Sonia Schott,
Al menos tres presidentes estadounidenses han enfrentado juicios en el Congreso de la nación: Andrew Johnson (1865-1869), Bill Clinton (1993-2001) y Donald Trump (2017-2021).
Si bien la Constitución contempla que el Congreso puede destituir a un presidente por “crímenes graves y delitos menores” mediante un juicio político, como estuvo a punto de suceder con Richard Nixon en 1974, no dice si un presidente puede enfrentar un proceso penal en los tribunales, y la Corte Suprema no se ha pronunciado directamente sobre este tema.
En 1867, el estado de Mississippi presentó un caso contra el presidente Andrew Johnson por estar en desacuerdo con sus planes de reconstrucción. Esto ocurrió porque el Congreso había aprobado Leyes de Reconstrucción que el presidente Johnson vetó. El Congreso anuló el veto y el estado de Mississippi acudió directamente a la Corte Suprema para solicitar una orden judicial contra Johnson, bajo el argumento de que las mencionadas leyes eran inconstitucionales.
“En su decisión de Mississippi v. Johnson, la Corte Suprema estableció que el presidente está en gran medida fuera del alcance del Poder Judicial al sostener que no puede intervenir en sus decisiones por no tener jurisdicción sobre el desempeño de sus funciones oficiales”, según la Biblioteca del Congreso, en su página web.
En cuanto a Bill Clinton, el 12 de febrero de 1999, el Senado votó para absolver al mandatario de los dos artículos del juicio político: perjurio y obstrucción de justicia.
“La Corte Suprema nunca ha sostenido que un presidente sea inmune al enjuiciamiento penal. Es el Departamento de Justicia el que dice eso. La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia cree que existe tal regla en la Constitución porque una acusación penal y un enjuiciamiento y posterior castigo, incapacitarían efectivamente a la presidencia”, de acuerdo con Saikrishna B. Prakash, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia.
Pero ¿qué pasa cuando un presidente ya no está en funciones?
La reciente acusación contra el expresidente Donald Trump promete cambiar el rostro político de Washington, empezando por la campaña presidencial de 2024.
Tanto republicanos como demócratas se verán envueltos en debates enormemente divisivos que contribuirán a debilitar la institucionalidad del país.
La acusación de un Gran Jurado contra un expresidente por cargos penales hará que todo el país tome partido mientras los procesos judiciales se prolonguen durante meses, coincidiendo con los tiempos comiciales.
Trump ha calificado el proceso como una maniobra política de los demócratas y muchos en el Partido Republicano comparten esta posición, lo que hace inevitable que, cualquier evidencia que presente el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, contra Trump, sea calificada como una estrategia deliberada para impedir su reelección.
La única voz disidente hasta ahora ha sido el exgobernador de Arkansas, Assa Hutchinson, quien piensa disputarle la candidatura presidencial republicana al magnate.
Hutchinson dijo que «el gran jurado encontró causa probable y ese es el estándar para cualquier cargo criminal en nuestra sociedad».
Estos eventos pondrán a prueba el estado de la democracia en Estados Unidos.
Según Civic Way, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la gobernabilidad estatal y local “La confianza en las instituciones se está desplomando y nuestro apoyo al autoritarismo está creciendo, especialmente entre los jóvenes, menos educados y comprometidos políticamente. Los medios de comunicación se han vuelto cada vez más divisivos prefiriendo alimentar la acritud a brindar noticias, análisis e ideas objetivas. Demasiados ciudadanos han pasado, de unirse a grupos cívicos, a usar redes sociales que difunden desinformación, inflaman las quejas y desalientan el compromiso. El hiper partidismo y las primarias de baja participación están dando a los fanáticos políticos una influencia desproporcionada en ambos partidos, haciendo que el diálogo civil, el compromiso y la resolución de problemas sean más difíciles de alcanzar”.
Pero, qué pasa si Trump es condenado antes de noviembre de 2024, ¿podría todavía aspirar a la Casa Blanca? Constitucionalmente, al parecer, puede hacerlo. Pero ¿Qué sentirían los votantes y cómo vería el resto del mundo a Estados Unidos?
Mientras las preguntas son numerosas las respuestas son impredecibles.