MIAMI — Las leyes de amnistía aprobadas en Nicaragua en las últimas cuatro décadas se han convertido en un instrumento de impunidad, de perdón y olvido para evadir la justicia de crímenes brutales, entre ellos, crímenes de lesa humanidad, con lo que se estaría violando el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, institucionaliza la impunidad, viola Tratados del derecho internacional, y ha permitido a muchos de los responsables continuar o incidir en la política.
Sin embargo, ese escenario podría variar con un cambio de timón político en el país y la derogación de esas leyes, “todo dependería de la voluntad política”, afirma un consultor jurídico a quien llamaremos Carlos Orozco, por razones de seguridad.
“Si existe voluntad política y hay las suficientes condiciones para hacerlo, si se puede dar un proceso de derogación de las leyes de amnistía como la de 1990”, y la de más las de más reciente aprobación en 2019, subrayó.
Ya existe un precedente en Centroamérica, El Salvador derogó la Ley de Amnistía que impedía la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra que finalizó en 1992, protegiendo a soldados, guerrilleros del FMLN y los escuadrones de la muerte.
Un militar retirado salvadoreño, acusado de haber participado en la llamada masacre de El Mazote, en El Salvador, fue arrestado y deberá enfrentar cargos judiciales en Estados Unidos relacionados con crímenes de lesa humanidad. Roberto Antonio Garay Saravia fue detenido por su presunto rol en ejecuciones extrajudiciales y también por haber tergiversado intencionalmente la información sobre estos hechos al completar sus formularios de inmigración en Estados Unidos.
Casi 25 años después de su aprobación, la ley de Amnistía fue derogada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador que argumentó que la Ley de Amnistía aprobada en 1993, es inconstitucional porque violaba el derecho de acceso a la justicia a las víctimas.
La derogación permite que las víctimas puedan acudir a la justicia y los responsables estén siendo llevados ante la justicia.
El Alzheimer jurídico
En Nicaragua, desde 1979, las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, fusilamientos contra personas vinculadas al régimen somocista, crímenes contra empresarios como Jorge Salazar y Arges Sequeira, el atentado contra el exjefe de la “Contra” Enrique Bermúdez, el asesinato de Jean Paul Genie, el exterminio de comunidades como el caso de la Navidad Roja, y el atentado de La Penca, son algunos de los crímenes impunes cometidos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), documentó más de 14.000 denuncias durante la primera dictadura sandinista.
Una investigación realizada por el desaparecido expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), publicada en su Biblioteca virtual, revela que en la historia de Nicaragua se registran 52 amnistías hasta el 2014, incluidas las aprobadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), desde su llegada al poder en 1979. El número aumentó con la última Ley de Amnistía aprobada en el contexto de las protestas de abril de 2018, en que más de 355 personas fueron asesinadas por la represión del Estado, que constituirían crímenes de lesa humanidad, según investigaciones de organismos de derechos humanos, el más reciente fue el de la ONU.
“Los arreglos políticos a los que llegaban los caudillos (muchas veces con vínculos familiares entre sí), se hacían mediante la “amnistía”, palabra que viene del griego que significa ‘amnesia’, olvido. La amnistía especifica que el hecho pasa al olvido y por lo tanto tampoco puede haber pena. Concedida la amnistía, la inocencia no admite duda; es decir, nadie puede siquiera reclamar que es inocente, simplemente porque el hecho acusado jurídicamente jamás existió, pasó al olvido”, expresa un escrito del expresidente Bolaños.
Las amnistías aprobadas por el sandinismo permiten impunidad a los responsables de crímenes que continúan en la política desde el oficialismo y la oposición, el sandinismo “separado” de Daniel Ortega. Más de tres décadas después hasta los herederos de los “amnistiados” han incursionado a la política para seguir el legado de sus padres.
La amnistía más escandalosa aprobada por el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) durante la primera dictadura fue la del 15 marzo de 1990, la número 49, otorgada por el presidente por la Ley, Sergio Ramírez Mercado, durante el proceso de transición de gobierno, tras la pérdida electoral del FSLN, en la que se perdonaban los crímenes cometidos en la década de 1980, y el más escandaloso robo de propiedades y empresas con la que se enriqueció la cúpula del sandinismo.
Amnistía “más generosa”
La Ley fue derogada por el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, y aprobó la número 50, el 10 de mayo de 1990, en la que concedió “una amnistía amplia e incondicional para todos los delitos políticos y comunes conexos cometidos hasta la fecha de la publicación de esa Ley, pero no precisaba desde cuándo se comenzaba a contar el tiempo de cometido de los delitos, con lo que salvaba a cuantos tuvieran cuentas pendientes en lo descrito en esa Ley”, dice el expresidente Bolaños.
“Es decir que con una mano borró y con la otra escribió lo mismo, pero más generoso. En su ley, doña Violeta [Barrios de Chamorro] quitó al doctor Sergio Ramírez la paternidad de la ley del ‘perdón y olvido’ de todos los delitos penales del sandinismo, para ponerse ella”, precisa Bolaños.
Sobre el tema, Orozco sostiene que las leyes de amnistías han sido precedidas de actos violentos, guerras, guerrillas, dictaduras en América Latina cuyo antecedente implica la comisión de crímenes y delitos en contra de los derechos humanos, aprobadas en función de salvaguardar la paz, construir democracia sostenida, el crecimiento económico, la estabilidad política, el desarrollo de los países que han sido aprobadas. Pero ese mecanismo no ha dado resultados de estabilidad política, democrática y económica, el argumento que “justificaba” su aprobación.
La Amnistía de 1990, fue el primer paso para el retorno del sandinismo al poder. El pacto con Arnoldo Alemán, que redujo el porcentaje para la elección presidencial a 35% de los votos, fue el segundo. 16 años más tarde Ortega retornó al poder
Sin justicia, no hay democracia
La abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, explicó que las leyes de amnistías promueven la impunidad. “Sin justicia no hay democracia. Sin un proceso justo de búsqueda de la verdad jamás se construirá una nueva nación. No hay estabilidad ni equilibrio y no se puede empezar pisoteando el dolor y la dignidad de las víctimas”.
Orozco dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), plantea que, en base al avance de la justicia internacional, las leyes de amnistía son violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos porque impiden la posibilidad de ejercer justicia plena y universal, deja en impunidad crímenes graves y en el desamparo a las víctimas.
Aunque La CIDH y especialistas en el tema consideran que “en algunos casos determinados y concretos las amnistías pudieran contribuir a un proceso de estabilidad democrática y económica”, ese no ha sido el caso de Nicaragua.
Un estudio sobre Leyes de Amnistía realizado por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), refiere que toda vez que las leyes de amnistía o medidas legislativas de similar naturaleza tornan ineficaces y sin valor la obligación de los Estados para asegurar el esclarecimiento judicial de crímenes de derecho internacional, éstas resultan incompatibles con la Convención Americana.
Al mismo tiempo refiere que las Leyes de Amnistía también constituyen una violación de los artículos 17 y 18 de la Declaración sobre Desaparición Forzada, que “crea una atmósfera de impunidad que puede ser conducente a nuevos actos de desaparición y a otras violaciones semejantes de los derechos humanos.
Voluntad política
En El Salvador, costó mucho y en el caso de Nicaragua nunca ha habido voluntad política para derogar la amnistía, afirmó Orozco.
Reconoce que hubo complicidad de ciertos sectores políticos y económicos, pero añade las amenazas del terrorismo sandinista en la época de 1990.
“El FSLN siempre amenazó a los gobiernos democráticos con que nadie podía juzgarlos ni ver para atrás porque eso significaba pegarle fuego al país entero y quien sabe cuántos más habría costado hacer el intento, y ellos lo dejaron en evidencia que al que pretendiera tocar ese tema era hombre muerto”, señaló el consultor jurídico.
Para Orozco habría que iniciar procesos de investigación amplios y hay mucha documentación sobre esos temas. “A mi criterio si se pueden derogar las leyes de amnistía se requiere de buscar la voluntad política, espero que en la nueva democracia se pueda hacer y no cometer el error de enterrar todos esos crímenes. Un país no puede avanzar con esos esqueletos en el closet.
Dos vías para la derogación
A través del recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema, o la vía legislativa, tras la salida del poder de Daniel Ortega.
El primero es prácticamente inviable asegura Orozco, por dos razones: Uno, porque el sistema de justicia está muy politizado y parcializado al sandinismo; y dos, porque “nuestro sistema constitucional establece un periodo específico por el cual recurrir ante una ley que se considere inconstitucional, en esos casos esos periodos caducaron para recurrir por inconstitucionalidad”.
“La vía por inconstitucionalidad la descartaría, la más apropiada sería de la derogación. Hay un principio en derecho que a como se hacen las cosas se deshacen”, apuntó, pero asegura habría que hacer modificaciones con la caducidad de la Ley y la prescripción del delito.
“El sistema de Justicia es tan tramposo y lo diseñaron con ese propósito y te van a decir que la ley de amnistía no está vigente, y que los delitos ya prescribieron y como Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma, entonces te podrían armar una trampa legal y hay que tener el alcance legal no solo para derogar sino para crear las condiciones jurídicas, políticas y ser cuidadosos con los alcances que se pretenden impulsar en los procesos de justicia”, puntualizó.
Para la abogada Yonarqui Martínez, con la restauración de la democracia no se debe continuar con el patrón de “perdón y olvido”, dejando en el dolor y la indefensión a las víctimas. Eso requiere de una nueva cultura política, y es que una amnistía solo le conviene a los criminales, enfatizó.
@FloresJudith7
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