NUEVA YORK — El alcalde de Nueva York pidió a un juez que le permita a la ciudad suspender su obligación con el “derecho al albergue”, asegurando que las autoridades ya no son capaces de dar techo a todas las personas sin vivienda debido a la llegada de decenas de miles de migrantes internacionales.
El derecho al albergue se ha implementado durante más de cuatro décadas en Nueva York, después de que en 1981 un tribunal obligó a la ciudad a proveer vivienda temporal a toda persona sin casa que la solicitara. Otras metrópolis estadounidenses no cuentan con esta medida.
Pero con la llegada de 70.000 solicitantes de asilo desde principios del año pasado, muchos de los cuales ingresaron al país por la frontera sur, la ciudad ha tenido problemas para encontrar lugar para todos los que requieren de un techo y una cama temporal.
“Es lo más conveniente para todos, incluidos aquellos que buscan venir a Estados Unidos, ser sinceros con el hecho de que la ciudad de Nueva York no puede por sí misma brindar atención a todos los que cruzan nuestra frontera”, manifestó el alcalde Eric Adams en un comunicado.
“Ser deshonesto al respecto sólo resultará en un colapso de nuestro sistema, y necesitamos que nuestros aliados de gobierno sepan la verdad y hagan lo que les corresponde”, dijo Adams.
El edil indicó que no pretende ponerle un fin permanente al derecho al albergue, sino que quería “claridad de la corte”.
Algunos defensores del derecho a la vivienda criticaron la medida, señalando que podría resultar en más personas viviendo a la intemperie.
Joe Loonam, coordinador de la campaña de vivienda para el grupo activista VOCAL-NY, señaló que Adams quiere «poner fin al derecho al albergue que ha evitado que la ciudad de Nueva York siga los pasos de lugares como Los Ángeles y San Francisco, en donde miles de personas viven en condiciones horrendas en las calles».
El sistema de albergues de Nueva York se encuentra ocupado actualmente a niveles sin precedentes. La ciudad asegura que en este momento brinda albergue a 93.000 personas. En los últimos meses ha alquilado, con grandes costes, hoteles enteros para dar techo a los migrantes recién llegados. También ha colocado catres en escuelas, ha albergado temporalmente a personas en tiendas de campañas, una terminal de cruceros y un edificio en el que solía haber una academia de policía.
En una carta dirigida al juez administrador adjunto de las cortes de la ciudad de Nueva York, los abogados de la ciudad solicitaron un cambio en la orden que les permitiera a los funcionarios suspender el derecho al albergue cuando el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar carezca de los recursos para albergar a todos de una manera segura.
Adams ha solicitado ayuda financiera al gobierno estatal y federal, pero ha criticado a Washington por no proporcionar los fondos para dar atención a los migrantes.
En una aparición en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS, Adams señaló el domingo que la oferta que presentó la Casa Blanca por 30 millones de dólares no es suficiente.
“Hemos gastado más de 1.000 millones de dólares”, declaró el alcalde. “Hemos proyectado un gasto cercano a los 4.300 millones de dólares, si no es que más. Esta estimación se basa en la cifra de migrantes que llegan a la ciudad y esos números evidentemente han aumentado”.
En las últimas semanas la ciudad ha empezado a cubrir los gastos de vivienda de algunos solicitantes de asilo en hoteles ubicados en condados al norte de la ciudad, pero eso ha desatado molestia y acusaciones de que la ciudad estaba descargando sus problemas en otras comunidades. Además, los altos costos de dar atención recaen sobre los contribuyentes.
En los primeros meses de la crisis, Adams calificó el “derecho al albergue” como muestra de la solidaridad de su ciudad con los solicitantes de asilo. Muchos de los recién llegados fueron enviados en camión a Nueva York por gobiernos republicanos de estados fronterizos como Texas y Arizona, quienes intentaban atraer la atención a la crisis fronteriza y ante el caos generado en la frontera por las políticas flexibles de la administración del presidente Joe Biden. Los gobernadores también enviaron migrantes hacia Washington, D.C., otra ciudad con un alcalde demócrata.
Catherine Trapani, directora ejecutiva de Homeless Services United, una organización sin fines de lucro que defiende la vivienda asequible, instó a la ciudad a liberar la presión sobre la crisis de albergue mediante incrementos a los programas de alquiler asistido. Sin embargo, la carga recae sobre los contribuyentes.
“Existen alternativas”, comentó. “El alcalde no necesita tomar esta medida drástica para limitar lo que debería ser un derecho fundamental”.
En un comunicado conjunto, Coalition for the Homeless y Legal Aid Society señalaron que se «oponen enérgicamente” a la solicitud de Adams.
“Los neoyorquinos no quieren ver a nadie, incluidos los solicitantes de asilo, relegados a las calles”, señala el comunicado.