MANAGUA.- El dictador sandinista Daniel Ortega no desiste de su persecución contra la Iglesia católica. La Policía de Nicaragua detuvo este jueves al sacerdote Jaime Iván Montesinos, perteneciente a la Diócesis de Matagalpa, bajo cargos de supuesto «menoscabo» a la nación, el «delito» que Ortega creó para perseguir y encarcelar a sus críticos.
Este hecho marca otro golpe a la Iglesia en el país, tras la condena en febrero del obispo Rolando Álvarez a 26 años de prisión.
Montesinos, quien desempeña el cargo de párroco en la Iglesia Juan Pablo Segundo en el municipio de Sébaco, Matagalpa, fue arrestado el martes, presuntamente por cometer actos que perjudican la independencia, la soberanía y autodeterminación de la nación.
En un contradictorio comunicado emitido por la Policía, dirigida por el consuegro de Ortega, Francisco (Paco) Díaz, acusa al padre Montesinos de «menoscabo», pero por otro lado, busca desprestigiarlo al afirmar que fue detenido debido a su «actitud sospechosa, estado de ebriedad y por estar acompañado de una joven».
La Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes y remitirá al acusado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. No es la primera vez que la dictadura busca desprestigiar a líderes religiosos, lo hizo con los sacerdotes José Leonardo Urbina, a quien acusa de «violar una niña», y al padre Manuel Salvador García Rodríguez, de la parroquia Jesús Nazareno, de la ciudad de Nandaime (oeste), detenido por una supuesta agresión contra una mujer. Ambos religiosos fueron condenados a 30 y 5 años de cárcel, respectivamente.
Este acontecimiento se produce apenas días después de que la Diócesis de Estelí anunciara el arresto de los sacerdotes Leonardo Guverara y Eugenio Rodríguez. Cabe destacar que Rodríguez había actuado como mediador para lograr la liberación de varios jóvenes detenidos durante las protestas de 2018, según informes del diario ‘La Prensa’.
El caso del obispo Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa, ha sido uno de los más resonantes, ya que fue detenido por la Policía en agosto de 2022 y permaneció bajo arresto domiciliario durante meses. Finalmente, en febrero de este año, el obispo fue condenado a 26 años de prisión por ser considerado «traidor a la patria».
Sin embargo, el caso de Álvarez no es el único. La justicia de Nicaragua también declaró culpables de «conspiración» contra el Estado nicaragüense a otros cuatro sacerdotes: Ramiro Tijerino Chávez, José Luis Díaz Cruz, Sadiel Antonio Eugarrios Cano y Raúl Antonio Vega, así como a dos seminaristas, Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y a un reportero, Sergio Cadena Flores, a quienes desterró del país.
El dictador nicaragüense, Daniel Ortega, calificó a la Iglesia como una «dictadura perfecta» y los acusó de «usar» a sus obispos para intentar «dar un golpe de Estado» en el país centroamericano. Ortega afirma que algunos sacerdotes instigaron a la violencia durante las protestas de 2018, las cuales dejaron un saldo de más de 300 personas fallecidas.
Las tensiones entre el régimen de Nicaragua y la Iglesia genera preocupación en la comunidad nacional e internacional sobre la libertad religiosa y los derechos humanos en el país.