Nueva York, 8 ago (EFE).- El colombiano Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel” y considerado uno de los capos más peligrosos y buscados en el mundo, fue condenado este martes en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico, al considerarlo culpable de introducir varias toneladas de droga en EE.UU.
La jueza federal Dora Irizarry impuso así la condena que la Fiscalía había pedido a la magistrada pese a que el líder del violento Clan del Golfo, de 51 años, se declaró culpable el pasado enero en busca de beneficios penitenciarios, dando un giro a su declaración en un primer momento, cuando fue extraditado desde Colombia en mayo de 2022.
Irizarry, que dijo que este es el caso más grave (por las cantidades de droga) que ha tenido que tratar en su carrera, justificó su sentencia con el argumento de que la violencia que causó el Clan del Golfo impactó enormemente a Estados Unidos, dejando muchos muertos y mucha violencia “también entre niños y jóvenes”.
Otoniel, con el traje caqui de los presos y sin separarse de los auriculares con los que siguió la vista, pidió perdón en su última intervención al Gobierno de Estados Unidos, al de Colombia, a las víctimas causadas por el narcotráfico y a sus familiares “por todo” lo que hizo.
Adujo para justificarse que había “crecido en un ambiente de narcotráfico y violencia”, pero Irizarry le respondió que eso no servía como excusa porque también ella, de origen puertorriqueño, había crecido en El Bronx en un ambiente violento y de su barrio salió “mucha gente productiva”.
“No se puede tapar el sol con un dedo”, dijo en español para que Otoniel la entendiera.
Los abogados de Otoniel trataron de buscar una sentencia para él de 25 años alegando que otros narcotraficantes juzgados en Estados Unidos sin avenirse a colaborar con la Justicia habían conseguido sentencias más leves, pero la jueza cortó en seco esos argumentos respondiendo que los casos no tenían nada que ver dada la gravedad de los hechos juzgados en el caso de Otoniel.
Por último, los letrados del equipo de Otoniel solicitaron que, una vez pronunciada la sentencia, la jueza relaje las condiciones de confinamiento -solo ha podido ver a su equipo legal, insistieron, durante varios meses-, cuestión que Irizarry dirimiría durante una segunda parte.