Las bancadas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evópoli y el Partido Republicano, presentarán una segunda acusación constitucional en contra de Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social del gobierno del presidente Gabriel Boric. Le atribuyen “haber comprometido el honor de la nación, infringir la Constitución y haber dejado las leyes sin ejecución”, en la entrega directa de fondos públicos a fundaciones administradas por su partido Revolución Democrática (RD).
El próximo 14 de agosto, la oposición reunida en el Congreso chileno consignará el documento contra el ministro Jackson, el peor evaluado en las encuestas antes de conocerse el desembolso de, al menos 15 millones de dólares, a organizaciones aliadas del Ejecutivo y del robo de los computadores de su despacho ocurrido tras conocerse las irregulares transacciones a la fundación Democracia Viva a cargo de su tolda.
El jefe de la bancada republicana, Guillermo Ramírez, justifica la medida, porque “este Gobierno ha establecido el criterio ético más bajo desde el retorno a la democracia ante un acto de corrupción”. El parlamentario cree que el ministro Jackson debió abandonar el Gobierno, porque las fundaciones beneficiadas estaban dirigidas por militantes de su partido, Revolución Democrática.
Entre la destitución y la renuncia
Ramírez espera que el Gobierno prescinda de Jackson antes de la acusación, para no exponerlo a “una muerte política“. Sobre Boric recae esa decisión que dejaría fuera de su tren Ejecutivo a su aliado más entrañable o quizá en un rol de menos trasdencia, considerando que, luego de la derrota del plebiscito constitucional, lo removió del ministerio de la Secretaría de Presidencia al de Desarrollo Social.
Pensar en ello debe desestabilizarlo ―como mínimo― pero 56 % de los chilenos asocia al ministro con el escándalo, mientras que y 71% cree hay “actos de corrupción”. También está la opción de renuncia para el ministro Jackson, porque en caso de aprobarse la acusación estaría impedido para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Le corresponde sacar cuentas y evaluar su actual escenario, considerando que en enero superó su primera con 74 votos a favor, 72 en contra y 2 abstenciones, hay que recordar que se salvó por un voto al ser requeridos 75 respaldos, Además, en aquella ocasión no fue por corrupción, sino demoras en ejecución de recursos para la niñez, tierra y agua.
Ahora el panorama es otro y tiene encima las secuelas del denominado “JacksonGate”, otro escándalo donde aparece señalado por la excandidata a la gobernación de la Región Metropolitana de Santiago, Karina Oliva, –en investigación por fraude– como gestor financiamiento irregular para las primarias de Boric contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Un problema profundo
La segunda acusación constitucional contra Jackson no es el único problema que enfrenta el gobierno de Boric cuando el fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló que el Ministerio Público podría citarlo a declarar junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, como parte de la investigación de eventuales delitos de corrupción en el traspasos de fondos públicos de forma directa a fundaciones aliadas del gobierno.
“No descartamos la citación de ningún ministro de Estado, de ninguna autoridad pública, que de un modo u otro pueda tener información útil para el esclarecimiento de los hechos, de ninguna. Pero esas citaciones las vamos a practicar no a través de la prensa, sino directamente conforme a los canales formales cuando sea el caso”, dijo el persecutor.
Las razones son obvias. “Es de interés para la investigación el saber cómo se gestó la posible disponibilidad de fondos en la forma en como fueron girados para financiar estas fundaciones. Todas las personas incluidos los ministros están obligados a comparecer ante la justicia, ya sea ante la fiscalía o tribunales para efectos de transmitir todo lo que saben y que pueda ser de utilidad para la investigación. Están todos ellos obligados, por ley, nadie está en Chile por sobre la ley”.
Un palacio inquieto
Ya las diez fiscalías regionales que manejan las pesquisas definieron un protocolo para procesar la información recolectada que implica emitir reportes periódicos de los estados de avance, hallazgos y diligencias agendadas a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional dirigida por Eugenio Campos, el encargo de dirigir las citaciones a declarar, informes periciales, solicitudes de documentación, incautaciones.
Las palabras del fiscal inquietan a La Moneda, donde puertas adentro estiman que si alguna autoridad termina imputada definirán una línea narrativa si lo provocó una querella directa en su contra o porque el fiscal a cargo se formó una convicción respecto de eventuales responsabilidades penales.
Según La Tercera, en el gobierno también hay preocupación ante una posible avalancha de querellas dirigidas para forzar la condición de imputados de algunas autoridades.