Ramiro Grau Morancho,
Se ha publicado una nota de prensa que informa de la próxima Sentencia sobre el “derecho” al aborto, en la que el Tribunal Constitucional (TC) “reconoce” que es un derecho fundamental.
Derecho que no aparece en la Carta Magna, sino todo lo contrario. Vid. el artículo 15: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…”, en sede “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, capítulo segundo, sección primera.
El Tribunal Constitucional es un legislador negativo, que puede expulsar del ordenamiento jurídico aquellas leyes y normas jurídicas que atenten contra la letra y el espíritu de la Constitución, pero tiene vedado legislar.
Que es, precisamente, lo que están haciendo los siete “magistrados” izquierdistas que componen la mayoría, presididos por el ínclito Conde-Pumpido.
Y no solo eso, sino que pretenden enmendar la plana a la legislación ordinaria de las autonomías desafectas al régimen sanchista, como ya está sucediendo con la irredenta Comunidad de Madrid.
Hay que ver qué prisa se da el gobierno en recurrir todo al TC, en la seguridad de que lo han tomado y okupado, y allí mandan ellos, por medio de sus peones jurídicos.
Los juristas que creemos en la Ciencia del Derecho, que es muy superior a la técnica jurídica, de establecer normas para dirigir al rebaño, pensamos que fue un error dejar en manos de los políticos el TC, de forma que se nombren “magistrados”. La mayoría de ellos no procedentes de la carrera judicial, y con criterios meramente políticos, de conveniencia, preferiblemente de amplias tragaderas con los que les han propuesto y nombrado.
En otras palabras, el Derecho debe embridar al poder político, y es, en sí mismo, un auténtico contrapoder, el Poder Judicial.
Y los votos no amnistían, indultan o perdonan los delitos.
No se puede oponer la democracia a la legalidad, pues solo hay un verdadero Estado de Derecho cuando se respetan la Constitución y las leyes que sean constitucionales.
Hubiera bastado con crear una nueva Sala en el Tribunal Supremo, con jueces profesionales, no legos, por muchos conocimientos teóricos que puedan tener, para defender los derechos fundamentales constitucionales.
Pero con la llegada al poder del PSOE, en 1982, comenzó la desconfianza hacia los jueces, con el descabezamiento de la carrera, obligando a jubilarse a los 65 años, cuando anteriormente era a los 70, y estableciendo nuevas vías de entrada en la profesión con el tercer y cuarto turno, un tercio para las salas de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia, y el quinto turno para el Tribunal Supremo.
Esa desconfianza, más bien inquina, ha ido aumentando con el tiempo, sobre todo cuando se dictan resoluciones que no les son favorables, y en los últimos tiempos se ha cruzado ya el Rubicón, pasando al insulto, puro y duro, al Poder Judicial.
Pedro Sánchez entiende que no hay más Derecho que el que emana de él, y que él es el principio y el fin de todas las cosas, con permiso de Marruecos, claro.
Y ahora, que se va a producir “la conjunción planetaria” de la reunión (una mera visita de cortesía, después de cinco años de esquivarle, y no quererle recibir) con el presidente de Estados Unidos, nuestro “amado líder” y futuro presidente de la UE por turno, es decir, un cargo meramente simbólico, y sin atribuciones reales, piensa que él es Dios, tal es la petulancia y anormalidad del tipejo.
En resumen, el TC no puede hacer lo que le dé la gana, y, mucho menos, reformar la Constitución por la gatera, pues la propia Carta Magna establece en sus artículos 166 a 168 el procedimiento para su modificación, con toda clase de garantías.
Conde Pumpido, Inmaculada Montalbán, y todos sus conmilitones van a pasar a la historia de la infamia judicial, desprestigiando al TC, de la misma forma que sus antecesores ideológicos y políticos hicieron lo mismo con el Tribunal de Garantías de la segunda República.
Solo que entonces se llamaban vocales, y no magistrados, para no engañar a nadie, respecto a su procedencia.