CARACAS.- El director de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui, advirtió que la aprobación de la ley que busca regular el funcionamiento de las ONG en Venezuela profundizará el autoritarismo en el país sudamericano.
En un video difundido en las redes sociales de la organizacion, Uzcátegui alertó que el texto legal, que ya fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional fraudulenta, representa una «grave amenaza» para el trabajo de las ONG «para continuar apoyando a la población venezolana que tanto lo necesita en este momento».
Uzcátegui dijo que ya se anunció la intención de ilegalizar a más de 62 organizaciones sociales de Venezuela que han denunciando las violaciones de derechos humanos y que han acompañando a las víctimas.
“Queremos insistir y enfatizar que, a pesar de todas las adversidades y circunstancias, vamos a seguir acompañando a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y señalando claramente a sus victimarios”, aseguró.
Varias ONG de Venezuela fijaron posición el martes 24 de enero en rechazo al Proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales.
La ONG Acceso a la Justicia aseguró que la normativa pondría a las ONG y a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica.
La jefa de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, Marta Valiñas, alertó que la ley, que es impulsada por el «chavismo» en la Asamblea Nacional fraudulenta, puede ser «un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático» en el país sudamericano.
La Misión alertó sobre «requisitos adicionales» que impone la regulación como exigencia para la creación y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones sin fines de lucro, y cuyo incumplimiento acarrea fuertes sanciones para éstas que incluyen su disolución de oficio.
«La regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas», afirmó Francisco Cox, experto de la Misión, que agregó que la ley vulnera derechos porque «está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación».
El equipo de la Misión realizó un análisis preliminar del proyecto que concluyó que varias de sus disposiciones afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión contenidos en la Constitución de Venezuela y en normas internacionales de derechos humanos suscritos por este país.
Uno de los aspectos que más preocupa a la Misión es que la ley otorga al Ejecutivo la facultad de implementar mecanismos de control que el permitirán supervisar y sancionar las «desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional».
«Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia», dijo la Misión.