Escritor Invitado,
En los últimos 60 años de inflación, muchas fueron las excusas de los distintos gobiernos para no admitir que la única causa de la pérdida del valor adquisitivo del dinero es el incremento de su cantidad.
Argentina ha padecido una inflación endémica desde hace décadas. El motivo fue siempre el mismo: el descontrolado gasto del Estado, que jamás pudo ser limitado por el Congreso al sancionar cada presupuesto, y la recurrencia a la emisión monetaria para cubrir el déficit.
Jamás pudo controlarse la tendencia al gasto. Ni siquiera cuando, tras la hiperinflación de 1989, el Presidente Menem y el Ministro Cavallo lanzaron un artificial plan de Convertibilidad, que tenía la pretensión de anclar la cantidad de pesos a la cantidad de dólares. A lo largo de una década, el Estado fagocitó los ingresos por las privatizaciones y ventas de activos, y mantuvo un déficit presupuestario permanente durante todos los años, que como no podía cubrirse con emisión monetaria ni con nuevos impuestos, motivó un proceso de endeudamiento crónico que hizo explosión a finales de 2001 con una nueva crisis.
En los últimos 60 años de inflación, muchas fueron las excusas de los distintos gobiernos para no admitir que la única causa de la pérdida del valor adquisitivo del dinero es el incremento de su cantidad. Mises nos recordó esta maniobra defraudatoria del gobierno para engañar a la gente y quedarse con su riqueza: “Para evitar ser acusado de las nefastas consecuencias de la inflación, el gobierno y sus secuaces recurren a un truco semántico. Tratan de cambiar el significado de los términos. Llaman ‘inflación’ a la consecuencia inevitable de la inflación, es decir, al aumento en los precios. Ansían relegar al olvido el hecho de que este aumento se produce por un incremento en la cantidad de dinero y sustitutivos del dinero. Nunca mencionan este incremento. Atribuyen la responsabilidad del aumento del coste de la vida a los negocios. Es un caso clásico del ladrón gritando ‘¡Al ladrón!’. El gobierno, que produjo la inflación multiplicando la oferta de dinero, incrimina a los fabricantes y comerciantes y disfruta del papel de ser un defensor de los precios bajos”.
En esta nueva época de inflación, las explicaciones preferidas del gobierno pasan por: la invasión de Rusia a Ucrania, la sequía, la caída de los precios de los granos, o errores cometidos por el gobierno anterior. La tradicional excusa de que la inflación es ocasionada por los comerciantes y los especuladores que suben los precios debido a su avaricia, ya no puede siquiera ser insinuada en tiempos en los que los comerciantes y empresarios resultan ser las principales víctimas de la inflación que es producida exclusivamente por acción del gobierno.
Parece evidente que mientras se entregue al gobierno el poder de crear indiscriminadamente dinero con pedazos de papel y conferirle legalmente el curso forzoso, será imposible salir de la inflación. Nada de lo que se intentó dio resultados, ni los controles, ni el cambio de nombre y denominación de los papeles pintados, ni las alquimias financieras. En la medida en que el esquema económico consista en gastar sin límites y luego cubrir las deudas con esos pedazos de papel sin valor, la inflación nos continuará acompañando.
Por ese motivo, frente a un nuevo avance hacia una hiperinflación, existen algunas propuestas tendientes a quitarle al gobierno la potestad de manejar la moneda. En definitiva, el dinero es un bien que funciona en el mercado siguiendo las mismas leyes que el resto de los bienes, y precisamente la inflación no es más que la pérdida del valor adquisitivo del dinero como consecuencia del incremento sustancial en su oferta.
Las ideas que están circulando en el país pasan por varias alternativas. A algunas de ellas se las engloba en la denominación genérica de “dolarización”, aunque no todas las dolarizaciones se piensan del mismo modo. En este sentido, hay quienes pretenden mantener el mismo esquema de moneda monopólica estatal, pero que en lugar de ser un peso cuya emisión es dispuesta arbitrariamente por el gobierno, sea una moneda extranjera cuya cantidad permanecería relativamente estable. Algunos proponen que en vez de ser una sola moneda extranjera, se imponga una serie o “canasta” de monedas. Pero también se discute en el mismo sentido, la eliminación lisa y llana del curso forzoso de la moneda nacional, y la libre competencia de monedas, para que sean las personas en sus acuerdos privados quienes decidan qué utilizarán como dinero.
Esto último, en definitiva, conduciría a eliminar el Banco Central, cuya existencia resultaría innecesaria y potencialmente distorsiva.
Estas soluciones están en consonancia con la libertad de mercado, que el liberalismo predicó durante mucho tiempo otros órdenes del intercambio económico, pero cuya propuesta académica respecto del dinero se produjo recién a partir de un trabajo clave de Friedrich Hayek a mediados de los años ’70: “La Desnacionalización del Dinero”. Hayek, quien quince años antes había justificado el poder monopólico estatal para manejar el dinero y la existencia de bancos centrales, en ocasión de discutirse la solución monetaria para la Unión Europea, frente a quienes proponían crear una moneda única con un Banco Central Europeo (lo que finalmente ocurrió), ofreció una novedosa solución, que consistía en aplicar las mismas reglas de mercado para el dinero. No sólo permitir la libre circulación, elección y funcionamiento de todas las monedas estatales europeas y algunas foráneas como el dólar norteamericano, sino incluso la posibilidad de que se emitieran y circularan monedas privadas. En definitiva, el propio mercado -las personas- se encargaría de descartar las malas monedas y utilizar las valiosas.
De hecho, Hayek no estaba proponiendo nada distinto de lo que la humanidad había venido haciendo desde que en las comunidades primitivas se desarrolló el dinero, hasta que los Estados eliminaron el patrón oro y lo sustituyeron por dinero fiat, lo que formalmente ocurrió casi contemporáneamente con la nueva propuesta del pensador austríaco, que además acababa se cimentar su fama con un Premio Nobel en Economía.
La propuesta de Hayek disparó entonces muchos trabajos académicos en sentido similar, y hoy es considerada como una base intelectual para el florecimiento de las cryptomonedas y otras formas de dinero privado competitivo. He hecho un tratamiento más profundo de este tema en un libro reciente (La inflación como delito, Unión Editorial, Madrid, 2022).
Por supuesto que este tipo de propuestas le quitan poder a los políticos, y por ello por todos los medios intentan evitarlas. Políticos populistas, ineficientes y prebendarios han subsistido durante décadas gobernando Argentina sobre la base casi exclusiva de poder transferirle sus gastos a la gente, no ya a través de impuestos y endeudamiento, sino literalmente quitándole su dinero de sus propios bolsillos al disminuir su valor. Por eso hoy atacan duramente a las propuestas de eliminación de la moneda estatal monopólica, de eliminación del curso forzoso, y del Banco Central.
En este sentido, se invocan tres facultades que la Constitución confiere al Congreso, que obstarían a este tipo de soluciones. Pero entiendo que ello es incorrecto y sólo esconde nuevos intentos por mantener un poder que nunca se justificó en manos del gobierno. Básicamente se habla de dos objeciones constitucionales: 1) Que el Banco Central debe existir porque así lo dispone el artículo 75, incisos 6 y 11 de la Constitución; 2) Que debe existir una moneda emitida por el gobierno, para así cumplir con la exigencia también impuesta al Congreso de “defender el valor de la moneda”.
Veamos:
1. ¿Es “necesaria” la existencia del Banco Central?
El Banco Central no fue previsto en la Constitución original argentina de 1853-60, y la reforma de 1994 no modificó nada al respecto. Sin embargo, se invocan dos cláusulas para sostener lo contrario:
El artículo 75, inciso 6 faculta al Congreso a “establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales”; el inciso 11 del mismo artículo, por su parte, lo faculta a “hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación”.
Se ha intentado fundar en estas cláusulas constitucionales el monopolio estatal de la moneda de curso forzoso establecida por un banco central. Pero como recordó González Calderón, respecto de la primera cláusula, durante la discusión en la Convención Constituyente de 1853, el miembro informante Benjamín Gorostiaga, ante el pedido de explicaciones del convencional Zenteno, explicó que “el banco emitiría billetes, mas no de circulación forzosa”. Agregó el constitucionalista: “Estaban muy lejos del espíritu del miembro informante, como se ve, las crisis políticas y financieras del país que poco después impondría esa ‘circulación forzosa’ no prevista en la tan lacónica respuesta pre-transcripta… El texto no lo dice y no hay motivo alguno que induzca a creerlo” (González Calderón, Juan A., Curso de Derecho Constitucional, Ed. Kraft, Buenos Aires, 1963, pp. 430-433).
Respecto de la otra cláusula, opinaba González Calderón: “El inciso 10 del artículo 67 no puede interpretarse como que el valor de la moneda sea arbitrariamente fijado por el Congreso. La moneda, se ha dicho acertadamente, es una mercancía…Su valor, pues, no depende del mero capricho del legislador al poner sobre ella el sello de la soberanía, sino del poder adquisitivo y cancelatorio que tenga por su propia virtud. Lo que hace la ley al sellar la moneda es garantizar bajo la fe del Estado que ella lo representa efectivamente en el mercado de los cambios y las transacciones comerciales. Su valor es, propiamente, fijado por el mismo fenómeno económico que regulariza todos los demás valores y el precio de las demás mercancías” (Op. cit., pp. 433-434. Citado por Benegas Lynch (h), Alberto, Fundamentos de Análisis Económico, pp. 306-309).
Es bueno recordar que la Constitución argentina fue sancionada en plena vigencia del patrón oro. El dinero no era de creación estatal; la interferencia estatal se fue produciendo a través del manejo de los billetes emitidos para representar al oro, y de los episodios de suspensión de convertibilidad que terminaron por estatizar todo el sistema. Pero la facultad de emitir moneda a la que se refiere la primera cláusula, debe entenderse en las condiciones generales de emitir billetes y someterlos al mercado, al modo en que cualquier banco privado podía hacer en ese entonces. Por otro lado, la facultad de “fijar el valor de la moneda”, se refiere en ese contexto a la facultad de acuñación que se reconoció a los gobernantes desde antiguo, y que en nada se vinculaba con reconocer un monopolio del dinero en sus manos.
De hecho la época de esplendor económico de la Argentina, en que el país tuvo el PBI más alto del mundo y estuvo sistemáticamente entre los ocho países más ricos del planeta, fueron tiempos sin Banco Central ni manejo estatal de la moneda. El país comenzó su declive cuando se crearon instituciones estatales como el Banco Central o las juntas reguladoras. El Banco Central fue creado en 1936 con carácter temporal y funciones muy acotadas, para sustituir a la Caja de Conversión luego de la suspensión de la convertibilidad. Como tantas otras instituciones estatistas autoritarias, con el tiempo se convirtió en lo que es hoy, y ha sido un instrumento de poder y expoliación legal al servicio de los políticos desde entonces hasta hoy.
Su desaparición no sólo es posible, es altamente recomendable para que la Constitución funcione plenamente.
2. ¿Es compatible la defensa del valor de la moneda con la desaparición de la moneda monopólica estatal?
Otro argumento invocado contra la “dolarización” o la eliminación del curso forzoso del peso, es el que se asienta en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución. Ese artículo, afeado por la reforma de 1994, si se le quitan todos los adjetivos supérfluos sostiene que el Congreso debe proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico, a la productividad de la economía, a la generación de empleo, a la defensa del valor de la moneda, etc.
De ninguna manera dice que el Estado deba tener el monopolio de la moneda, como tampoco podría interpretarse que tiene el monopolio de la oferta de trabajo o de lo conducente al desarrollo humano. Una interpretación tal sería directamente violatoria de la Constitución.
Lo que el Congreso debe proveer es lo conducente a la defensa del valor de la moneda. Claramente el monopolio estatal sin restricciones y el curso forzoso no sólo no defienden el valor de la moneda (como hoy se advierte con evidencia), sino que son la principal causa de su deterioro.
Para defender el valor de la moneda, el Congreso debe garantizar el derecho de propiedad, lo que incluye el derecho a celebrar y hacer cumplir los contratos en la moneda que las personas libremente pacten, o en otras que sean aceptadas al cambio libre del día del pago, y por supuesto, quitarle al Estado toda facultad para imponer una moneda de papel impresa discrecionalmente por él mismo para financiar sus propios gastos.
De modo que eliminar el curso forzoso debería ser la forma en que el Congreso dé cumplimiento al mandato del artículo 75 inc. 19 de la Constitución, que se viene violando sostenidamente desde hace demasiado tiempo.
No resulta ocioso recordar una vez más que la Constitución Nacional comenzó a violarse sistemáticamente con la creación de instituciones como el Banco Central en las primeras décadas del siglo XX. La caída estrepitosa de la economía argentina estuvo en consonancia con tal creación. La vigencia de la Constitución requiere entonces desmantelar todos estos instrumentos de intromisión estatal en derechos fundamentales de los individuos, como el de elegir la moneda en la que celebrará sus tratos. Hayek nos mostró el camino al libre mercado monetario hace cincuenta años. Alberdi nos explicó los peligros de caer en lo que hoy intentamos desmantelar, un siglo antes que Hayek, cuando nos advirtió en Sistema Económico y Rentístico:
“Mientras el gobierno tenga el poder de fabricar moneda con simples tiras de papel que nada prometen, ni obligan a reembolso alguno, el poder omnímodo vivirá inalterable como un gusano roedor en el corazón de la Constitución misma”.