PALOMA VALENCIA,
El presidente Petro volvió a dar un monólogo sobre el cambio climático en Naciones Unidas, donde propuso acabar con la extracción de petróleo, el carbón y el gas. El 20 de septiembre del 2022 ya había dicho en la ONU que el carbón y el petróleo eran peores que la cocaína. En noviembre de 2022 en el COP27 se inventó un decálogo para enfrentar la crisis climática. Habla rimbombante, lleno de impresiones y falacias, pero con el tono de sabio. Lo cierto, es que son solo palabras; sus políticas en ocho meses están acabando con la transición energética en el país.
Colombia tiene una matriz diversificada. El 68% de la generación de energía en Colombia es hidráulica y solo el 31% es térmica. Sin embargo, el Gobierno Petro decidió ponerle una sobretasa de impuesto de renta a las hidroeléctricas del país en la reforma tributaria aprobada el año pasado. Esto se agrava cuando hay una probabilidad de más del 60% de un fenómeno del Niño para 2023, según NOAA. La falta de lluvia nos llevará a embalses bajos, y se estima que para el primer trimestre de 2024 se va a requerir prender las plantas térmicas para que cubran cerca del 50% de la demanda de energía. Es decir, necesitaremos gas y carbón.
El presidente también hizo aprobar el tratado de Escazú que complica más la ya enredada seguridad jurídica de inversiones y puede elevar las decisiones nacionales a instituciones internacionales. Los dos proyectos eólicos más grandes del país, Alpha y Beta, en la Guajira, se encuentran detenidos. Proyectos que generarían 492 megavatios (MW) y cuyo trámite de consulta previa fue archivado por la ANLA. Vamos mal.
Y no son los únicos proyectos detenidos. De los 82 proyectos con fuentes renovables no convencionales que tenemos en construcción para 2023-2024, el 65% están parados por tramitología; estos son 52. Según la Asociación de Energías Renovables (SER), el 32% de los proyectos detenidos es por tramitología ante las Corporaciones Autónomas Regionales, otro 29% ante la UPME, un 14% por Operadores de Red, un 8% por el ANLA y el resto por trámites ante ANI, INVIAS y alcaldías. Esto se suma a que 47 proyectos no tienen contratos y están pendientes de cierre financiero.
El gas ha sido reconocido como el combustible de la transición energética. 36 millones de colombianos usan gas y este respalda el 15% de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica. Colombia ha avanzado hasta el punto de tener más de 3 mil vehículos con gas natural y más de 1.300 de transporte de carga. Está demostrado que el gas reduce las emisiones de material particulado fino y óxidos de azufre en un 99%, frente al Diesel. Además, representa reducciones de óxidos de nitrógeno de hasta un 75% y de dióxido de carbono de hasta un 50%.
Alrededor de 5,4 millones de colombianos cocinan aún con leña y la manera más factible de llegar es con gas licuado. Hemos presentado proposición para que se subsidie el gas de cilindro para esos departamentos donde más del 10% de la población todavía cocina con leña. Sin embargo, el presidente está yendo en sentido contrario. Que Colombia no produzca gas, prohibir el fracking del que depende nuestro gas futuro, y solo porque quiere importar el gas de Venezuela, un gas de pésima calidad que financia la moribunda dictadura.
El Plan Nacional de Desarrollo tiene un artículo que aumenta el impuesto de transferencia de energía de fuentes no convencionales de energía renovable del 1% al 6%, mientras mantienen el carbón de las térmicas en el 4%. ¿Qué incentivos van a tener las energías limpias? Más plata para las CARs, que más que ambientales son cuota de tantos políticos corruptos.
La transición energética peligra, no avanza.