SAN DIEGO — El presidente Joe Biden eliminó el procesamiento expedito de solicitudes de asilo durante su primer mes de gobierno como parte de su labor para desechar las políticas fronterizas de su predecesor, entre las cuales se incluía la construcción de un muro con México. Ahora Biden prepara su propia versión.
Aunque es difícil de comprobar, el gobierno de Biden ha insistido en que su procesamiento acelerado para solicitantes de asilo es distinto: Las entrevistas serán conducidas exclusivamente por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), y no por agentes de la Patrulla Fronteriza, y todos tendrán acceso a asesoría legal.
La decisión de usar revisiones expeditas se produce en momentos en que están por expirar las restricciones al asilo relacionadas con el COVID-19 el próximo 11 de mayo, razón por la que el gobierno federal se alista para un previsible incremento de cruces ilegales por la frontera sur. En Texas, las ciudades fronterizas de El Paso, Laredo y Brownsville han declarado estados de emergencia a nivel local en los últimos días como preparación para tal aumento.
Por lo general, alrededor del 75% de los migrantes aprueban las entrevistas de temor creíble, aunque la cifra de los que a la postre obtienen el asilo es mucho menor.
Aquellos que superan el filtro inicial por lo general son dejados en libertad dentro de territorio estadounidense para continuar con sus procesos en una corte migratoria, lo que suele tomar cuatro años. Los detractores afirman que el retraso en los tribunales alienta a más personas a solicitar asilo.
Para aprobar los filtros, los migrantes deben convencer a un agente de asilo que tienen una “posibilidad significativa” de convencer a un juez de que enfrentan persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
Bajo el programa expedito del gobierno de Biden, quienes no cumplan con los criterios serán deportados “en cuestión de días o unas cuantas semanas”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el jueves.
Las revisiones expeditas se realizarán únicamente a adultos que viajen solos, añadió Mayorkas.
A pesar de las garantías del gobierno de que las personas tendrán acceso a servicios legales, algunos activistas migratorios que fueron informados por el gobierno tienen sus dudas. Katherine Hawkins, analista legal sénior en Project on Government Oversight, destacó que a los activistas se les dijo que no se permitiría la presencia de abogados dentro de los centros de detención.
El gobierno de Trump usó revisiones expeditas entre octubre de 2019 y marzo de 2020, cuando comenzó a utilizar una ley de salud pública de 1944 conocida como Título 42 para retornar a inmigrantes bajo los argumentos de evitar la propagación del COVID-19. El proceso acelerado fue una de las políticas migratorias de Trump que Biden revirtió mediante decreto en febrero de 2021.
Se desconoce cuántas llamadas telefónicas pueden facilitar las autoridades federales, en particular si no hay respuesta y los abogados devuelven la llamada, dijo Hawkins.
En un principio, las revisiones quedarán limitadas a los países hispanohablantes para los que Estados Unidos tiene vuelos frecuentes de deportación, según se les informó a Hawkins y otros. El gobierno comenzó revisiones limitadas este mes en Donna, Texas, en Rio Grande Valley, y posteriormente expandió el proceso a enormes carpas ubicadas en ciudades fronterizas como San Diego; Yuma, Arizona; y El Paso, Texas.
Mayorkas, un exfiscal federal, no entró en detalles sobre el acceso a asesoría legal durante sus declaraciones del jueves sobre una estrategia en general que, además de los filtros, incluye centros de procesamiento en Guatemala y Colombia, y posiblemente en otros lugares, para que las personas puedan venir legalmente a Estados Unidos por la vía aérea.
“Hemos expandido nuestras capacidades de detención e instalado equipamiento y procedimientos para que los individuos puedan tener acceso a asesoría”, declaró Mayorkas.
El gobierno no ha dicho cuántos abogados se han ofrecido a representar a los solicitantes de asilo. Hawkins dijo que las autoridades informaron a los activistas que se están poniendo en contacto con despachos que ofrecen servicios gratuitos o a bajo costo para las personas en los centros de detención para inmigrantes.
Erika Pinheiro, directora ejecutiva del grupo Al Otro Lado, el cual opera en el sur de California y Tijuana, México, dijo que ella no ha sido contactada, pero que se negaría a representar a solicitantes de asilo en las revisiones expeditas. Llegan agotados y sin conocer a fondo las leyes de asilo, lo que complica su capacidad para contar su historia de una forma efectiva.
“Ya sabemos cuáles son las condiciones. Sabemos que la gente no va a estar preparada mentalmente”, comentó.
El gobierno de Biden pretende completar las revisiones en menos de 72 horas, el tiempo máximo que la Patrulla Fronteriza debería retener a los migrantes según las políticas de la agencia que a menudo son ignoradas.
Es demasiado pedir. Actualmente toma unas cuatro semanas completar una revisión. Durante los procesamientos acelerados del gobierno anterior, alrededor del 20% de los inmigrantes estuvieron detenidos una semana o menos, según la GAO. Cerca del 86% permanecieron en detención 20 días o menos.
Los USCIS han identificado a 480 exagentes de asilo o personas capacitadas para ayudar a unos 800 en las evaluaciones aceleradas, dijo Michael Knowles, portavoz del sindicato American Federation of Government Employees Council 119, el cual representa a los agentes de asilo. A pesar del aumento de personal, Knowles dijo que a los agentes les preocupa el ritmo de trabajo, “como una cadena de montaje, ‘deprisa, deprisa’, cuando hay vidas en juego”.
“Todos estarán trabajando en esto en el futuro cercano”, dijo Knowles. “No sabemos durante cuanto tiempo”.