Edgar Otálvora,
A los efectos del gobierno de EEUU, en Venezuela no existe un gobierno reconocible. Si bien el gobierno Biden mantiene su posición de considerar a la menguada Asamblea Nacional electa en 2015 como la única institución democráticamente electa en Venezuela, igualmente no la acepta como un hipotético “gobierno parlamentario”.
El 30DIC22, tres de los cuatro partidos que servían de base de apoyo al “gobierno provisional” encabezado Juan Guaidó en calidad de presidente de la Asamblea Nacional, optaron por elegir una nueva junta directiva. Simultáneamente acordaron disolver el “gobierno provisional” y dejar sin efecto todas las designaciones realizadas por Guaidó, afectando directamente al aparato de relaciones internacionales. La decisión de poner fin al “gobierno provisional” fue movilizada por varias cabezas opositoras que veían en Guaidó un competidor ante las inciertas elecciones presidenciales del 2024.
Los partidos opositores venezolanos mantienen permanente contacto con voceros del gobierno de EEUU, especialmente con el embajador James Story quien desde Bogotá ejerce como jefe de la Oficina Externa de EEUU para Venezuela. Versiones que corren en Washington y en Caracas sugieren que algún o algunos funcionarios
del alto gobierno estadounidense habría garantizado que, en caso de prosperar el plan para finalizar el “gobierno interino”, continuaría el reconocimiento a la Asamblea Nacional y a quienes designara para representarla en Washington. Los conjurados contra Guaidó supusieron (o quisieron suponer) que el status existente en las relaciones formales entre el “gobierno provisional” y la Casa Blanca se mantendría.
La decisión del 30DIC22 fue particularmente impactante en el caso de las relaciones con EEUU, el principal respaldo extranjero de la oposición venezolana en cuanto a apoyo político, financiamiento y protección de activos. Carlos Vecchio contaba con el reconocimiento oficial del gobierno de EEUU, como Embajador de Venezuela, desde que Donald Trump recibió sus credenciales diplomáticas en una formal ceremonia en la Casa Blanca el 08ABR19. Tras la decisión de la Asamblea Nacional de cesarlo en sus funciones, Vecchio notificó al Departamento de Estado el fin de su misión en Washington cumpliendo así su última actividad oficial. Mientras, desde Caracas llegaba la información sobre la designación de un “representante” ante el gobierno de EEUU de nombre Fernando Blasi. La Asamblea Nacional decidió nombrar una junta directiva con tres parlamentarias quienes se encuentran fuera de Venezuela en calidad de exiliadas y que presiden una suerte de “gobierno legislativo”. A su vez, la AN designó un “comité de administración y protección de activos del país en el exterior” del cual forma parte Blasi y una “comisión de asuntos exteriores”.
El 01FEB23, tanto Vecchio como el ahora exrepresentante permanente de Venezuela en la OEA, embajador Gustavo Tarre Briceño, ambos cesados en sus funciones por la AN, hicieron entrega a Blasi de las instalaciones oficiales en Washington. Posteriormente, el Departamento de Estado habría notificado al representante del “gobierno legislativo” la posición oficial de EEUU en cuanto no concederle la condición de representante diplomático de Venezuela. Una primera consecuencia ha sido la exigencia por el gobierno de EEUU a Blasi para que entregara las edificaciones que el estado venezolano posee en Washington como
sede de su Embajada, de la Residencia oficial del Embajador y de la residencia del representante permanente ante la OEA. El 03FEB23 el gobierno de EEUU habría tomado posesión de las edificaciones venezolanas, basado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Esa convención vigente desde 1964 establece que “en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal, el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger (…) los locales de la misión, así como sus bienes y archivos”. En resumen, a los efectos del Departamento de Estado no existe misión diplomática venezolana en EEUU en razón de no existir un gobierno que represente al Estado venezolano que puediera acreditar diplomáticos ante la Casa Blanca.
En el caso de la OEA, la situación fue expresamente explicada por Tarre Briceño en un texto que difundió el 10FEB23: “Esta circunstancia [desaparición del gobierno interino] es de especial importancia ya que el artículo 80 de la Carta de la Organización de Estados Americanos establece que su Consejo Permanente está integrado por “un representante por cada estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo”. No existiendo gobierno en Venezuela, no puede haber un representante permanente ante la OEA.
El impacto de la no existencia de un gobierno en Venezuela reconocido por EEUU (¡y el Reino Unido!) está creando nuevas condiciones para que acreedores del estado venezolano avancen sobre activos de la República situados en el exterior. Dueños de bonos de deuda pública venezolana y consorcios internacionales que se sienten perjudicados patrimonialmente por el chavismo están a la caza de activos como la petrolera Citgo que sólo permanece protegida por la decisión política de los gobiernos de EEUU con bases legales difíciles de prolongar por mucho tiempo más.
Lula da Silva llegó a Washington el 09FEB23 invitado por Joe Biden para sostener una reunión de trabajo que retomara las relaciones entre los dos países luego del virtual congelamiento provocado por la distancia simultáneamente impuesta por Biden y Jair Bolsonaro. Para Lula se trataba de la oportunidad de mostrar su regreso
a la escena mundial, mientras para Biden fue su manera de ratificar la línea de no confrontación y de cooperación condicionada con los gobiernos de izquierda que están proliferando en el Continente.
El brasileño visitó una vez más la Casa Blanca donde antes había sido invitado por George W. Bush y Barack Obama. Y una vez más, Lula se presentó como el virtual interlocutor entre EEUU y los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, rol que los “muchachos” de Biden creyeron infructuosamente que podría ejercer el argentino Alberto Fernández.
Además, Lula llevó a la mesa de Biden temas como el cambio climático, el racismo, la defensa de la democracia ante ataques de la derecha radical y la guerra en Ucrania con los cuales buscaba sintonía con la actual Casa Blanca. Lula llegó a la EEUU tras anunciar en Brasilia su idea de promover un grupo de países que sirvan de intermediarios entre Ucrania y Rusia para negociar paz, propuesta que no habría sido comprada por los anfitriones en Washington. La posición “neutral” de Brasil ante la invasión rusa a Ucrania, establecida por Bolsonaro y continuada por Lula, no resulta del agrado de la diplomacia estadounidense. De hecho, en la declaración conjunta emitida por Biden y Lula, los negociadores estadounidenses exigieron un lenguaje donde no quedara duda sobre la culpabilidad de Rusia en la “violación de la integridad territorial de Ucrania”.
La visita de Lula a Washington no causó el impacto esperado por el brasileño. El apoyo financiero que Lula buscaba para un fondo de preservación de la Amazonía apenas quedó como una promesa de Biden para procurar recursos ante el Congreso. La declaración conjunta es una lista de propósitos genéricos en materia ambiental, comercial, de “trabajar juntos para fortalecer las instituciones democráticas” y “la coordinación en temas como la inclusión social y los derechos laborales, la igualdad de género, la equidad y justicia racial, y la protección de los derechos de las personas LGBTQI+”. Ninguna declaración expresa sobre los gobiernos dictatoriales del Continente fue hecha durante el encuentro.
Por cierto. Llamó la atención que la primera dama de EEUU, Jill Biden, no estuviera presente al momento cuando su marido recibió a la pareja presidencial brasileña.
Para que no quedara duda sobre las tendencias políticas de Lula, antes de concurrir a su cita en la Casa Blanca el brasileño quien fue alojado en la presidencial Blair House, realizó dos actividades en las cuales sostuvo reuniones con figuras de la izquierda radical del Partido Demócrata. El primero en llegar a la residencia presidencia “Blair House” fue el senador Bernie Sanders quien al salir del encuentro habló con la prensa y afirmó que con Lula se proponía “fortalecer las bases democráticas no solo en Brasil y en EEUU, sino en todo el mundo». Sanders equiparó a Donald Trump con Jair Bolsonaro calificándolos de “extremistas de derecha”. Luego sería el turno de un grupo de representantes del ala “progresista” del Partido Demócrata que sostuvieron encuentro con Lula y su comitiva. Entre los visitantes estaban los representantes Alexandria Ocasio-Cortez, Pramila Jayapal, Ro Khanna y Sheila Jackson Lee.
Tras conversar con Sanders, Lula tenía ya la certeza que atacar a Jair Bolsonaro ante Biden le ganaría simpatías del inquilino de la Casa Blanca. Durante la sesión de fotos en la Oficina Oval, ante la prensa, antes de la reunión de trabajo, Lula da Silva se quejó ante Biden de su antecesor Bolsonaro: “usted sabe, señor presidente, que Brasil se automarginó durante cuatro años. Al expresidente no le gustaba mantener relaciones internacionales con ningún país. Su mundo comenzaba y terminaba con noticias falsas, por la mañana, por la tarde y por la noche. Parece que despreciaba las relaciones internacionales”… Biden lo interrumpe y dice “Me suena familiar” y lanzó una carcajada. Lula facilitó a Biden darle un golpecito a Trump.
El Grupo de Puebla, la organización continental de izquierda creada en 2019, ha colocado a varios de sus miembros fundadores en cargos de alta relevancia en el nuevo gobierno de Brasil.
Lula da Silva participó en la fundación del Grupo, en ausencia, desde la cómoda habitación donde purgaba condena por corrupción. Con su llegada a la Presidencia de Brasil el 01ENE23 el Grupo de Puebla cuenta con miembros y asociados al
frente de los gobiernos de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y México, además de formar parte de la alianza de gobierno en España.
El excanciller Celso Nunez Amorim, fundador del Grupo de Puebla y representante de Lula en el exterior durante los últimos años, fue designado como “Asesor Jefe de la Asesoría Especial” del Palacio de Planalto, desde donde se encargará de continuar ejerciendo como asesor directo y operador internacional de Lula. Acostumbrado a dirigir una diplomacia paralela a la cancillería de Itamaraty, Lula entregó esa responsabilidad a Amorim quien cuenta con su propia red de relaciones políticas y diplomáticas. Durante la visita de Lula a Buenos Aires del 23-24ENE23, donde el brasileño realizó múltiples reuniones masivas y privadas con socios políticos de diversos países, fue Amorim y no el canciller Mauro Vieria quien acompañó al Presidente. Durante la visita a Washington también estaba presente Amorim, actuando en la práctica como un segundo ministro de exteriores. En la fotografía oficial del encuentro Lula-Sanders, Amorim posó a la derecha de Lula.
La política exterior del gobierno Lula está claramente entroncada con el Grupo de Puebla mediante Amorin.
Miembros fundadores del Grupo de Puebla tomaron control del aparato económico y financiero del estado brasileño. Fernando Haddad, quien fue ministro de Educación de Lula durante siete años y candidato presidencial en 2018 ante la imposibilidad de lanzar al Lula encarcelado, ahora es el Ministro de Hacienda. Desde la definición de la política económica hasta el control de todo el aparato financiero del Estado, incluyendo la importante red de bancos públicos, ahora está en manos del economista Haddad.
El Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, brazo financiero de Brasil para financiamiento de empresas, el cual fue utilizado masivamente por los gobiernos del PT para beneficiar a empresas constructoras brasileñas y a gobiernos
extranjeros izquierdistas, también fue colocado bajo control directo del Grupo de Puebla. El economista Aloizio Mercadante, fundador del PT en 1980 y del Grupo de Puebla fue designado presidente del BNDES. Mercadante es, junto al colombiano Ernesto Samper Pizano, uno de los cuatro miembros del “Consejo Político” del Grupo de Puebla.
La abogada Carol Proner, esposa del cantautor Chico Buarque y fundadora del Grupo de Puebla fue designada “Asesora para Asuntos Internacionales” del BNDES. Proner junto al español Baltazar Garzón, entre otros, integra el “Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia”, un apéndice del Grupo encargado de prestar asistencia jurídica a los miembros y asociados del propio grupo.
La colonización del aparato financiero internacional del gobierno de Brasil es particularmente relevante para el Grupo de Puebla. Lula ya anunció que el BNDES volverá a otorgar créditos a empresas constructoras brasileñas para ejecutar obras en países de la región, es decir, a favor de gobiernos políticamente aliados. El argentino Alberto Fernández, también fundador del Grupo de Puebla, aspira que el BNDES financie un gasoducto. La hondureña Xiomara Castro, esposa del fundador del Grupo de Puebla Manuel Zelaya, aspira que el BNDES financie un plan de represas.
Evo Morales está propiciando el derrocamiento de su compañero de partido y presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Diversos dirigentes del MAS han dado cuenta, en las últimas semanas, de las instrucciones dictadas por Morales en diversos encuentros partidistas para que sus militantes realicen acciones de protesta contra el gobierno de Arce. Morales, quien aspiraba actuar como suerte de cogobernante, mantiene una lucha intestina por el control del partido. Desde el gobierno ha surgido un “ala renovadora” encabezada por el vicepresidente David Choquehuanca que pretender dejar a un lado el liderazgo de Morales. Choquehuanca fue ministro de Exteriores del gobierno de Morales y ejerció como Secretario General del grupo de gobiernos castrochavistas ALBA.
Morales se propone impedir la reelección de Arce o la postulación de Choquehuanca para las elecciones presidenciales del lejano 2025. Ya Morales se dejó ver el 09FEB23 con una camiseta que anuncia una nueva presidencia en el lapso 2025-2030.
El enfrentamiento entre Morales y Arce comienza a crear roces en el interior de la alianza castrochavista continental.