WASHINGTON — La acumulación de casos en las cortes migratorias ha sido un aliciente para aquellos migrantes que se desviven por entrar en Estados Unidos, conscientes de que, una vez dentro, podrán trabajar durante años sin ser deportados.
Los aproximadamente 650 jueces de inmigración arrastran un retraso de más de 2,4 millones de casos, según Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización de la Universidad de Syracuse.
«Nos enfrentamos a un volumen verdaderamente abrumador», afirmó David L. Neal, director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, del Departamento de Justicia estadounidense, durante un coloquio organizado esta semana por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI).
El año pasado se puso fin a 313.000 casos pero el Departamento de Seguridad Interior presentó 700.000 nuevos, «más del doble de lo que pudimos terminar», detalla.
Los solicitantes de asilo, que representan el 40% de la carga de trabajo de los tribunales, esperan una media de cuatro años para conseguir su primera vista judicial, asegura el MPI. Y muchos más en que se resuelva el caso.
Esto les abre una ventana para trabajar en el país, ahorrar y enviar dinero a sus familias.
«Está claro que el tiempo que se tarda ahora en superar el proceso judicial de inmigración se ha convertido en un importante factor de atracción que está impulsando la migración en toda la región», afirmó Blas Núñez-Neto, subsecretario interino de política fronteriza e inmigración en el Departamento de Seguridad Interior durante el foro.
«Justos» y «eficientes»
Los migrantes, muchos de ellos de América Latina, pagan a organizaciones de tráfico de personas hasta 15.000 dólares para llegar a la frontera.
Y lo hacen porque, según Núñez-Neto, «una vez que están en el sistema judicial de inmigración y han presentado la documentación necesaria pueden optar a la autorización de empleo».
De modo que «el sistema judicial se está convirtiendo esencialmente en la aproximación de una vía legal para que la gente venga a Estados Unidos», añade.
Otrora la mayoría de los migrantes eran mexicanos, de los cuales un número limitado pedía asilo, pero ahora proceden principalmente de otros países y muchos «buscan protección, aunque relativamente pocos» la obtienen, asegura Núñez-Neto.
¿Cómo descongestionar?
En un nuevo informe, el MPI hace una serie de recomendaciones para descongestionar los juzgados en espera de que el Congreso se ponga de acuerdo sobre una nueva legislación migratoria. La última se remonta a hace 36 años.
Propone por ejemplo dar por zanjados los casos que incumplan los criterios de la fiscalía, fomentar el uso de la tecnología, restablecer la figura del funcionario de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para que gestione los trámites en la frontera sin pasar por los jueces, así como agendar los nuevos expedientes según el principio «último en llegar, primero que se decide», enumera Muzaffar Chishti, investigador del MPI.
Pero Jojo Annobil, director del Cuerpo de Justicia de Inmigrantes (IJC por sus siglas en inglés), una organización que provee asistencia legal, lo critica porque «no puede ser un sistema en el que el último en llegar sea el primero en salir y se expulse y deporte a la gente sin representación» de un abogado.
David L. Neal aboga por un equilibrio que respete la doble obligación de «ser justos» y «eficientes».
Además, según Annobil, los retrasos se deben asimismo a otros factores, como el aplazamiento constante de las vistas y la obligación de actualizar las huellas dactilares de los solicitantes de asilo cada 15 meses.
El número de llegadas de migrantes a Estados Unidos no ha disminuido como dice el gobierno, pese a las nuevas reglas. En junio, la Patrulla Fronteriza registra más de 211,000 encuentros.
Y es que las nuevas normas restringen en la práctica el acceso al asilo, al obligar a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) o a tramitarlo en los países por los que transitan, por ejemplo acogiéndose a un permiso de reunificación familiar o a un programa que autoriza la entrada de 30.000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.
Varias asociaciones de defensa de los derechos civiles llevaron estas normas ante los tribunales, por considerarlas similares a las impulsadas por el expresidente republicano Donald Trump, conocido por aplicar mano dura en temas migratorios.
Las organizaciones proinmigración irregular buscan que la Justicia elimine las medidas de Biden.