Un grupo de diputados del Partido Demócrata de los Estados Unidos y diversas organizaciones de derechos humanos reclamaron este lunes al presidente Joe Biden que suspenda “de inmediato” la asistencia de seguridad que se concede a Perú hasta que termine en el país andino la represión de las protestas azuzadas por la izquierda radical.
La misiva pide también que esos fondos se paralicen hasta que las autoridades peruanas “tomen medidas para investigar los crímenes contra los derechos humanos y enjuiciar a los responsables”.
El texto está firmado por una veintena de legisladores, entre ellos Jesús “Chuy” García, Raúl Grijalva, Juan Vargas, Nanette Barragán y Alexandria Ocasio-Cortez, y respaldado por ocho organizaciones, como el Center for Economic Policy and Research (CEPR) o Amazon Watch.
La carta a Biden, con copia al secretario de Estado, Antony Blinken, al de Defensa, Lloyd Austin, y a la embajadora estadounidense en Perú, Lisa Kenna, demanda una acción del Gobierno estadounidense “por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado peruano en su respuesta a las protestas”.
«También instamos a su Administración a que denuncie públicamente estas continuas violaciones de derechos humanos y ejerza presión sobre el Gobierno peruano para que respeten los derechos a la protesta pacífica y al debido proceso», añadieron.
En su opinión, la policía peruana ha respondido a las manifestaciones «con un uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza».
«El Gobierno de EE.UU. puede y debe hacer más. Creemos que nuestras acciones propuestas enviarían una poderosa señal en apoyo a los derechos fundamentales y ayudarían a promover un compromiso efectivo para una solución política», concluyeron.
Desde que el pasado 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo fuera vacado por el Congreso y puesto bajo custodia por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, la izquierda radical desató la violencia en varias regiones del Perú, especialmente en el sur andino, asaltando aeropuertos, saqueando galerías comerciales e incendiando delegaciones de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial.
Dina Boluarte, segunda al mando durante el (des) gobierno de Castillo, asumió la presidencia con la caída en su desgracia de su antiguo jefe, y debido a su alejamiento del “ala dura” de la izquierda y del partido que la llevó como candidata, Perú Libre, se ha convertido en blanco de los manifestantes más violentos, quienes exigen su renuncia, así como la liberación del golpista y la convocatoria a una asamblea constituyente de corte bolivariano.
Boluarte ha defendido a la Policía Nacional frente a las acusaciones de los manifestantes y las ONG de corte izquierdista, e incluso ha acusado a los protestantes de estar financiados por grupos criminales.
“La Presidencia de Perú reitera que debe velar por la seguridad y el bienestar de los 33 millones de peruanos y peruanas (…) Reiteramos nuestro llamamiento a la paz, el diálogo y la reconciliación”, expresó.