Perú es un polvorín, o por lo menos está camino a serlo. Una vez más, el país andino que se resistía a la embestida de la bestia roja, ha caído en las garras de la revolución más insensata, por el lado de las masas enceguecidas, y vil, por el lado de los azuzadores sin rostro que se niegan a dialogar con el Gobierno de Dina Boluarte.
Y es que, a pesar de la insistencia de Boluarte para sentarse a negociar con los manifestantes que se oponen a su sucesión constitucional, cuando desde el Ejecutivo se envían las invitaciones al diálogo, nadie responde. Por supuesto que nadie lo hará, ya sea porque prefieren el anonimato o porque insisten en el chantaje como instrumento político.
Los manifestantes, que llegaron a la capital peruana en buses y camiones y pretendieron sitiarla, hoy deambulan por sus calles buscando un pasaje de retorno a sus pueblos o la caridad de la gente para llevarse un pan a la boca.
A pesar el entusiasmo inicial, de los convoyes que partían hacia Lima cargados de manifestantes de diferentes etnias y banderas, la «Toma de Lima», el eslogan de los gremios y colectivos adictos al golpista Pedro Castillo, resultó en un fracaso debido a la indiferencia y hostilidad que los ciudadanos de la capital presentaron ante las marchas que paralizaron el comercio y los hechos vandálicos que terminaron con espacios públicos destrozados.
En un país con más del 80% de la economía en situación de informalidad, impedir que los vendedores de comida y chucherías al paso realicen sus actividades diarias, así como restringir el precario transporte público y ensuciar con grafitis y desechos una ciudad que de por sí languidece en armonía y belleza, solo podría resultar en un rechazo masivo.
A todo eso, habría que sumarle el hecho de que muchos de los manifestantes, provenientes de las regiones andinas, enarbolaron wiphalas en detrimento de la bandera nacional blanquirroja. Lima, una ciudad culturalmente mestiza y criolla, no entiende de identitarismos indigenistas, a los que no solo ve como exóticos, también como alienados y antipatrióticos, pues la sombra de Evo Morales es bastante evidente.
En otras ciudades del norte peruano, como Piura y Trujillo, apenas se sintieron los paros y berrinches de las masas acéfalas. Los grupetes que se atrevieron a marchar con sus banderolas rojas y trapos multicolores ―una vez más, la wiphala―, fueron ignorados. Y eso es lo que más les duele: la indiferencia.
Olvidaron que Lima y el norte peruano, a diferencia del sur andino, está mucho más integrado a la cultura hispana y mestiza, que, con sus errores ―y horrores―, casi siempre vota a la derecha y centroderecha, y el nombre de Pedro Castillo y sus 17 meses de desgobierno solo provocan escozor y náusea. Total, estas regiones se decantaron por Keiko Fujimori y Lima eligió a Rafael López Aliaga, un empresario católico y conservador, como alcalde.
Sin embargo, sería un error creer que, porque el norte resistió la avalancha de odio y revancha de los aliados de Pedro Castillo, tendría que abandonarse el sur peruano a su suerte, sometido al terror de los que organizan y exigen que se acate el paro, bajo amenaza de muerte y saqueo en caso se incumpla.
No puede olvidarse, ni tampoco dejar impune, que grupos radicales azuzaron a las masas enardecidas y las lanzaron contra las autopistas, aeropuertos, comisarías y cortes judiciales. Que se saquearon galerías comerciales, que se hicieron forados para que no aterrizaran ni despegaran los vuelos humanitarias y de abastecimiento, que se impidió pasar ambulancias que llevaban enfermos de gravedad, que se quemó vivo a un policía en su vehículo.
Cusco, capital arqueológica inca y «joya de la corona» del turismo peruano, pierde 10 millones de soles al día (2 millones de euros) por los bloqueos de carreteras y acciones violentas que van desde intentar tomar el aeropuerto hasta apedrear ambulancias que trasladan pacientes.
Según informes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 50.000 personas han perdido sus empleos en Cusco. Cabe recordar que la región cusqueña tiene una población de 600.000 habitantes, de los cuales 150.000 están relacionados directa e indirectamente con el turismo.
Ante la desesperación por los bloqueos, algunos cusqueños exigen al Ejército que intervenga para desalojar a los manifestantes que prácticamente tienen sitiada la vieja capital inca. Hace unos días, en un enlace radiofónico con un dominical, llegaron a advertir que tomarían la justicia por sus propias manos si es que las autoridades no les respondían.
A estas cifras habría que añadir las proyecciones del Banco Central de Reserva, que estima que, en el primer semestre de este año, Perú perderá US$600 millones por la falta de turistas internacionales como consecuencia de las protestas. Y es que muchas embajadas y cancillerías extranjeras han advertido a sus ciudadanos que no visiten Perú por la inestabilidad política.
Otras ciudades como Ica, Puno y Madre de Dios han sido prácticamente aisladas del resto del país por turbas irracionales, y si bien la Policía y el Ejército han realizado operativos conjuntos para liberar las carreteras, resulta muy difícil recuperar el principio de autoridades cuando el Gobierno toma decisiones ambiguas y no respalda a los agentes del orden.
Puno y Madre de Dios son dos ejemplos de cómo la república peruana ha fracasado en su misión de integrar al país y tener control sobre el territorio. En ambas reinan a su antojo el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. No sorprende, entonces, que en estas localidades haya muerto calcinado un agente de la Policía Nacional y un gobernador haya tenido que atrincherarse y usar su arma para defenderse de quienes pretendían quemar su casa y, probablemente, lincharlo.
Mientras las masas irracionales marchan, repiten eslóganes y ondean wiphalas, los autores intelectuales de la revuelta salivan por expulsar a la vieja oligarquía peruana del poder y ocupar sus asientos para mandar y enriquecerse, que eso de querer salvar al país o mejorarlo es solo un cuento que se creen los ingenuos que marchan al matadero.