MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ,
En algunos casos es increíble la desfachatez con la que se impide la realización de elecciones al menos con un mínimo de validez.
Es bien sabido. La democracia electoral es frágil. La justicia de los procedimientos y de los resultados electorales depende de la voluntad de quienes detentan temporalmente el poder.
La lucha por establecer en las democracias sistemas electorales confiables se ha dado por mucho tiempo, y se han venido configurando órganos electorales independientes capaces de garantizar el conteo de los votos. También se han venido generando normas básicas de libertad de organización de partidos políticos, de participación libre de ciudadanos y partidos y de libertad de expresión y de prensa que permitan que se den comicios que expresen la voluntad ciudadana.
Pero siempre está en riesgo la vigencia de la democracia electoral ante las violaciones al límite de sus competencias que puedan ejecutar los gobernantes, o ante la irrupción ilegítima de otras fuerzas sociales.
Además, el estado de derecho necesario para que la democracia sea liberal y asegure un gobierno limitado es también frágil, y desdichadamente en las últimas décadas hemos sufrido que el estado de derecho sea destruido en algunas naciones y debilitado en otras por gobiernos electos popularmente.
En algunas ocasiones taimadamente gobernantes inescrupulosos tratan de impedir los verdaderos resultados de comicios mediante subterfugios o con fraudes electorales, procurando ocultar sus indebidas acciones.
El desparpajo para impedir el funcionamiento de la democracia ha sido característico de las autocracias comunistas como la de Cuba. Esos regímenes de partido único impiden de raíz el funcionamiento de la competencia entre partidos en los sufragios.
Pero los regímenes inicialmente electos por vías democráticas han tratado de camuflar sus violaciones a la democracia electoral.
Para ello empiezan atacando las instituciones del estado de derecho, especialmente la libertad de expresión y de prensa y la independencia del poder judicial, y con ello limitan las libertades públicas. En su ansia enfermiza por mantenerse en el poder aprueban por las buenas (reformas constitucionales) o por las malas (interpretaciones falsas del derecho a ser electos) reformas a las normas que impiden la reelección. Distorsionan y manipulan los comicios y presentan falsos resultados para alegar que han sido democráticamente reelectos.
Pero ahora se han quitado la careta.
Para las elecciones de 2021 la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo impidió la participación de tres partidos políticos y luego encarceló a siete precandidatos, a quienes mantuvo prisioneros por dos años con graves vejaciones a su integridad hasta que los expulsó del país, los declaró traidores a la patria y les arrebató la nacionalidad y sus bienes.
El régimen de Nicolás Maduro con vistas a los sufragios de 2024 inhabilita la participación de María Corina Machado, la precandidata que lidera las encuestas en la oposición. Ya estaban inhabilitados otros dos importantes líderes opositores Henrique Capriles y Leopoldo López.
En Guatemala para la reciente primera vuelta electoral se inhabilitó a dos de los candidatos de oposición con mayor apoyo y se trató reiteradamente de evitar la segunda ronda en que se coló un candidato que no es del agrado del grupo gobernante.
Contra tanta desfachatez debemos con fuerza levantar la voz y expresar nuestro repudio todos los gobiernos, organizaciones internacionales y personas defensores de la libertad y la democracia.