Puede que el primer paso para solucionar un complicado problema político sea llamar a las cosas por su nombre. Dejar de hacer referencia a los difusos derechos de los “pueblos originarios”, evitar denominaciones capciosas como “organizaciones sociales” y decirles delincuentes a los piqueteros. Aunque es evidente que la mal llamada “protesta social” es mano de obra barata de la izquierda y el kirchnerismo, el periodismo argentino evita opinar sobre lo obvio. No hace falta más que llevar una cámara y un micrófono a cualquier “manifestante” para confirmar que la persona a duras penas sabe lo que está haciendo allí. Sin embargo, esto no lo hacen. Tampoco se animan a mencionar lo que la Constitución indica, por ejemplo, para liberar una ruta o una calle: la intervención de las fuerzas de seguridad. Pero no, por ahora, la palabra “represión” sigue siendo un tabú.
Nadie asegura que si los comunicadores comienzan a describir las cosas como son, el drama argentino pueda empezar a destrabarse. Pero sin dudas, sería un buen primer paso.
Las imágenes de la “represión” en Jujuy, que el kirchnerismo condena como un supuesto ataque al “pueblo”, revelan la verdadera naturaleza de los manifestantes y sus intenciones. Los referentes de la izquierda han mostrado proyectiles que nunca habían sido disparados y un teléfono celular grabó como una “docente” estrellaba su cabeza contra el vidrio de un patrullero, donde iba a ser detenida. Cuando las casualidades no logran registrar estas imágenes, la izquierda y el cristinismo hablan de los inocentes maestros reprimidos por los gobiernos “de derecha”.
Aunque el vandalismo que tuvo lugar en las últimas horas en Jujuy es claro como el agua, el oficialismo insiste con un relato imaginario para regar pólvora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque suene increíble, los sindicatos docentes entraron en una nueva huelga y los piqueteros porteños salieron a cortar las principales arterias del microcentro, como la avenida 9 de julio. Una vez más, el caos es total.
La precandidata presidencial opositora Patricia Bullrich aprovechó la situación para insistir con su promesa que, con ella, esto “se acaba”. Sin embargo, hace falta más claridad para abordar este problema, sobre todo a menos de dos meses de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, que comenzarán a escribir el destino político del país para las elecciones de octubre.
Si tiramos del hilo de la “protesta social” llegamos indefectiblemente a un único punto: grupos corporativos, que usan a los pobres como mano de obra barata, y que buscan recursos públicos para mantener sus mal llamadas “organizaciones”. Como tan claro es el asunto, tan clara es su solución.
La fallida experiencia de Cambiemos (2015-2019) confirmó -una vez más- que la problemática argentina no tiene margen para soluciones “gradualistas” o “dialoguistas”. O el problema se termina de raíz o seguimos donde estamos, pero cada vez más descapitalizados.
Tan importante como un revolucionario programa de reforma del Estado y la desregulación total de la economía es abordar este asunto desde el primer día. El próximo presidente, o presidenta, debe dirigirse a la ciudadanía el día de la asunción con un mensaje claro: las “organizaciones” dejarán de recibir recursos públicos y se utilizará la fuerza del Estado para liberar cualquier corte de calle o ruta. Los que pretendan mantener la extorsión, serán repelidos con todo el peso de la ley y tendrán que pagar sus consecuencias.
Claro que ese será el principio de la pulseada y ahí tendrá que tomar partida también el electorado. Incluso saliendo a la calle a respaldar a las instituciones si la situación lo amerita. Aunque una gran mayoría vaya en contra del kirchnerismo en las elecciones presidenciales, si los votantes piensan que su rol termina con el voto en la urna, se equivocan. Puede que el sufragio sea solamente el primer paso de un largo camino que debe comenzar a transitar la Argentina. Y para dirigirse en el camino correcto, puede que la gran mayoría deba manifestarse más allá que el día de las elecciones.