MIAMI – A sus 26 años, Moisés Leiva Chavarría, ha vivido los peores años de su vida, es uno de los 222 expresos políticos desterrados por el régimen de Daniel Ortega, pasó más de cuatro años en las mazmorras de la dictadura donde fue golpeado y torturado, pero jamás imaginó que al llegar a Estados Unidos se encontraría con uno de sus verdugos trabajando en un restaurante nicaragüense en el suroeste de la ciudad de Miami.
Ese tipo de hechos no son desconocidos en el sur de la Florida, donde se concentra gran parte de exiliados de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El régimen castrista ha infiltrado las organizaciones del exilio en innumerables ocasiones. Uno de los últimos episodios se conoció en febrero, represores cubanos han arribado a Miami gracias a los vínculos migratorios entre el dictador Daniel Ortega y el designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, denunció la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba que dio a conocer los expedientes de los agentes infiltrados del castrismo.
El presunto verdugo de Leyva, que hasta ahora solo ha sido identificado como Cristian, es originario de Sébaco, Matagalpa, fue colaborador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y funcionario del Sistema Penitenciario Nacional, una dependencia del tenebroso Ministerio de Gobernación, y habría entrado a Estados Unidos por la frontera de Texas, hace más de cuatro meses.
La política de puertas abiertas de la actual administración de la Casa Blanca le habría permitido ingresar sin ser investigado, política que cambió el 5 de enero pasado para tres nacionalidades Cuba, Nicaragua y Haití, que se sumaron al programa de “parole humanitario” que ya había designado el gobierno de Joe Biden para los venezolanos.
Originario de la ciudad de Matagalpa, en el norte del país, Leiva fue expulsado de Nicaragua el 9 de febrero junto a otros 221 opositores presos. Fue sacado de la celda, trasladado al aeropuerto para abordar un avión con destino a Washington.
El joven fue detenido en dos ocasiones por el régimen. La primera vez fue en septiembre de 2018, por participar en las protestas, fue liberado en abril de 2019, y recapturado por la Policía en septiembre de ese mismo año. Esa vez fue condenado a 22 años de prisión y ya había cumplido tres años y 4 meses de cárcel antes de ser desterrado.
Leiva no tiene familia en Estados Unidos y por eso aceptó viajar de Washington a Miami, fue llevado a un conversatorio al restaurante con otros expresos desterrados y se llevó la sorpresa de su vida.
“Se llama Cristian”, señala el joven. Recordó que, en 2020, los presos protestaron en el calabozo cerca de la medianoche debido a las malas condiciones. “Él estaba de turno con otros guardias”, apuntó. Las alarmas sonaron en el penal y llegó el refuerzo de agentes que logró controlar la protesta de los presos. Leiva estuvo entre los heridos.
“Eran como 150 guardias, pasé 20 días en el hospital, después de eso me metieron en los calabozos, ahí estuve ocho meses en la celda de castigo”, relató.
La golpiza le dejó lesiones en un brazo, en la rodilla, y en la cabeza donde recibió seis puntos de sutura debido a las heridas causadas por los golpes con ‘amansa bolos’. “Como es grandote, me metió una patada en la espalda que me hizo irme de boca”, refiere sobre el exfuncionario penitenciario que al parecer cuenta con el respaldo de la administración del restaurante que lo contrató.
Otros expresos políticos se sumaron a la denuncia. Uno de ellos, que prefirió no ser identificado, asegura que han interpuesto la denuncia ante las autoridades y que tienen evidencias del exfuncionario al que califican de “criminal torturador de algunos presos políticos. Tenemos como testigo a cinco excarcelados políticos y 2 periodistas”, aseguró.
La permanencia del exfuncionario en Estados Unidos estaría prohibida por una Acción Ejecutiva del presidente Biden para funcionarios del régimen sandinista de todas las dependencias del Estado, entre los que incluye a “funcionarios de la administración penitenciaría de Nicaragua”, dice la ordenanza Ejecutiva en su inciso D, emitida el 16 de noviembre de 2021.
A Leyva Chavarría le fue asesinado su hermano menor José Leyva Chavarría de 17 años, de un disparo en el cabeza perpetrado por un para-policía, en mayo de 2018, en medio de las protestas, según reportes de organismos de derechos humanos y periodísticos; mientras, su hermana Reina Leiva, que le llevaba los alimentos a la cárcel, está detenida por la dictadura.
Organismo denuncia
Entre tanto, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció en conferencia de prensa la presencia de paramilitares sandinistas, responsables directos de la represión y tortura contra el pueblo de Nicaragua “que han ingresado a este país por diversos puestos fronterizos”.
“Estos violadores a los derechos humanos, se infiltran como perseguidos políticos y promotores del deporte, pero en realidad, son responsables directos de crímenes lesa humanidad contra más de 300 nicaragüenses durante las protestas de 2018, mientras apoyaban fielmente a la dictadura sandinista”, dijo en un comunicado la organización que envió a los medios de comunicación.
Plantados entre los desterrados
Entre los 222 desterrados por la dictadura sandinista se encuentran siete presuntos “expresos” políticos, entre ellos un paramilitar, altos exfuncionarios de la Corte Suprema de Justicia y militantes de la Juventud Sandinista, detenidos apenas semanas antes del destierro. Algunos nicaragüenses los identifican como «falsos presos políticos».
Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como el “Chino Enoc” es un paramilitar sandinista confeso, exguerrillero, defensor de Ortega, y admirador del Che Guevara, es uno de los desterrados.
Cayó en desgracia en 2022 por criticar a Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta designada, pero decía que no quería que le perdieran el respeto a Daniel Ortega. Fue detenido en mayo de 2022, y condenado el 20 de noviembre a casi 13 años de cárcel, acusado por la dictadura de tráfico de drogas y armas. Fue enviado al Chipote, la cárcel de la policía donde el régimen mantenía a una cuarentena de opositores, los más mediáticos.
A casi tres meses de dictada la condena, el paramilitar fue desterrado. Ha sido bien recibido por el sandinismo disidente que gobernó con Ortega durante la primera dictadura (1979-1990). Hoy en Estados Unidos, el Chino Enoc, se define como “expreso político” y niega haber sido parapolicía, aunque confesó en una entrevista con el diario La Prensa, haber participado como paramilitar en la represión del régimen durante las protestas de abril de 2018, que dejó un saldo de al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos, centenares de presos políticos y miles de exiliados.
Otro de los presuntos “plantados” sería José Ricardo Múñoz López, alias “Richard Hodgson”, quien habría sido miembro de la Juventud Sandinista 19 Julio, grupo paramilitar del régimen. Es señalado de haberse infiltrado en los tranques durante las protestas y haber entregado a la policía el listado de los manifestantes, y posteriormente infiltrarse en la Alianza Cívica. Fue detenido tres semanas antes de ser desterrado a Estados Unidos.
En entrevista a las Voz de América dijo ser miembro y director de Relaciones Internacionales de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), organización integrada por “Contras”, que combatieron al régimen sandinista en la década de los 80. A pocas horas de llegar a Estados Unidos dijo que regresaría a Nicaragua, sus declaraciones fueron despliegue de titulares en los medios de comunicación. Luis Fley, negó que Múñoz sea parte de la organización.
El exalcalde del municipio de Jalapa, Humberto Pérez Largaespada, secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). acusado de ser paramilitar durante la operación limpieza en el norte del país, un protegido de Ortega por mucho tiempo, y señalado crímenes. Cayó en «desgracia» en septiembre de 2022, porque supuestamente no fue considerado como candidato a la alcaldía en las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega se adjudicó el 100% de las alcaldías del país. Hoy se encuentra «desterrado» en Estados Unidos como un “expreso político”
Otro de los desterrados es el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Larios, en férreo defensor de Ortega detenido el 16 de octubre de 2022, se caracterizaba por ser déspota con los periodistas de medios de críticos del régimen. Fue desterrado por Ortega el 9 de febrero y se rehúsa a dar declaraciones. Fuentes aseguran que Larios radicara junto a sus hijos que ya residían en Estados Unidos.
Otros de los desterrados sandinistas son María José Camacho, asistente de la presidenta del CSJ, Alba Luz Ramos; Hans Camacho, responsable de Informática de la CSJ, involucrado en las actividades represivas; y Moisés Astorga Sáenz, asesor principal de la presidenta de la CSJ, miembro de la Juventud Sandinista y sobrino de Nora Astorga, exdiplomática de la primera dictadura sandinista, y elemento clave en la “celada sexual” del FSLN al general de la Guardia Nacional, Reynaldo Pérez Vega, asesinado atrozmente el 8 de marzo 1978, por la guerrilla sandinista, un crimen que la inmortalizó.
La ambigüedad de la administración Biden
El gobierno de EEUU permitió el ingreso el ingreso de tres represores que integran la Federación Nicaragüense de Béisbol (Feniba), pese a la prohibición que establece la Orden Ejecutiva.
Se trata del comisionado general de la Policía Julio Sánchez, pese a que ese organismo enfrenta sanciones por la represión durante las protestas; el alcalde del municipio el Rosario, Ebert López, y el médico ortopedista y paramilitar Edgard Zapara Arévalo, que publicaba fotos con un arma con mira telescópica de alto calibre durante las protestas de abril.
Los tres son parte de la selección de Nicaragua que participa en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, en Estados Unidos. La presencia de las tres fichas del régimen ha causado repudio de los nicaragüenses en el exilio.
Infiltración sandinista
La infiltración del sandinismo en Miami es de vieja data a través del deporte, la cultura y el hipismo.
El hijo de Daniel Ortega, de quien se dice es su posible sucesor, Laureano Ortega Murillo, financiaba la liga de béisbol que dirige Javier Sequeira, integrada por equipos que juegan en la avenida 22 y la calle 54 en el North West. Ortega Murillo entregó uniformes e implementos deportivos a los integrantes de la liga en el Consulado de Nicaragua en Miami, en abril de 2010, tres años después del retorno de la dictadura sandinista al poder.
Durante la entrega del donativo, Ortega Murillo posaba para las fotos junto a los peloteros. En otros momentos al hijo del dictador se le vio visitar la liga en el campo de juego y posar para las fotos junto al entonces cónsul Luis Martínez, un operador de la dictadura a quien todavía se le permite el ingreso a Estados Unidos.
Consultado sobre el tema, Miltón González, activista nicaragüense en Miami, dijo que la infiltración de sandinistas se conoce más desde el homenaje de los hípicos al exjefe del Ejército y vicepresidente de Nicaragua, Omar Hallesleven, en 2011, en tiempos que el exmilitar andaba en campaña política.
“Todavía esta funcionando la liga de béisbol de Laureano Ortega, en el parque de la calle 54, todo eso ha sido intento del FSLN de infiltrar, lo hicieron poco a poco, y a partir del 2018, vieron otra oportunidad y están aprovechando para infiltrar a los agentes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS, hoy Unamos), que es lo mismo que el FSLN, esto no es orteguismo, ni murillismo, se llama sandinismo en cualquiera de sus colores, ese es el cáncer que está carcomiendo Nicaragua”, aseveró González.
“Ahora estamos viendo en Estados Unidos a personajes como Dora María Téllez (quien fue cercana aliada de Ortega y su hermano Humberto Ortega y fundadora del MRS, a quien EEUU le prohibió entrada por ‘terrorismo’, citando como prueba el asalto al Palacio Nacional de Nicaragua en 1978, en el que murieron 4 personas), y al Chino Enoc”, apuntó el activista en Miami.
“Tenemos conocimiento que venían varios infiltrados en el avión como prisioneros políticos y están hospedados en Miami”, acotó González.
En 2011, el entonces candidato a la vicepresidencia de Nicaragua por el FSLN y fórmula presidencial de Ortega, el exjefe del Ejército, Omar Hallaslevens, fue homenajeado por el Club Hípico de la Florida, junto al Consulado en Miami, durante la campaña electoral.
La presencia del militar en retiro ocasionó protestas que dejaron un saldo de dos golpeados y un detenido, un caso que terminó en Corte. El hipismo se dividió y los que homenajearon al cabecilla sandinista en Miami crearon el club Hipicolandia, cuyos representantes viajan sin problemas a Nicaragua.
Mientras, el entonces diputado sandinista Evert Cárcamo, que participó en la agresión de los que protestaban contra la presencia de Halleslevens en Miami, logró infiltrarse en grupos culturales y funcionarios electos a través de operadores del sandinismo en Miami.
Cárcamo consiguió a través de un operador del sandinismo en Miami, que la alcaldía de Miami le otorgara reconocimiento a Hosman Balmaceda, un representante de la cultura en Nicaragua, aliado de Ortega. El reconocimiento les fue retirado por la ciudad tras conocer los vínculos de Balmaceda y Cárcamo con la dictadura sandinista. El sandinismo también gestionó ante algunas alcaldías del sur de Florida, declarar el día de Nicaragua, en un intento de hacerse visible.
Una investigación de Diario Las Américas en 2014, reveló la creación de la organización “sin fines lucro” Compañeros de Jesús de Nazaret, cuya directiva era presidida por el sacerdote jesuita de origen cubano, Eduardo de Zayas, también integrada por agentes de la Seguridad del Estado de Nicaragua como Pedro Joaquín Morales, dos exescoltas de Daniel Ortega, Mario Meza Hernández y Marlon G. Rueda, ambos radicados en Miami; y directivos del FSLN en Florida.
El sacerdote, el rostro de la fundación “religiosa” organizada por el Consulado de Nicaragua en Miami, tiene un largo historial de acercamientos y simpatías con el régimen de Fidel y Raúl Castro, movimientos de izquierda de América Latina como el FSLN y el FMLN, en El Salvador.