MIAMI.- En enero de 2021, a solo 10 días de la toma de posesión del presidente Joe Biden, Cuba regresó a la lista en la que estuvo entre 1982 y 2015. En ella figuran además Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria, todos considerados por Estados Unidos países patrocinadores del terrorismo, y a los que se les prohíbe exportar o vender armamento, al tiempo que algunas exportaciones que mejorarían sus capacidades militares son controladas.
Cuba fue incluida por primera vez en esa lista en 1982 y durante los siguientes 33 años, Washington argumentó su decisión basándose en que la Isla daba refugio a prófugos de la justicia estadounidense, a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a miembros de la organización terrorista y nacionalista vasca Euskadi Ta Askatasuna, más conocida por sus siglas: ETA.
Así lo reafirma la investigación UGAO: empresa en Cuba vinculada a terroristas de ETA, publicada este 15 de enero por el medio independiente YucaByte. El reportaje revela lazos empresariales estratégicos que involucran además relaciones interpersonales. Algunos nombres que saltan de este rastreo son, nada menos, que el empresario chileno Ángel Domper Cavalla, quien ganó proximidad a Fidel Castro mediante su vínculo matrimonial con Celia Guevara March, la hija menor de Ernesto Guevara. Igualmente, Alejandra Argibay Manduley, hija de Miriam Manduley, prima de Celia Sánchez Manduley una de las colaboradoras más cercanas de Fidel Castro entre 1957 y 1980, y del comandante de la Revolución José (Pepito) Argibay.
Para los autores, Salomé García y Javier Roque, Cuba todavía sigue sirviendo de refugio a personas involucradas con movimientos terroristas como ETA —responsable del asesinato de 854 personas— y, más allá, la dictadura de La Habana ha permitido que algunas de ellas funden compañías que han podido operar sin demasiadas trabas durante las décadas recientes.
“Es el caso del Grupo UGAO S.A., una empresa de origen vasco que en los últimos 35 años ha apostado por la producción de calderas de vapor para diversas industrias cubanas y otro amplio abanico de servicios que van desde la comercialización de alimentos hasta la fabricación de desvíos ferroviarios.
“Esta versatilidad ha convertido a UGAO en una invitada usual a los principales eventos industriales del país. También le ha merecido reportes halagüeños en diferentes medios de prensa en tanto modelo de cooperación entre el País Vasco y Cuba. Sin embargo, ningún reporte ha aludido a los múltiples vínculos de esta compañía con ETA, por los que en 2007 UGAO fue vinculada al entramado empresarial que la organización terrorista utilizaba para financiar sus estructuras y, también, a sus refugiados”, remata el reportaje en tanto describe la relación histórica entre ETA y UGAO, aunque la primera anunció “el desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras” en 2018.
Según YucaByte, la relación entre ETA y UGAO comienza por el fundador y presidente de esta última: Yosu Abrisketa (73 años), uno de los jóvenes que en la década de 1960 se unió a ETA. Si bien se trataba de organización nacionalista, esta terminó apostando por el terrorismo en su deseo de construir un Estado vasco socialista e independiente.
“En 1970, con apenas 21 años, Abrisketa fue el más joven de los 16 miembros de ETA juzgados por la muerte de tres personas en el Proceso de Burgos. Condenado inicialmente a pena de muerte, la sanción le fue conmutada por otra de 62 años en prisión. Sin embargo, en 1977 recibió el indulto gracias a la Ley de Amnistía aprobada tras la muerte del dictador Francisco Franco”, indicó el reportaje y aseguró que después de esto, algunos de los procesados en Burgos apostaron por la lucha pacífica, pero Abrisketa, en cambio, pasó a liderar ETA Político Militar (PM), una nueva organización que siguió abogando por el uso de las armas y donde habría estado vinculado al secuestro de empresarios y otras acciones junto a Arnaldo Otegi, actual coordinador general de la coalición de partidos nacionalistas e independentistas vascos, Euskal Herria Bildu.
No obstante, en 2015 [año en que EEUU sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo en sintonia con el avance del acercamiento entre las dos naciones iniciado a finales de 2014], “Castro garantizó a Washington que ningún miembro de ETA utilizaría el territorio cubano para actividades contra España u otro país.
“Ese mismo año, La Habana y Madrid comenzaron a negociar la extradición de los etarras José Ángel Urtiaga y José Ignacio Etxarte, algo a lo que el régimen se había negado en ocasiones anteriores”.
Etarras, ¿aún en La Habana?
De acuerdo con los autores del reportaje, Urtiaga sigue viviendo en Cuba, desde donde colabora regularmente con medios de comunicación de izquierda*. Sin embargo, en los últimos años varios de sus compañeros sí han regresado al País Vasco debido a la prescripción de las acusaciones contra ellos.
En 2019, fue el turno de José Miguel Arrugaeta e Iñaki Etxarte. Ambos llegaron a Cuba en 1984 y 1985, respectivamente. En 2010, la Audiencia Nacional (AN) española los acusó, junto a otros etarras refugiados en Cuba y Venezuela, de impartir cursos a guerrilleros de las FARC. En octubre de 2018, tras la aprobación de la Ley de Amnistía en Colombia, la AN sobreseyó provisionalmente la causa, lo que les permitió regresar legalmente a España.
En 2021, regresó el también escritor Joseba Sarrionandia, quien llegó a La Habana entre 1985 y 1986, luego de fugarse de la cárcel vasca donde cumplía condena por pertenencia a ETA y depósito de armas. Según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, una organización vasca, Sarrionandia también estuvo vinculado al secuestro de un empresario y a varios atentados con explosivos. Finalmente, en septiembre pasado fue el turno de Iñaki Rodríguez Muñoa, luego de que prescribieran las acusaciones que lo relacionaban con el secuestro y asesinato del militar Alberto Martín Barrios, en 1983. Rodríguez estaba refugiado desde 1987 en Cuba, donde años más tarde se vinculó a Ainair S.L.
Mientras tanto, Yosu Abrisketa se mantiene activo desde Cuba en la promoción de la independencia y la cultura del País Vasco, según un informe de este año. También ha vuelto a integrarse a la vida política vasca, aunque esta vez desde lo civil y desde la distancia. Prueba de ello es que en 2013 fue uno de los integrantes del “colectivo de exiliados” que reclamaron ser partícipes del proceso de paz, cuya consecución, aseguraron, también pasa por la solución de sus exilios.
En 2020, preguntado por la posibilidad de regresar a su tierra natal, aseguró que volverá “cuando se den las condiciones”. También pareció retractarse de haber abogado por la lucha armada. “Siempre que se pueda evitar, hay que evitarla”, dijo. “Deseo que Euskal Herria jamás vuelva a eso”.
De momento, Abrisketa se mantiene dirigiendo UGAO, la empresa que fundó tres años después de llegar a Cuba como refugiado de ETA y que a finales de los 90 apareció en investigaciones judiciales españolas por canalizar fondos para los etarras exiliados en la Isla.
Vinculada a varios nombres de ETA y del entorno castrista, UGAO se ha abierto camino dentro del sector industrial cubano, donde destaca por la producción de calderas de vapor. No obstante, en los últimos años ha ampliado sus negocios con otras compañías vascas incluidas aquellas afincadas en Cuba, lo que le ha permitido consolidarse como empresario y mantenerse como uno de los últimos etarras refugiados en el país.
Cuba y la lista de países patrocinadores del terrorismo
Todos los datos aportados por la investigación de YucaByte ponen en cuestionamiento el reciente pedido, por parte de una veintena de expresidentes y ex primeros ministros de América Latina a Joe Biden, de que retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Las razones que argumentó EEUU en 2021 para la reinserción de Cuba en la lista fueron las siguientes:
—El Departamento de Estado ha designado a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo por brindar reiteradamente apoyo a actos de terrorismo internacional al ofrecer un refugio seguro a terroristas.
—El gobierno de Trump se ha centrado desde un primer momento en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para oprimir a su población en el país y contrarrestar su injerencia maliciosa en Venezuela y el resto del Hemisferio Occidental.
—Con esta medida, una vez más exigimos que el gobierno de Cuba responda por sus actos y transmitimos un mensaje claro: el régimen de Castro debe concluir su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense.
—Durante décadas, el gobierno cubano ha alimentado, albergado y brindado atención médica a homicidas, fabricantes de explosivos y secuestradores, mientras muchos cubanos pasan hambre, no tienen vivienda y carecen de medicamentos básicos. Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), designado como Organización Terrorista Extranjera por los Estados Unidos, viajaron a La Habana para mantener conversaciones de paz con el Gobierno colombiano en 2017. Alegando protocolos de negociación de paz, Cuba ha rechazado los pedidos de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana luego de que el grupo se atribuyera responsabilidad por el atentado con explosivos perpetrado en enero de 2019 en una escuela de cadetes de policía en Bogotá, en el que murieron 22 personas y más de 87 resultaron heridas.
—Cuba también acoge a varios fugitivos de la justicia de EE.UU. que son buscados o han sido condenados por cargos de violencia política, y muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas. Por ejemplo, el régimen cubano se ha negado a extraditar a Joanne Chesimard, que se encuentra en la Lista de Terroristas Más Buscados del FBI por ejecutar al policía del estado de Nueva Jersey, Werner Foerster, en 1973; Ishmael LaBeet, condenado por matar a ocho personas en las Islas Vírgenes de EE.UU. en 1972; Charles Lee Hill, acusado de asesinar en el estado de Nuevo México al policía Robert Rosenbloom en 1971; entre otras personas.
—Cuba vuelve a ser incluida en la lista de Estados que Patrocinan el Terrorismo tras incumplir el compromiso de dejar de apoyar el terrorismo que había asumido ante el gobierno anterior, en 2015, como condición para ser eliminada de dicha lista. El 13 de mayo de 2020, el Departamento de Estado notificó al Congreso que había certificado a Cuba conforme al artículo 40A(a) de la Ley de Control de Exportaciones de Armas (Arms Export Control Act) como país que “no cooperó plenamente” con las acciones de EE. UU. contra el terrorismo durante 2019.
—Además del apoyo al terrorismo internacional que da sustento a la medida de hoy, el régimen cubano participa en una variedad de comportamientos perniciosos en la región. El aparato de inteligencia y seguridad cubano se ha infiltrado en las fuerzas de seguridad y militares de Venezuela y ha ayudado a Nicolás Maduro a mantener el control férreo sobre su población, al tiempo que permite que operen organizaciones terroristas. El apoyo dado por el gobierno cubano a disidentes de las FARC y el ELN se extiende también más allá de las fronteras de Cuba, y el respaldo del régimen a Maduro ha generado un entorno permisivo para que vivan y prosperen terroristas internacionales dentro de Venezuela.
—La designación de hoy sujeta a Cuba a sanciones que penalizan a las personas y países que entablen cierto tipo de trato comercial con Cuba, limita la asistencia exterior de EE.UU., prohíbe exportaciones y ventas en el área de defensa y establece determinados controles a las exportaciones de artículos de doble uso.
—Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo cubano en su aspiración de lograr un gobierno democrático y el respeto de los derechos humanos, incluidas las libertades de religión, expresión y asociación. Hasta tanto se respeten estos derechos y libertades, seguiremos exigiendo que el régimen rinda cuentas.