Los ataques armados e incendiarios de los mapuches radicalizados en la zona sur de Chile en contra la infraestructura estatal, empresa privada y comunidades de la Araucanía no pueden continuar sin calificarse ni penalizarse como terrorismo.
A horas de quemar una iglesia, una escuela, sede vecina y hospital en la localidad de Traiguén, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoce en La Tercera que la actual legislación impide perseguir como acciones terroristas hechos como estos de “manera eficaz”.
A su juicio, “Chile necesita una ley antiterrorista moderna, que confiera herramientas para combatir el terrorismo conforme a lo que una sociedad moderna y democrática demanda y eso implica avanzar sin complejos a contar con una ley antiterrorista que tenga esas características”.
Una ley con falencias
La Ley Antiterrorista actual, cuya aprobación data de 1984, requiere enmiendas para aumentar las penas, la tipificación del delito y la necesidad de probar un ánimo específico para lograr una condena. Si bien esta normativa ya no tiene la misma estructura que la versión originalmente aprobada bajo el número 18314 genera objeciones penales de fondo (problemas para definir los delitos terroristas) y procesales (al existir una serie de ventajas especiales para perseguir dichos delitos, debilitando el derecho a defensa).
Entre las falencias también destacan la serie de requisitos que se deben cumplir para poder calificar de “terrorista” la conducta. Para ello, debe comprobarse que el delito se cometió para producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de este tipo de delitos.
También se requiere evidencias de artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos.
La esperanza de Valencia es que los ataques mapuches se logren procesar con marcos similares a los de España o Italia que están sujetos a estrictos controles por la Corte Europea de derechos humanos.
No son delitos comunes
De acuerdo con el titular del Ministerio Público, existe unanimidad o una amplia mayoría que percibe como terrorista el accionar de las agrupaciones mapuches radicalizadas porque “quemar una iglesia o una escuela básica normalmente no son delitos comunes”.
El fiscal tiene muy claro quiénes están detrás de la destrucción en la Ruta R-50 que une Traiguén y Ercilla: la Resistencia Mapuche Malleco, una organización originaria sin sustento ni discurso político vinculada a terceros para la comisión de delitos como la sustracción de madera, tráfico de armas, tráfico de drogas y extorsiones.
“Son muy reactivos a las acciones que ha ido tomando la Fiscalía, a los resultados que hemos obtenido, y eso explica un poco la situación que se está produciendo” asegura el fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido. Se refiere a la detención y formalización de sus miembros, entre ellos, el werkén de comunidad Huañaco Millao, Matías Huentecol Huentecol, a finales de junio tras Carabineros incautarle un fusil de guerra con encargo por robo, dos rifles, diversa munición entre estas para caza mayor, marihuana elaborada, cocaína y plantas de cannabis sativa.
Un problema en ascenso
La seguidilla de ataques mapuches y de explosivos dejado en zonas urbanas del país, catapultó a Chile en la lista naciones donde el terrorismo empeora, así lo demuestra el informe del centro de estudios australiano Instituto de Economía y Paz (EIP).
Su ranking que ordena a 163 países según los efectos de la actividad terrorista ubica a Chile en la posición 17 en el Índice de Terrorismo Global (Global Terrorism Index) tras evaluar no sólo las muertes, sino también los incidentes, los rehenes y los heridos por esta causa.
Chile subió un puesto en comparación con el informe anterior y se mantiene como la segunda nación de Latinoamérica acechada, superada sólo por Colombia, que está en el puesto 15. Debajo de Chile está Perú, Venezuela, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Brasil.
Esa posición deriva de la contabilización de 1.170 ataques terroristas que resultaron en 20 muertes entre 2012 y 2022. Sin embargo, la mayor parte estos ataques y la mitad de las muertes, ocurrieron en los últimos dos años.
Ese escenario cambió. Ahora va en otra dirección, porque “se ha producido un recrudecimiento del conflicto entre los mapuches y el gobierno chileno en los últimos años, con 359 atentados atribuidos a extremistas mapuches desde 2020. La mayoría de estos ataques se han dirigido contra empresas activas en la región”, puntualizó el informe.