El gobierno de Gustavo Petro en Colombia y los alcaldes de las principales ciudades ofrecieron pagar dinero a cambio de la entrega de pistolas y fusiles, en medio de una «campaña de desarme» nacional que anunció el ministerio del Interior.
«La ruta a seguir considera una campaña de desarme, encabezada por el presidente de la República y los alcaldes, mediante una estrategia conjunta que contemple la posibilidad de hacer ofertas de pago por las armas«, indicó la cartera en un comunicado de prensa, sin ahondar en los detalles de la implementación de esta política.
El anuncio se dio al término de un concejo de seguridad con funcionarios del gobierno, altos mandos militares y los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.
Desde la sede presidencial, el ministro del Interior, Alfonso Prada, indicó que el objetivo de la campaña es «combatir el delito callejero y el crimen organizado en los centros urbanos».
Para ese propósito se cobijará bajo la denominada ley de «paz total», aprobada en noviembre por el Congreso de mayoría oficialista.
Con ella el presidente Gustavo Petro pretende desarticular bandas criminales. También negociar la paz con guerrillas, narcotraficantes y grupos de origen paramilitar con miras a desactivar el conflicto armado de más de medio siglo.
Petro, en el poder desde agosto, propuso que se dejen de emitir permisos especiales de porte de armas, aunque la iniciativa todavía no es un hecho.
Según la organización Small Arm Survey, en 2017 había 4,9 millones de armas de fuego en manos de civiles en Colombia. Unas 4,2 millones serían ilegales, en el país de 50 millones de habitantes.
Desde esta semana, el primer gobierno de izquierda de Colombia presenta ante el Legislativo un paquete de propuestas de proyectos de ley que contienen cambios sustanciales en la salud y la estructura penitenciaria.
Tras la intervención Prada, la alcaldesa de Bogotá, la centro-izquierdista Claudia López, sugirió implantar más reformas para fortalecer la «infraestructura de seguridad y justicia» en las urbes azotadas por la delincuencia.
Entre ellas crear «centros transitorios de detenciones» en donde paguen penas cortas atracadores, ladrones y extorsionistas.
Autoridades no tienen cifras sobre la cantidad de armamento que circula en el extendido mercado negro, consecuencia de la conflagración entre fuerzas del Estado y grupos ilegales en zonas rurales y urbanas.
Pese al desarme de la guerrilla de las FARC en 2017, en Colombia persiste un conflicto interno que en seis décadas deja más de nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados.