CARACAS.- Las ONG‘s en Venezuela son las más afectadas por los ataques del régimen de Nicolás Maduro hacia los defensores de derechos humanos en el país.
Del total de 396 agresiones y amenazas documentados por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) durante 2022, 267 -el 67 %- fueron en contra de las organizaciones no gubernamentales, de acuerdo a un informe reciente de esta institución.
El documento dice textualmente que «el discurso oficial mantiene una narrativa de violencia que busca antagonizar al movimiento de derechos humanos con base en expresiones de desprestigio y acusaciones relacionadas a terrorismo, delincuencia organizada, supuestos vínculos entre el movimiento con partidos políticos y actividades injerencistas».
Así las cosas, el informe da cuenta de que durante 2022 la estigmatización en contra de las ONG se hizo, cada vez más, a través de actos violentos si se compara con periodos anteriores. El CDJ agregó en su informe que también aumentó el descrédito hacia las ONG’s y las amenazas, reseñó El Nacional.
En ese sentido, explicó que 26 % de las agresiones fueron realizadas por personas o grupos simpatizantes del régimen de Maduro y otro 26 % de esos actos violentos fueron efectuados por funcionarios públicos.
Agregó que el 23 % de los ataques se hicieron desde los medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado, así como desde sus cuentas de redes sociales. Otro 16 % de las agresiones vinieron desde instituciones públicas o entes gubernamentales, mientras que un 9 % fueron llevadas a cabo por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.
El CDJ enfatizó que «quienes realizan actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias».
Recientemente, la Asamblea Nacional (AN) fraudulenta aprobó en primera discusión un proyecto de ley que busca regular a las organizaciones de la sociedad civil en el país sudamericano.
El proyecto de Ley de Fiscalización, Actualización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines prohíbe, entre otras cosas, «realizar actividades políticas» y «promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República».
La ONG Provea denunció la «criminalización» contra este tipo de organizaciones e indicó que el proyecto prevé que las ONG’s podrían ser multadas hasta con $12.000 si no cumplen con la normativa.
Además, destacó que «buscan ilegalizar a las ONG venezolanas de DDHH, sociedad civil y más contra las víctimas».
El fin de semana, el Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, rechazó mediante un comunicado el proyecto de ley impulsado desde el chavismo. Foro por la Vida aseguró que el proyecto configura «la mayor amenaza registrada» en Venezuela contra la existencia de las ONG’s. Resaltó que la normativa criminaliza la solidaridad al desproteger a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional.
Además, destacó que la formulación de este proyecto no es un hecho aislado, sino que constituye una «política del dictador Nicolás Maduro de restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente de las ONG’s y de las personas defensoras de derechos humanos y actores humanitarios».
La semana pasada, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, estuvo de visita en Venezuela. Türk mantuvo reuniones con miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de organizaciones de víctimas provenientes de toda Venezuela, así como con representantes del régimen.
Al final de la visita, Türk anunció que se decidió prorrogar durante dos años más la misión especial de la Oficina del Alto Comisionado para el país caribeño en vista de la crítica situación de los derechos humanos.