En las mazmorras de la tiranía de Daniel Ortega aún quedan 39 presos de conciencia, entre ellos, el obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, que decidió no ser desterrado del país y por ese hecho la dictadura le condenó a 26 años de cárcel y le despojó de la nacionalidad en medio del silencio de la Conferencia Episcopal.
El régimen tomó represalias contra el jerarca tras rehusarse a marcharse a Estados Unidos. Álvarez permanecía bajo el régimen de casa por cárcel, pero Ortega –que buscaba deshacerse del obispo– ordenó su traslado a una celda del Sistema Penitenciario en la Modelo de Tipitapa, una cárcel de máxima seguridad en Nicaragua.
El dictador sandinista insistió durante una alocución en cadena nacional que la excarcelación y destierro de 222 expresos políticos hacia Estados Unidos fue a cambio de nada y una idea de su mujer, la designada vicepresidenta Rosario Murillo, a quien Ortega le otorgó el título de «copresidenta» y pidió al jefe de la Asamblea Nacional reformar la Constitución para ese fin. «Me dice Rosario, y ¿por qué no le decimos al embajador que se lleven a todos estos terroristas?», dijo el dictador. «No estamos pidiendo que nos levanten sanciones, no estamos pidiendo nada a cambio», agregó.
El régimen sandinista presentó un listado de 228 presos políticos a Estados Unidos, dos no aceptaron el destierro, mientras que cuatro fueron rechazados por Estados Unidos, entre ellos, Jaime Enrique Navarrete Blandón y el abogado Manuel Urbina Lara.
Navarrete Blandón permanece encarcelado desde 2018. Ha sido uno de los presos torturados por la dictadura. Fue liberado en 2019 durante una amnistía aprobada por el régimen para favorecer a paramilitares que terminó por incluir a los presos políticos. Pero un mes más tarde fue encarcelado nuevamente: la policía lo acusó por drogas y lo condenó a 3 años y medio de cárcel, que cumplió en enero pasado.
Su madre, Margine Blandón, ciudadana estadounidense, buscaba a su hijo en el listado de los excarcelados el 9 de febrero. En medio del llanto relató que no sabe qué sucede con su hijo y está pidiendo explicaciones al Gobierno.
La Gaceta de la Iberosfera consultó al Departamento de Estado sobre el rechazo a cuatro de los desterrados por Ortega, pero al cierre de esta edición no respondió.
Varios sandinistas disidentes entre los desterrados
Sin embargo, entre los 222 desterrados por el régimen sandinista, Estados Unidos aceptó el ingreso del paramilitar Marlon Enoc Sáenz, un aliado de Ortega por varias décadas, involucrado en la represión de 2018, pero que cayó en desgracia tras criticar a la esposa de Ortega, la vicepresidenta designada Rosario Murillo. Por eso el hombre que defendía lo encarceló y fue condenado por “drogas” a 10 años de prisión en 2022.
Otro de los que ingresó a Estados Unidos es el exportavoz de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios, que también cayó en desgracia con la dictadura.
Entre los beneficiados también se encuentran altos funcionarios de la primera dictadura sandinista (1979-1990) como Dora María Téllez, señalada de abusos a los derechos humanos y a quien Estados Unidos le negó visa en 2004 declarándola inadmisible de acuerdo a la Sección 212(a)(3)B de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos que tipifica las actividades de terrorismo, de acuerdo con una carta que Téllez envió a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, el 15 de febrero de 2005, en la que denunciaba la prohibición estadounidense, algo que consideraba una «violación» a sus derechos humanos.
Téllez fue una de las cabecillas que dirigió el asalto al Palacio Nacional en 1978, en Managua, junto a Edén Pastora y Hugo Torres, este último murió en la cárcel en 2022, enfermo y sin compasión de su antiguo camarada, Daniel Ortega.
En el asalto, considerado «heroico» para algunos y «terrorista» para otros, secuestraron a los ministros de Gobernación y Hacienda y los diputados que se encontraban en sesión legislativa. Cuatro personas murieron abatidas por las balas del comando y la Guardia Nacional. Los insurgentes exigían al régimen de Anastasio Somoza Debayle, la libertad de los presos del sandinismo, su traslado por avión a México, Venezuela y Cuba, además de 10 millones de dólares, de acuerdos con reportes de la época.
Y aunque no es un excarcelado político, Estados Unidos también permite el ingreso de Luis Carrión Cruz, fundador del Ministerio del Interior del régimen con el cargo de viceministro; fundador y director de la tenebrosa Seguridad del Estado. Es señalado de responsabilidad del atentado de La Penca, y es uno de los llamados nueve comandantes de la primera dictadura sandinista.
Carrión admitió que conoció del ataque que definió como una operación de inteligencia, pero según él, pocos días después de ocurrido el atentado que dejó siete muertos cuyos cuerpos quedaron desbaratados, y varios heridos de gravedad. El caso nunca fue investigado, pues los sandinistas se escudaron en la «amnistía», para no pagar por sus crímenes.
El exfuncionario esperaba a los excarcelados en Washington donde permanece en “representación de la oposición”, que se atribuye la disidencia sandinista que gobernó con Ortega en los años 80.
Los rechazados por Estados Unidos
Emily Mendrala, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, confirmó en una conferencia de prensa que dos de los presos de la dictadura no viajaron a Estados Unidos, pero no se refirió al caso de los cuatro rechazados.
Margine Blandón, dijo que está haciendo las averiguaciones sobre el rechazo de Estados Unidos a su hijo, quien antes de partir para residir en Nicaragua, estaba por recibir la residencia estadounidense. “Necesito aclarar esta situación. Ahora, (el régimen) lo quiere sentenciar a otros 22 años de cárcel”, aseveró. Con ello sería la tercera sentencia condenatoria contra Jaime Navarrete.
Junto a Navarrete, permanecen en prisión 38 presos políticos. La mayoría no son mediáticos.
Según Mendrala, Nicaragua decidió unilateralmente liberar 222 de ellos, incluyendo un ciudadano de Estados Unidos. Dijo que EEUU organizó el transporte y les darán “parole humanitario” por un periodo de dos años.
Valora la acción de la tiranía como un gesto positivo “y un primer paso para la restauración de la democracia, un mejoramiento en el clima de Derechos Humanos, y siempre hemos expresado nuestro compromiso de dialogar con el gobierno de Nicaragua y lo repito hoy. Vemos como un paso positivo que puede abrir la puerta para condiciones más constructivas en las relaciones bilaterales”, acotó Mandrala.
Añadió que continuarán pidiendo pasos adicionales para restaurar las libertades civiles y la democracia en Nicaragua, pero evadió las preguntas relacionadas sobre si habrá más sanciones de Estados Unidos a la dictadura de Ortega.
El exsubsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, Otto Reich, definió a Mendrala como una activista casi exclusivamente para Cuba y Venezuela, además a Nicaragua, y para el izquierdista FMLN de El Salvador.
Antes de asumir el cargo, Mendrala fue directora ejecutiva del Center for Democracy in the American (CDA), una organización creada en 2006. «CDA ha mantenido la creencia de que forjar relaciones constructivas entre Estados Unidos y Cuba tendrá un impacto beneficioso y duradero en las sociedades cubana y estadounidense. El compromiso envía una señal importante a América Latina, transmitiendo que Estados Unidos está comprometido con relaciones positivas con la región y su gente!, dice la organización CDA en su sitio web.