El regreso de los impuestos federales sobre la gasolina ya es casi un hecho en Brasil. A partir del 1 de marzo, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva espera recaudar, a través de las tarifas que se cobrarán a la población, unos 28900 millones reales (más de 5550 millones de dólares), equivalentes a cerca del 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). Pobres o ricos, todos deberán pagar el aumento de 0,69 por litro que estima la Asociación Brasileña de Importadores de Combustible (Abicom).
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, confirmó la decisión aunque aún debe definir el porcentaje exacto para el cobro de los impuestos sobre la gasolina y el etanol. Sin embargo, se sabe que tanto el diésel como el gas de cocina seguirán estando exentos del PIS/Pasep, Cofins (Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social) y Cide (Contribución para la Intervención en el Dominio Público).
Este es uno de los primeros pero contundentes cambios en comparación al pasado gobierno conservador de Jair Bolsonaro, quien eliminando estos impuestos, contribuyó a que el país alcanzara la mayor deflación en 42 años. Eliminar esta presión fiscal para todos los sectores de la población y para transportistas dentro de la cadena de producción garantizó una recuperación económica a niveles prepandémicos.
El objetivo de Lula
Si de algo ha servido el tema de los impuestos federales a la gasolina, es para evidenciar la disonancia que existe entre los petistas en cuanto al camino económico por el cual pretenden llevar a Brasil. Hubo contradicciones y roces antes de que Lula da Silva asumiera porque unos respaldaban la exención firmada durante el gobierno de Bolsonaro, mientras que otros exigían terminarla. Al final, el nuevo mandatario prorrogó la medida provisoria por 60 días el 1 de enero y eso no gustó a su ministro de Hacienda.
Para ese momento, el portal Veja mencionaba que el cambio en la decisión del mandatario habría ocurrido bajo la influencia de la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffman, y del designado presidente del BNDES, Aloizio Mercadante. Esto, llevándole la contraria a Fernando Haddad. También se daba a conocer por esas fechas que la exoneración del diésel se daría por un año. Es decir, si bien este último no aumentará a partir del 1 de marzo, sí lo hará más adelante, lo cual demuestra que la vida se encarecerá durante el gobierno de Lula en varios aspectos.
Por otro lado, con la reanudación de las tarifas, el gobierno socialista presiona a Petrobras para que cambie su política de precios. Según O Antagonista, la idea «es desvincular el valor de la gasolina al dólar y establecer un fondo de garantía para el precio del combustible en Brasil».
Impacto sobre los pobres
Para dar el sí o no sobre la medida provisoria hubo una reunión en la mañana del 27 de febrero entre Lula da Silva, Haddad, el ministro de la Casa Civil, Rui Costa (PT) y el presidente de Petrobras, Jean Paul Prates. Pero no hubo acuerdo sobre las tasas que traerán los impuestos federales. Eso obligó a pautar otro encuentro.
Pero eso no ha sido lo único en las últimas horas. A lo interno del Partido de los Trabajadores (PT) sigue el rechazo hacia el regreso de los impuestos. El argumento, de acuerdo a la agencia EFE, es que habría un impacto directo sobre las clases más pobres. Y ciertamente, así será.