Jorge Buxadé,
Basta pasear por cualquier ciudad de España para ver la desolación de sus paseos y calles comerciales. El pequeño comercio ha sido abandonado por los gobiernos municipales, regionales y estatal. En realidad, el pequeño comercio ha sido arrasado por la competencia de grandes multinacionales, esencialmente de matriz tecnológica, y por una Administración que, desconociendo conscientemente la realidad, le ha seguido asfixiando a impuestos, a inspecciones, a tasas, a presión regulatoria, colocando al pequeño comercio en clara situación de imposibilidad de competir; imponiendo ridículas limitaciones a la libre circulación con el tema de las zonas de bajas emisiones, condenándoles a la subsistencia cuando no al cierre.
El pequeño comercio ha perdido casi 20.000 autónomos en un año según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). La subida de afiliados en junio es la más baja de la última década. La asfixia fiscal y normativa, junto a la competencia de las grandes plataformas, están entre las principales causas del declive del comercio tradicional.
La tasa de paro de la eurozona se situó el pasado mes de mayo en el 6,5%, en su nivel más bajo de toda la serie histórica, mientras que en el conjunto de la UE bajó una décima, hasta un mínimo histórico del 5,9%, según los datos publicados por Eurostat.
Entre los veintisiete Estados miembros, las mayores tasas de paro correspondieron a España, con un 12,7%; Grecia, con un 10,8%; e Italia, con un 7,6%; siendo un hecho que coincide con los tres países que reciben, hoy por hoy, una mayor presión por parte de los muñidores de los procesos de inmigración masiva y descontrolada. Por el contrario, las menores cifras de desempleo se observaron en República Checa, Polonia, y Malta. En el caso de España, la tasa de paro de juvenil fue del 28,4%, la más alta entre los Veintisiete, por delante de Grecia, e Italia.
Asimismo, la presión fiscal en España (proporción entre los ingresos tributarios y el PIB) se ha situado en máximos históricos en 2022, superando el 42% del PIB y, por lo tanto, por encima del promedio de la UE (41,7% con datos de 2021 que son los últimos disponibles). Un informe del Instituto de Estudios Económicos estima que la presión fiscal subirá en 2023 hasta el 42,3% del PIB debido a la introducción de nuevos tributos o la reforma de los existentes. Estas subidas de impuestos tienden a prolongar las crisis y ralentizan la vuelta al crecimiento y la senda de reducción de la deuda pública, dado que los ingresos tributarios se dedican casi exclusivamente al gasto ideológico, propaganda, y sostenimiento del bienestar de los políticos.
Podríamos seguir añadiendo índices y datos que reflejen la realidad de la economía española, estancada y asfixiada por las políticas del Gobierno de Sánchez; un Gobierno que, sin embargo, se ha limitado a llevar a su máxima expresión una negligente política económica consistente en ahogar la capacidad productiva de la Nación (derribo de centrales térmicas y de presas, cierre de nucleares, paralización de infraestructuras hidráulicas, ausencia de incentivos a la inversión y relocalización de empresas, creación de nuevos impuestos y subida de los existentes,…), desangrando a las clases medias y populares de España e hipotecando el futuro de los jóvenes.
Un elefantiásico Estado para el bienestar de los políticos, de miles de paniaguados y de un número desconocido en realidad —decenas de miles en todo caso— de personas que viven del erario después de haber entrado ilegalmente en territorio nacional, haciendo suyas las prestaciones y ayudas del sistema, sin responder a ningún principio de justicia.
La destrucción del pequeño comercio de barrio es especialmente grave. No sólo se trata de un sector que sostiene desde hace siglos a miles de familias en España. Además, el pequeño comercio dinamiza los barrios, crea lazos entre vecinos y comerciantes que no nacen en las relaciones comerciales electrónicas, y permite que el dinero se quede en el barrio o pueblo, favoreciendo el consumo, el ahorro y la inversión.
A los españoles, a todos, cada vez les cuesta más adquirir una vivienda. De promedio, más de 6 años tardarían en adquirirla si destinasen todo su sueldo a ello. Así, se hace imposible formar una familia, crecer, fijar población y riqueza al territorio. Los problemas son acuciantes; como acuciante es la presión regulatoria de las administraciones y las directivas comunitarias, que provocan un permanente encarecimiento de la vivienda, al tener secuestrado el suelo.
El problema, pues, de la economía nacional tiene varios factores.
Un elemento moral, como es la desconfianza e inseguridad de todos los españoles en las decisiones del gobierno y de las élites económicas. Una desconfianza que provoca incertidumbre, temor y falta de ilusión y afecta tanto al pequeño empresario, como al autónomo y al trabajador por cuenta ajena. Los españoles ven cómo la economía está en manos de fanáticos que aprueban leyes como las de Cambio Climático —sólo VOX votó en contra decididamente— que prohíben la exploración, investigación y explotación de recursos minerales, impidiendo el crecimiento y la creación de empleo, y colocando a nuestra economía en situación de dependencia.
Un elemento puramente económico como es el ahogamiento de las capacidades productivas, la sobrerregulación, la descapitalización de nuestras empresas o la falta de competitividad en muchos sectores merced a una política de dependencia al extranjero prolongada en décadas.
Un elemento o factor social que pesa como una losa en la economía nacional es un paro «forzoso» que se prolonga durante años; más la presión permanente de la llegada de inmigrantes ilegales, masiva, descontrolada, que colapsa nuestros sistemas de protección social, sanitaria y educativa.
Finalmente, un indiscutible factor político, como es la sumisión de los sucesivos gobiernos nacionales a las políticas globalistas impuestas desde fuera, como la ejecución sistemática de los objetivos de la Agenda 2030 que mutilan la capacidad de crecimiento de España con la excusa climática; la dependencia y chantaje permanente que se impone desde las comunidades autónomas, que rompen la unidad del mercado y crean desigualdad entre empresas y españoles; y la hiperinflación de un Estado que ya no es del bienestar sino del malgastar y despilfarrar.