El sistema judicial brasileño ha puesto en marcha una serie de maniobras para sacar definitivamente del juego político al expresidente Jair Bolsonaro, líder indiscutible de la oposición, que ya ha manifestado su intención de volver a aspirar a la Presidencia. Fue así como este 27 de junio se realizó la segunda audiencia en su contra en las instalaciones del Tribunal Superior Electoral (TSE) en Brasilia.
El magistrado e instructor del caso, Benedito Gonçalves, se explayó en sus razones para responsabilizar al exmandatario por un supuesto “abuso de poder político e inadecuado uso de medios de comunicación” en el marco de las elecciones del año pasado. Gonçalves leyó un informe de sus argumentos con el cual apunta a inhabilitar al exjefe de Estado brasileño por ocho años a partir de un pedido inicial del Partido Laborista Democrático (PDT).
La solicitud en cuestión menciona una reunión en julio de 2022 convocada por Bolsonaro con embajadores de otros países “para atacar el sistema electoral y la actuación de algunos poderes de la República”. Lo que agrega el representante del Ministerio Público, el abogado Paulo Gonet Branco, es que al haberse transmitido por televisión y redes sociales se buscó masificar un mensaje de “desconfianza” sobre las elecciones y la futura “deslegitimación” de resultados. Al final de la jornada, el juez Benedito Gonçalves votó a favor de la inhabilitación y aún quedan pendientes los votos de los otros seis miembros del TSE en próximas sesiones.
“En otros tiempos esto no prosperaría”
El exmandatario tiene mucho que decir. De entrada rechaza la acusación y asevera que su objetivo para ese momento fue “proteger la democracia”. “¿Es justo retirar los derechos políticos de alguien por reunirse con embajadores? No es justo decir que se atacó a la democracia”, cuestionó durante un acto en la Asamblea regional de Sao Paulo.
Aparte de ese proceso, Bolsonaro enfrenta otras 15 acciones de investigación que también pueden derivar en su inhabilitación, lo que no solo demostraría la persecución política en Brasil a partir del inicio del mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, sino que evidencia cómo el sistema judicial está al servicio del fundador del Foro de Sao Paulo y hoy nuevamente presidente del gigante sudamericano. Por esa razón, Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del expresidente, pone en tela de juicio el proceso en el TSE.
“Vivimos tiempos extraños. Si no estuviéramos en tiempos extraños, esta acción del PDT fácilmente no prosperaría al tratar de inhabilitar a Jair Bolsonaro. Incluso esto no es bueno para la democracia. El presidente no tiene por qué volverse inelegible”, fueron sus palabras a Jovem Pam.
Archivan denuncia contra Lula
Poco a poco el gobierno izquierdista de Lula da Silva ha dejado ver sus intenciones de silenciar a la oposición. Este 27 de junio se trató de Jair Bolsonaro, pero días antes nominó a quien fue su abogado, Cristiano Zanin, como nuevo magistrado del Supremo Tribunal Federal. A eso se suma que el mismo día de la segunda audiencia contra el expresidente, la justicia de Brasil también decidió archivar una denuncia en su contra.
El asunto está en que Lula da Silva aseveró en mayo pasado que Bolsonaro es “propietario” de una mansión en California, Estados Unidos, valorada en 8,5 millones de reales (unos 1,7 millones de dólares). Lo dijo porque el portal Metrópoles había revelado que el teniente coronel Mauro Cid, poseía un patrimonio “millonario” que incluía dicho inmueble. Sin embargo, el presidente izquierdista indicó que en realidad pertenecía a su antecesor y ahí fue cuando Bolsonaro decidió demandar y solicitar una indemnización.
Pero el juez Giodano Resende Costa, del cuarto Juzgado Civil de Brasilia, decidió que el expresidente no tiene bases para su demanda. Según la agencia EFE, consideró que la denuncia “debería ser contra el Estado y no a título personal por Lula haberlo hecho durante un acto público”. Por ende, ordenó archivarla.
Mientras tanto, el magistrado Alexandre de Moraes informaba que el próximo 29 de junio proseguirán con las votaciones de sus colegas para decidir sobre la inhabilitación de Bolsonaro.