RICARDO RUIZ DE LA SERNA,
Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, ha publicado esta semana el informe TE-SAT. European Union Terrorism Situation And Trend Report 2023. En sus 94 páginas analiza el estado de las distintas formas de terrorismo que amenazan a los países de la Unión y anticipa algunas tendencias. En 2022, se perpetraron 16 atentados terroristas en el espacio europeo y otros 12 se impidieron o se frustraron. En siete Estados miembros se han cometido atentados y en algunos más se han realizado detenciones de personas sospechosas de actividades terroristas. Hubo cuatro víctimas mortales: dos a raíz de atentados yihadistas y otras dos como consecuencia de un atentado de extrema derecha. Catherine De Bolle, directora ejecutiva de Europol, resume así la situación explicando que «los Estados miembros continúan considerando al terrorismo yihadista como la amenaza terrorista más destacada para la Unión Europea a pesar de que el número de atentados terroristas yihadistas ha descendido en comparación con 2021 y 2020. La amenaza proveniente de terroristas solitarios de extrema derecha, radicalizados a través de internet, sigue siendo significativa. Los terroristas de extrema izquierda y anarquistas así como los extremistas violentos siguen constituyendo una amenaza a la seguridad ciudadana y la seguridad en general en la Unión Europea». El informe entra a analizar, también, las acciones de desinformación y propaganda tendentes a desestabilizar las sociedades europeas y las consecuencias que, sobre los sectores más radicales, puede tener la guerra de Ucrania.
Sin embargo, el informe no se queda sólo en el análisis de las amenazas que pueden resultar más conocidas para el lector, sino que introduce formas de terrorismo de las que tal vez se hable algo menos. Por ejemplo, el vinculado al «extremismo ambientalista«. Así, el informe señala que «en 2022 ha habido un claro repunte en el activismo medioambiental» y que «la línea divisoria entre el activismo medioambiental y el extremismo ambientalista es, a menudo, difusa, pero algunas narrativas de los activistas medioambientales pueden tener el potencial de incitar a la violencia a los extremistas». El informe señala que ha habido periodos alternos de mayor y menor actividad de estos grupos. Entre sus preocupaciones están «el cambio climático y los recursos de la tierra».
Europol señala que «en 2022, buena parte de las acciones de los activistas ambientales causó daños al patrimonio público y privado, así como alteraciones del orden público». El informe se refiere a acciones en «museos, donde los activistas se pegaban a objetos valiosos o los dañaban con líquidos. Cortaron calles en numerosas ciudades europeas docenas de veces pegándose al asfalto y causando enormes atascos». A algunos, la Agenda 2030 no les parece lo bastante radical o se impacientan por su aplicación.
Este tipo de acciones violentas sobre el patrimonio no son nuevas en Europa ni al otro lado del Atlántico. El FBI incluye en sus informes al «extremismo violento animalista o ambientalista» para referirse a quienes «tratan de erradicar o mitigar lo que consideran crueldad, daño o explotación de animales y/o lo que consideran explotación o destrucción de los recursos naturales y el medio ambiente». En su informe sobre terrorismo de octubre de 2022, la agencia federal considera que este tipo de extremismo «continuará alterando el funcionamiento de infraestructuras críticas» para causar un daño económico —una forma de «imponer un peaje» dice el informe— a las industrias. Continúa el FBI diciendo que «la mayor parte de la actividad extremista violenta en los últimos años se ha opuesto a los proyectos de infraestructuras de petróleo y gas natural, en especial a aquellos cercanos a hábitats percibidos como ecológicamente sensibles, así como a cursos de agua, donde los extremistas violentos se oponen principalmente a granjas a gran escala o a agricultura animal«.
Todo esto nos empieza a sonar en España y, como señala Europol, se está dando en más países de la Unión. La agencia europea vaticina en sus conclusiones sobre tendencias que «el extremismo ambientalista probablemente se propagará dentro de una Unión Europea afectada, directa o indirectamente, por el cambio climático. Dadas algunas coincidencias ya observadas entre las narrativas, los activistas ambientales podrían estar cada vez más influidos por mensajes extremistas violentos, en particular en los círculos de extrema izquierda y anarquistas. De forma parecida, los extremistas violentos podrían explotar e infiltrar las protestas ambientalistas para imponer sus propias agendas y podrían reclutar nuevos seguidores entre activistas con similares motivos de protesta en relación con el medio ambiente».
No debería subestimarse la importancia de este tipo de actividades ni su potencial desestabilizador. En toda la Unión Europea, la ideología ambientalista está condicionando decisiones políticas que resultan doblemente polémicas. Para los activistas más radicales, son insuficientes. Para miles de granjeros, campesinos y ganaderos, son destructivas. Las protestas contra la Ley del clima en Alemania, que a los activistas les parece laxa, y las manifestaciones de granjeros en los Países Bajos son las dos caras de una cuestión que hoy divide a la Unión.