La petición que hizo la Procuraduría brasileña a la Corte Suprema para que las plataformas como Twitter o las controladas por Meta, es decir, Instagram y Facebook, entreguen la lista de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaron en las redes sociales enciende las alarmas de la ciudadanía sobre un hecho que marca un claro precedente que se interpreta como una persecución a quienes comparten los ideales de uno de los mandatarios con mayor número de partidarios en la región.
El encargado de iniciar esta petición, la cual desemboca en una suerte de “cacería” en las redes sociales de alrededor de 70 millones de personas, es el viceprocurador general de la República, Carlos Frederico Santos y, a pesar de que desde su institutición se argumenta que esto no es persecución alguna, la realidad es que quienes apoyan no solo a Jair Bolsonaro, sino a la derecha en Brasil, hoy se sienten amenazados.
En una entrevista con PanAm Post, la periodista María Laura Assis advierte sobre la peligrosidad de esta táctica de rastreo implementada desde el Estado. Al respecto, indica que “Brasil hoy está sufriendo una grave persecución por parte del Poder Judicial. Todos los seguidores de Jair Bolsonaro están en reisgo de ser perseguidos, de tener una multa o hasta estar presos”.
A su vez, Assis explicó que la lupa estará puesta especialmente sobre las publicaciones del exmandatario sobre las urnas electrónicas, quienes pusieron likes y quienes comentaron. Esto, en su opinión, es un patrón de algo palpable en esta tierra suramericana: “A cada seguidor de infñuenciador de derecha lo terminan censurando y hasta amenazando (…) Ni China se animó a tanto”.
La comunicadora aprovechó esta oportunidad también para señalar que ahora que los tres poderes del Estado están en manos de la izquierda y, a su juicio, se ha criminalizado ser de derecha en Brasil, un relato que trasciende incluso sus fronteras. Cuando ella votó en las últimas elecciones presidenciales fue agredida físicamente en la embajada de Brasil en, Argentina junto a su hermana.
Aunque la Procuraduría insiste que la información que solicita no será para perseguir a quienes siguen a Bolsonaro, las recientes declaraciones de Lula Da Silva encienden nuevas alarmas. Dijo que hay que “extirpar” a los “neofascistas”, a penalizar a los “propagadores de odio”.
Además, ya hay precedentes. Durante el gobierno de Bolsonaro ya la justicia tenía el poder de apresar a periodistas e incluso le removió la inmunidad parlamentaria a un legislador por cuestionar al Supremo Tribunal Federal. Ahora, al perseguir a quienes siguen a Bolsonaro en redes, aplica incluso a personas políticamente inactivas e incluso viola la privacidad.