Los fiscales generales de veinte estados de EEUU presentaron hoy una demanda contra el plan del Gobierno de Joe Biden de conceder 30.000 visados humanitarios mensuales a migrantes originarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, mediante parole; una iniciativa desesperada puesta en marcha desde inicios del 2023.
Subrayaron que con esta medida el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios.
La demanda está dirigida precisamente contra el DHS y su titular, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y el flujo migratorio.
En la denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de EEUU que ya están «sobrecargadas».
“La nueva solución de Biden a su crisis autocreada en la frontera es permitir que los inmigrantes ilegales viajen directamente al interior del país sin cruzar la frontera sur, en violación directa de la ley federal. Sus acciones ilegales no quedarán sin control, y seguiremos luchando en los tribunales para obligar a este presidente a seguir las leyes de inmigración de seguridad pública», dice el comunicado de la fiscal general de la Florida, Ashley Moody.
“En cambio, equivale a la creación de un nuevo programa de visas que permite que cientos de miles de extranjeros, que de otro modo no tendrían ninguna base para hacerlo, ingresen a los Estados Unidos. Esto burla, en lugar de seguir, las claras limitaciones impuestas por el Congreso”, dice el documento.
Los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming, firmaron el documento.
Los fiscales generales estatales han reaccionado así al anuncio de comienzos de este mes del Gobierno de Biden de aceptar a 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, ampliando así un programa que ya existía para los venezolanos desde octubre de 2022.
Entre los demandados aparecen Alejandro Mayorkas, secretario del DHS; Ur Jaddou, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS); Troy Miller, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); y Tae Johnson, director de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
«El poder del parole del DHS es excepcionalmente limitado, ya que ha sido restringido por el Congreso en múltiples ocasiones, y solo puede utilizarse solo en caso por caso por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo», señala el texto.
A pesar de las restricciones, los estados republicanos firmantes aducen que «el plan del DHS permite que extranjeros en sus países de origen puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no haya otra base legal para que ello».
Los reclamos fundamentales de la demanda como solicitud de reparación son:
Suspender, posponer o prohibir preliminarmente la implementación del programa de parole.
Tras un juicio sobre el asunto, se decrete que el programa de parole fue emitido en violación del debido proceso administrativo y, por lo tanto, debe anularse o, como alternativa, prohibir permanentemente que los demandados puedan implementarlo.
Declarar que el programa de parole excede la autoridad estatutaria de los demandados para emitirlo.
Conceder a los Estados Demandantes los honorarios de sus abogados y las costos judiciales.
Otorgar a los Estados demandantes todas las demás reparaciones a las que puedan tener derecho.
En su demanda, los fiscales argumentaron que ese plan perjudica a varios estados, como Texas, «que se gasta cantidades significativas de dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales, debido a las violaciones del Gobierno federal al rechazar aplicar la ley federal».
También pusieron el ejemplo de Florida, que, alertaron, «quedará perjudicada de forma irreparable» por este programa, porque ya gasta «recursos estatales significativos» para proporcionar servicios a los migrantes indocumentados que acoge.
A su juicio, el plan del Gobierno federal debería ser declarado ilegal porque con él los demandados han excedido su autoridad para conceder este tipo de visados, y, además, no han tenido en cuenta si existe la capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa una vez que se agote el permiso de dos años para estar en EE.UU, reseña DIARIO DE CUBA.