En los pasillos del Palacio de La Moneda hay tensión. En las afueras, la población comenzó a exigir la renuncia del presidente, Gabriel Boric, por el asesinato de tres carabineros en 23 días y puertas adentro, partidos aliados lo instan a decretar Estado de Excepción para contener la crisis de inseguridad que ya acumuló el promedio de número de uniformados caídos anuales en menos de un mes. ¿Qué hará el mandatario? Prometer y negociar. No tiene más opciones.
Boric exhorta a una “tregua” para enfrentar la arremetida de delincuencia contra la policía. Sin embargo, sumar voluntades políticas en esa dirección no está fácil. “La crisis de seguridad que aflige al país tiene al Gobierno desfondado e inmovilizado y la incapacidad para tomar el control de la agenda augura que las cosas pudieran empeorar todavía más en las semanas que vienen”, vaticina el sociólogo chileno titular de estudios liberales de la Universidad de Nueva York en El Líbero, tras insistir en que “Boric debe dejar meridianamente claro que ya no es amigo de los que se saltan torniquetes -del metro- ni apologista de los presos de la revuelta o estallido social del 18 de octubre de 2019”.
Hacer ese giro tampoco luce muy verosímil, cuando el presidente arrastra un cúmulo de reproches vociferados en contra de los Carabineros durante su rol como diputado y dirigente estudiantil. Ahora, sus abrazos a las familias de los funcionarios caídos levantan críticas por el “cinismo, hipocresía e inmoralidad” de los gestos.
Recursos para zanjar las fricciones
Boric está en problemas con las tres muertes de los carabineros. Con un año en el poder sólo dos de sus 24 medidas del Plan Nacional de Seguridad Pública están en ejecución. Esto representa tan solo el 8 % del grueso de iniciativas. Mientras tanto, 15 de esas mismas disposiciones, equivalentes al 63% del programa, ni siquiera se han iniciado. El resto, que corresponden a tres iniciativas, están en proceso de ejecución.
Su escape es maniobrar con recursos estatales para neutralizar la ola en su contra. Para ello, recurre a la táctica de anunciar el plan “Calles sin violencia”, con una inversión de 1500 millones de pesos anuales que fortalecerán las capacidades de las policías, un monto que elevará a 40 % el presupuesto público asignado a todas las funcio nes relativas a la seguridad.
“Los carabineros mártires de la institución, son mártires de todo Chile”, alegó durante el anuncio donde invitó a desplegar “unidos” una “cruzada” contra el crimen organizado. Desesperación y angustia se conjugan en el discurso. No puede disimular. Menos cuando las muertes de los carabineros podrían provocar una aplastante derrota electoral de la izquierda en los comicios del próximo 7 de mayo, donde se escogerán a los 50 miembros del Consejo Constitucional que redactará por segunda vez un proyecto de Carta Magna.
El tiempo apremia y “la oposición, si ya era favorita para las elecciones de constituyentes, ahora tiene un camino más despejado”, indica ExAnte.
Un estado en debate
La oposición está consciente de la ventaja circunstancial. De hecho, diputados de Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, junto a los Republicanos e independientes, presentaron un proyecto de resolución en la Cámara solicitando decretar Estado de Excepción en Santiago, así como en las comunas de San Bernardo y Puente Alto.
La iniciativa logró 72 votos a favor, 55 en contra y 14 abstenciones. Con esta tendencia, los parlamentarios afectos a Boric presionan. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, indica que es “imprescindible no temerle ideológicamente a este tipo de propuestas, porque no necesariamente significa coartar la libertad de las personas”.
El mandatario piensa otra cosa. “Hemos pedido el Estado de Excepción, el Presidente ha dicho que no lo descarta pero que hoy no lo considera una opción”, reveló la senadora de Demócratas, Ximena Rincón.
Es una encrucijada para Boric. La Fiscalía está de su lado. El titular del Ministerio Publico, Ángel Valencia, anunció la implementación de “reglas más claras ante la identificación de extranjeros indocumentados” debido a su relación con los asesinatos de los Carabineros.
Desde ahora, todos los fiscales solicitarán que a todos los extranjeros que no tengan cédula nacional de identidad o no cuenten con un documento nacional que permita acreditar su identidad y sean detenidos, se solicite su prisión preventiva ante los jueces de garantía, hasta que se establezca cuál es su identidad efectiva.