WASHINGTON- La Corte Suprema de Estados Unidos examina este martes una controversial medida del gobierno de Joe Biden para anular parte de la deuda estudiantil, un asunto con grandes implicaciones económicas y severas críticas.
«Este alivio es fundamental para más de 40 millones de estadounidenses mientras se recuperan de la crisis económica causada por la pandemia», tuiteó Biden. «Confiamos en que es legal», añadió.
Lamar Brooks, de 22 años, un afroestadounidense de Baltimore, contó que tiene una deuda de 18.000 dólares y esta cantidad aumentará porque prevé seguir estudiando para graduarse de psiquiatra.
«Podría beneficiarme, y también ayudará a otras minorías», dijo, porque la deuda estudiantil es una «carga financiera generacional».
A las 10:00 de la mañana, los nueve magistrados empezaron a interrogar a los representantes de la administración que quieren aligerar las deudas contraídas por millones de estudiantes. Sus detractores lo consideran un abuso de poder de altísimo costo.
La sentencia, que se espera antes del 30 de junio, tendrá un impacto directo en las finanzas de los exestudiantes. Pero la Corte, de mayoría conservadora, se regirá por la ley y no por las intenciones y extralimitaciones de poder que han caracterizado al gobierno de Biden, desde su primer día en la Casa Blanca.
Casi 43 millones de estadounidenses tienen que reembolsar préstamos estudiantiles federales por un monto total de 1,6 billones de dólares.
Al comienzo de la pandemia de COVID-19, el gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021) suspendió el reembolso de esos créditos debido a la parálisis económica. Lo hizo gracias a una ley de 2003 que permite «aliviar» a los tenedores de deuda estudiantil en caso de «emergencia nacional».
Vigencia de la medida
El gobierno de Biden anunció que condonaría 10.000 dólares a aquellos que ganen menos de 125.000 dólares al año, y 20.000 dólares a los antiguos becarios.
La Casa Blanca contabiliza 26 millones de solicitudes, lo que equivale a una factura total para el Estado de 400.000 millones de dólares.
La justicia bloqueó la aplicación de la medida después de ser denunciada por una coalición de estados con gobiernos republicanos, pero también por dos estudiantes que no pueden acogerse al descuento de 20.000 dólares.
Acusan a la administración demócrata de haberse excedido en sus facultades con el pretexto de la pandemia y de haber destinado dinero de los contribuyentes sin consultar al Congreso. Alegan que la ley de 2003 prevé el posible congelamiento de la deuda, no su cancelación.
«Una vez más la Corte debe impedir que la administración invoque ilegalmente el COVID-19 para afirmar un poder más allá de lo que el Congreso podría haber concebido», alegaron el estado de Nebraska y sus aliados en argumentos enviados a la audiencia.
«Estamos seguros de que tenemos la autoridad legal» para actuar, respondió este lunes en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, recordando que el objetivo final del programa es «dar un respiro a decenas de millones de estadounidenses en todo el país».
Pero la Corte ha infligido varios reveses a la administración demócrata, invalidando las medidas tomadas para bloquear los desalojos de alquileres durante la pandemia o para obligar a ciertas poblaciones a vacunarse.
En un intento por evitar un nuevo desaire, el gobierno demócrata alega que los demandantes no tienen derecho a emprender acciones legales porque «no sufrieron ningún perjuicio».
Pide a la Corte que desestime la demanda, sin pronunciarse sobre el fondo.
Otras voces hostiles a los persistentes intentos de control del gobierno de Joe Biden y su agenda de extrema izquierda esperan que el templo de la ley estadounidense aproveche este asunto para cortarle las alas al gobierno federal.
«Este caso ofrece una oportunidad pertinente para fortalecer las barreras constitucionales que impiden que las agencias administrativas y los departamentos del ejecutivo ejerzan funciones legislativas», escribió al tribunal la Cámara de Comercio, una organización de empresarios, pidiéndole que insista en que «no pueden tomar una decisión política importante sin la autorización expresa del Congreso».
El Máximo Tribunal revisó el caso en junio pasado y ubicó legalmente los poderes de la Agencia de Protección Ambiental, que se había extralimitado en sus funciones.
Si la refuerza, el gobierno de Biden podría verse incapaz de seguir con sus abusos de poder en temas importantes que requieren la aprobación del Congreso.