LA PAZ.- La reciente incautación de casi media tonelada de cocaína proveniente de Bolivia en el aeropuerto de Madrid-Barajas, a través de una aerolínea estatal boliviana, desató un escándalo que sacude al gobierno del presidente Luis Arce. Aunque han pasado ocho días desde el decomiso, aún no se ha determinado a quién pertenecía la droga ni se ha desarticulado ninguna organización criminal vinculada al caso.
El revuelo se intensificó con la detención de cinco funcionarios de bajo rango, mientras el gobierno enfrenta críticas por la demora en la investigación. La oposición ha cuestionado al gobierno por esperar cuatro meses para iniciar la indagación, especialmente después de que el jefe de la fuerza policial antidrogas, coronel José Illanes, afirmara que conocía el caso desde febrero, una declaración que fue desmentida por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Entre los arrestados se encuentran dos estibadores de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), el jefe de inteligencia policial del aeropuerto de Santa Cruz, en el oriente del país, y dos empleados de un servicio de envíos, según informó Del Castillo. Además, fueron destituidos el jefe regional de BoA y un funcionario del servicio aeroportuario, mientras que el personal policial antidrogas ha sido relevado de sus cargos.
El ministro de Gobierno señaló en una rueda de prensa que una cantidad tan grande de cocaína no podría haber sido enviada a España solo por dos personas. Indicó que se trata de una organización internacional que ha permeado diferentes instituciones en Bolivia.
El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, admitió que se enteró del caso a fines de mayo a través de los medios de comunicación y las redes sociales. A partir de ese momento, se inició una investigación que la Fiscalía ha declarado bajo reserva.
El expresidente Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), comentó en Twitter que lamenta que algunos ministros oculten información al presidente Luis Arce, en referencia a la fecha en que el coronel Illanes afirmó haber conocido el caso. Por su parte, el principal líder opositor Carlos Mesa, quien fue presidente entre 2003 y 2005, comentó en la misma red social que el enorme cargamento transportado en BoA muestra la penetración del narcotráfico en el gobierno y la complicidad institucional y política.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública de España informó el 30 de mayo que la Administración de Aduanas de Madrid había confiscado 478 kilos de cocaína boliviana en una bodega del aeropuerto de Madrid-Barajas. Aunque el decomiso ocurrió el 11 de febrero, no se hizo público en Bolivia hasta la difusión de dicho boletín.
Hasta ahora, se desconoce cómo se logró eludir los controles en el aeropuerto madrileño. El portavoz presidencial, Jorge Richter, declaró que el presidente ha ordenado una investigación exhaustiva del caso.
Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, después de Colombia y Perú. Aunque las autoridades niegan la existencia de grandes cárteles en el país, atribuyendo el tráfico a «emisarios», se han producido ajustes de cuentas y arrestos de miembros de las peligrosas organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho y PCC, que tienen ramificaciones en territorio boliviano.
En Bolivia, el cultivo de hasta 22,000 hectáreas de coca para consumo tradicional es legal, pero según estimaciones de organizaciones internacionales, la superficie cultivada ronda las 30,000 hectáreas. Además, las autoridades señalan que el país también sirve como ruta de tránsito para la cocaína peruana con destino a Brasil.