara o está violando la regulación existente que todo oficial público debería respetar, y por eso (es) la investigación”, realizada por el Departamento de Justicia, que ha nombrado fiscales especiales en los casos de Trump y Biden.
Para el académico, hay una diferencia que califica de “enorme” en la gravedad de los tres casos (Biden, Pence, Trump). Su argumento se basa en que el expresidente Trump no devolvió los documentos cuando se los solicitó el Departamento de Justicia, que actuaba en nombre del Archivo Nacional.
“La política siempre está presente en este tipo de acusaciones, estamos viendo que el problema es más de fondo y no simplemente de un individuo, aunque hay diferencias de grados, entre lo que hizo el expresidente Trump, y lo que hasta ahora sabemos (que) hizo el presidente Biden y lo que hizo el exvicepresidente Mike Pence”.
En el caso de Biden, se trata de una investigación en etapa inicial, “no se sabe de qué más se le acusaría más allá de haberse llevado los documentos violando los reglamentos, pero no es el caso de que se ha negado a devolverlos. Lo mismo que el exvicepresidente Pence, que voluntariamente ha entregado esos documentos”, acotó Gamarra.
“Traición a la patria”
El jurista y analista político republicano Lorenzo Palomares, cree que el caso del presidente Biden va más allá de una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y lo califica como “traición a la patria”.
“No lo veo como peligro, lo veo como traición, no hay razón para tener esos documentos en varios lugares si no los estás escondiendo”, subrayó Palomares.
Y añadió: “En mi opinión, después de tantos años no es abandono, es escondite. Se les destapó la cosa con la diferencia de que Trump tenía año y medio de haber salido de la Casa Blanca, era Presidente y podía haber desclasificado, aunque hoy el presidente Biden puede desclasificarlos porque es Presidente, (pero) no le conviene desclasificarlos porque entonces todo mundo va a ver la venta (tráfico) de influencias que estaba pasando con aquellos documentos”, acotó.
El primer hallazgo de documentos, por los abogados del mandatario, fue en noviembre, previo a las elecciones de medio término, pero el gobierno guardó silencio.
Ese hallazgo fue en la oficina que Biden ocupó entre 2017 y 2020, tras haber dejado el cargo de la vicepresidencia. Allí, en el centro que lleva el nombre del hoy presidente, permanecieron sin seguridad. Se trata del Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global en Washington, un organismo privado adscrito a la Universidad de Pensilvania, donde Biden laboró como profesor desde 2017 a 2020. La entidad, ubicada a poca distancia de la Casa Blanca, recibió millones de dólares de los chinos. Ahí quedaron los documentos clasificados cuando Biden asumió la presidencia en enero de 2021, un motivo que los republicanos consideran suficiente para investigar.
Los otros dos lugares donde los abogados personales de Biden encontraron más documentos secretos son la biblioteca personal del mandatario en su residencia en Wilmington, Delaware; y en su Corvette en el garaje, un carro que también conducía su hijo Hunter con chicas, de acuerdo con las fotografías publicadas en medios estadounidenses y en las redes sociales.
“Aquí hay documentos que van desde que el señor Biden era senador, que no tenía ni derechos ni privilegios (de tener en su poder documentos secretos), aunque hoy es el presidente y tiene la autorización constitucional para desclasificar igual que lo hizo el expresidente Trump. El problema es que esos documentos llevan guardados entre 6 y 15 años, y lo que hace falta es ver si esos documentos tienen que ver con China, Ucrania y con todos los cabildeos que hizo el hijo del presidente, Hunter Biden, a favor de su padre el ‘big man’ como le decían y qué negocios estaban vendiendo a través de la vicepresidencia y el Senado”, cuestionó el abogado Palomares.
Los republicanos acusan a Hunter Biden de aprovechar los altos cargos que ha ocupado su padre para promover un supuesto esquema de “tráfico de influencias y de acuerdos cuestionables” que aparentemente no habrían sido ajenos al mandatario.
Impeachment
Por otro lado, el líder republicano en el Senado, John Thune desaconsejó una situación de “ojo por ojo” en el Capitolio, tras los hallazgos de documentos clasificados en poder de Biden.
Los demócratas realizaron dos “juicios políticos” contra Trump, un hecho sin precedentes en la historia y algo que el exmandatario republicano considera una “cacería de brujas” en su contra.
Thune aseguró que “tiene que haber una muy buena razón, obviamente, las razones constitucionales y los fundamentos para eso. Así que veremos a dónde va”.
Así pues, las declaraciones del líder republicano en el Senado podrían ahora calmar los ánimos de los miembros de su partido, especialmente en la Cámara de Representantes, que sí busca someter a Biden a un juicio político.
¿Kamala en la presidencia?
El jurista Lorenzo Palomares considera que no habrá “impeachment”, y asegura que la mejor póliza de seguro que tienen los demócratas ante un juicio político contra Biden en el Congreso, es [la vicepresidenta] Kamala Harris. “Nadie la quiere, no va a ver ningún ‘impeachment’ porque nadie quiere poner a Kamala Harris de presidenta», sentenció.
“Por lo tanto, aquí lo más que podemos hacer es esperar que el Congreso haga su investigación y nos informe del contenido de esos documentos, no tienen que decir cuál es el contenido, pero sí pueden decir de qué trata el documento, eso no es una violación a la ley”, puntualizó.
La Casa Blanca se niega a dar información sobre los documentos clasificados de Biden. Palomares asegura que no lo harán.
Palabra clave: “intencionalmente”
El profesor Gamarra dijo que existen penalidades en el caso de los hallazgos de material secreto. “Conozco suficiente del proceso de clasificación de documentos para decirle que hay unas penas correspondientes a la gravedad del caso”.
De acuerdo con la ley, existen tres niveles de clasificación de documentos: “confidencial”, el más bajo; “secreto” y “alto secreto”.
La legislación establece que toda persona que “intencionadamente” oculte o destruya documentos oficiales podría ser multada y sentenciada a cárcel por un periodo máximo de tres años. La ley también contempla la “inhabilitación” para ser electo u ocupar cargos públicos. Sin embargo, la salvedad es que solo es “delito” si se hace “intencionalmente”, algo que la parte acusadora tendría que demostrar y que según los expertos no es tan fácil.
Biden y Pence han asegurado que “no sabían” que tenían los documentos en su poder. En el caso de Biden, los expertos no descartan que pudieran encontrar más documentos, pero está por verse si la pesquisa que realiza el FBI por invitación del mandatario, se hará en una segunda casa de Biden.
Para el abogado Palomares, el caso no tendrá consecuencias para el presidente Biden, tampoco para su hijo Hunter, que tiene una investigación federal abierta, por presunta evasión de impuestos por los millonarios contratos en el extranjero, y por mentir para comprar un arma. La investigación busca determinar si se violaron las leyes de lavado de dinero, impuestos y cabildeo extranjero.
Asegura que los demócratas tratan de minimizar el hallazgo de los documentos clasificados en el caso de Biden en comparación con el de Trump, pese a que los mantuvo “escondidos” por muchos años.
“Aquí lo que hay que esperar es que el Congreso y nuestro sistema jurídico constitucional debe de poner las manos en el caso e informarnos de qué se tratan esos documentos, no nos pueden dar el contenido pero estoy seguro de que el Congreso los va a pedir, los va a tener que dar y no va a pasar nada, nuestro sistema republicano de Gobierno va a hacer que el padre le dé un perdón al hijo en los últimos seis meses de su presidencia y no va a pasar nada más, no habrá arrestos. Lo que se minimiza es el ataque contra Trump, que allanaron su residencia con el FBI, lo acusaron de traición a la patria y qué más traición a la patria que vender las influencias del país con los chinos”, apuntó Palomares.
Mientras las investigaciones avanzan y el fiscal general Merrick Garland se esfuerza por vender una imagen de “imparcialidad” con el nombramiento de fiscales especiales para investigar los casos, Trump, Biden y el exvicepresidente Pence tienen su mirada en las elecciones presidenciales de 2024. El presidente Biden podría anunciarlo en febrero. ¿Podrán? Es la pregunta del millón.