MIAMI — Los exjefes de Estado y de Gobierno formantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron su respaldo al llamado a elecciones generales en Ecuador. Esta convocatoria surge a raíz de la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente Guillermo Lasso, en estricto cumplimiento del sistema constitucional del país.
En una declaración conjunta, los líderes políticos, pertenecientes al Grupo IDEA, manifestaron su profunda preocupación por los conflictos que han afectado el ejercicio democrático en Ecuador en los últimos tiempos. En este sentido, consideran que el llamado a elecciones generales representa un paso fundamental para restaurar los frenos y contrapesos necesarios entre los distintos poderes del Estado, y así fortalecer la democracia en el país.
El Grupo IDEA envía sus mejores deseos al pueblo ecuatoriano, instándolo a participar activamente en las elecciones y trazar un camino que permita superar las diferencias existentes entre los diferentes liderazgos políticos. Asimismo, destacan la importancia de fortalecer el funcionamiento correcto de las instituciones democráticas y garantizar la vigencia efectiva del Estado constitucional de Derecho.
La Iniciativa Democrática de España y las Américas reafirmó su compromiso con la defensa de los principios democráticos y la promoción de procesos electorales libres y transparentes en la región, por lo cual, continuará monitoreando de cerca el desarrollo de las elecciones en Ecuador y brindará su apoyo en la consolidación de un sistema democrático sólido en el país.
Asamblea pide ser restituida
La oposición en Ecuador, conformada mayormente por la recién disuelta Asamblea Nacional, mantiene la esperanza de revertir el decreto emitido por el presidente Lasso para disolver el órgano legislativo. A pesar de los pronósticos de la autoridad electoral sobre la celebración de nuevos comicios el 20 de agosto, los opositores buscan continuar el juicio político que podría llevar a la destitución del mandatario.
Sin embargo, la Corte Constitucional es la instancia que tiene la última palabra y aún debe pronunciarse sobre las apelaciones presentadas por los opositores. Generalmente, esta corte demora en emitir sus fallos, lo que añade incertidumbre al proceso.
El extitular de la disuelta Asamblea, Virgilio Saquicela, ha presentado una demanda personal ante la Corte Constitucional argumentando que el decreto de disolución emitido por Lasso no es congruente, ya que no existía una conmoción social en el país. Saquicela también señaló que otras dos demandas han sido presentadas, una por el Partido Social Cristiano (PSC) y otra por la fuerza indígena Pachakutik.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, sostuvo en una rueda de prensa que el decreto de disolución de la Asamblea queda a criterio y fundamentación del jefe de Estado, no requiriendo la aprobación de ningún organismo.
En caso de no lograr revertir el decreto, Lasso podrá gobernar mediante decretos durante un período de seis meses, pero solo en temas económicos y administrativos, siempre y cuando cuenten con la aprobación de la Corte Constitucional. Paralelamente, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones, y los nuevos electos deberán completar el actual período presidencial y legislativo que finaliza en mayo de 2025.
Los parlamentarios esperan que la Corte Constitucional emita un fallo antes de que el Consejo Nacional Electoral convoque a nuevas elecciones. Sin embargo, el analista electoral Medardo Oleas explicó que una vez iniciado el período electoral, el Consejo Nacional Electoral se convierte en la máxima autoridad y ninguna otra entidad podrá interferir en el proceso. Interferir con un dictamen de la Corte Constitucional podría incluso llevar a la destitución de sus integrantes.
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, informó a Teleamazonas que el organismo tiene hasta el 24 de mayo para convocar elecciones, las cuales se celebrarían el 20 de agosto y, en caso de ser necesaria una segunda vuelta, el 15 de octubre. La decisión final al respecto se tomaría la noche del jueves.
Saquicela acusó al gobierno de ser «inoperante e incapaz de resolver los problemas reales de los ecuatorianos», haciendo referencia a temas como la salud, la vialidad y la seguridad. Además, enfatizó en la importancia de defender el marco constitucional y la institucionalidad del país.