WASHINGTON.- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, alertó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la preocupante situación en Nicaragua, destacando la «erosión» de las libertades y el estado de derecho en el país centroamericano.
Al Nashif expresó su profunda preocupación por la persistente represión del régimen nicaragüense contra las voces críticas y la falta de espacio para el debate público abierto e inclusivo. Destacó que durante los meses de abril y mayo, las autoridades llevaron a cabo «oleadas» de detenciones arbitrarias contra defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y religiosos.
La Alta Comisionada informó que el 3 de mayo se produjeron al menos 63 detenciones arbitrarias, de las cuales 55 personas fueron acusadas de socavar la integridad nacional. Al Nashif ha recordado que estos cargos son utilizados frecuentemente para criminalizar a los opositores políticos y a los defensores de derechos humanos legítimos.
Además, Al Nashif señaló que se les ha prohibido la entrada a Nicaragua a seis ciudadanos nicaragüenses, y su oficina ha documentado obstáculos para obtener pasaportes por parte de familiares de personas que se oponen al régimen. Estas medidas han resultado en separaciones familiares y han afectado negativamente a más de 300 personas y sus familias, incluyendo la confiscación de bienes privados, pensiones y cuentas bancarias.
La Alta Comisionada resaltó también la cancelación de 119 organizaciones no gubernamentales y ocho universidades desde marzo. Asimismo, denunció la persecución contra la Iglesia Católica, mencionando el caso del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel por conspiración y desacato a la autoridad, entre otros cargos. Álvarez continúa sufriendo condiciones de detención que violan las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
Además, Al Nashif informó sobre la intimidación y el hostigamiento de sacerdotes y fieles por parte de la Policía de Nicaragua durante las celebraciones de Semana Santa, lo que llevó a la Iglesia católica a cancelar la mayoría de los actos por temor a represalias.
La Alta Comisionada hizo un llamado al régimen de Nicaragua para que revierta todas las medidas que erosionan el estado de derecho, el espacio cívico y los derechos humanos. También exigió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y el restablecimiento de su nacionalidad.
Asimismo, Al Nashif demandó el cese de la persecución contra la Iglesia católica y el restablecimiento de la personalidad jurídica de todas las asociaciones, medios de comunicación y universidades canceladas desde 2018. La comunidad internacional ha sido instada a tomar medidas concretas para presionar al gobierno nicaragüense a que respete los derechos fundamentales de su pueblo.